La Suprema Corte de Justicia ha tenido, desde su instauración y durante toda nuestra historia republicana, hasta el año 2010, fecha en que nuestra constitución fuera objeto de la más profunda reforma, la última palabra sobre el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y de cualquier acto oficial que pudiere serle contrario.
Regularmente cuando el Congreso Nacional se ha avocado a conocer sobre algún proceso de reforma a la ley de leyes, habiéndose abordado el tema sobre el control difuso de la constitucionalidad, ha sido el organismo rector de la justicia nacional, el que ha quedado facultado con tales atribuciones, bien para conocer de manera exclusiva de las acciones que lleven a evaluar la legitimidad de lo abordado ora por vía directa ora como incidente procesal, que es lo que comúnmente se conoce como recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción.
En el año 1970 y más acentuado en el 1971, hubo una especie de dinámica social que auspiciaba el convencimiento teórico sobre la necesidad de la conformación entre nosotros de un tribunal de garantías constitucionales, pronunciándose el organismo superior del poder judicial nuestro en abierta oposición a tales pretensiones.
De manera que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Manuel Ramón Ruiz Tejada, al referirse al tema en su discurso pronunciado para la apertura de los tribunales en el año 1972, éste dio su parecer en el sentido siguiente:
“Seria inconcebible una superestructura sobre cualquiera de cada uno de los tres poderes del Estado, Un tribunal de Garantías Constitucionales vendría a ser especialmente dentro de nuestra organización institucional, algo así como una superestructura sobre el Poder Judicial.”
Indicaba además, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, que: “…el propósito perseguido podía lograrse, sin necesidad de tal creación… si se aprovechan las reformas constitucionales y legales para ampliar en cuanto sea dable hacerlo, las facultades y radios de acción de la Suprema Corte de Justicia. A fin de que pueda funcionar con toda la fuerza y la rapidez necesaria en los casos en que se trate de amparar por vías legales, los derechos y las prerrogativas que conceda a la persona humana nuestra constitución.”
No menos decidida ha sido la reacción del actual honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Subero Isa, quien desde el inicio mismo del proceso de reforma constitucional, al referirse al tema, ha dicho que:
“La creación de un tribunal constitucional entre nosotros va a ocasionar un “desorden institucional”, y va a poner en “peligro la gobernabilidad”, la “seguridad jurídica” y la “convivencia pacífica”. (El Caribe, 19 de enero de 2011)
No obstante el sentimiento opositor que generó en la persona del Dr. Jorge Subero Isa, la creación del Tribunal Constitucional, tras el reciente proceso de reforma constitucional a la que se avocó el país, no pudo evitarse su conformación, en lo adelante debe haber una actitud más tolerante, este institutio debe contar con el respaldo de todos los dominicanos, no debe continuarse con los postulados de efervescencia contradictoria sobre esta instancia.
No hay que ser un oráculo para prever que este nuevo tribunal traerá por varias razones muchísimos desasosiegos a toda la comunidad nacional, debido a que como será un tribunal de corte meramente político, como órgano exento al poder judicial, será un instrumento a ser utilizado por los poderes fácticos y económicos para lograr fruto de las venalidades de sus integrantes, sus propios provechos circunstanciales. El adocenamiento de los miembros que lo compondrán, ya es un hecho, así se ha estado observando con los movimientos que desde el Poder Ejecutivo se han estado promoviendo, entre otros, tras la intención de lograr decisiones que posibiliten sin mayores estragos, la reelección presidencial.
De todos modos, ahora que a la agenda política le urge la aprobación de la ley que reglamentaría el Tribunal Constitucional que cursa por ante el Congreso Nacional, no deben, ciertamente dejar de escuchar las voces del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como se ha hecho en el pasado, en el sentido de la competencia de atribución que le será finalmente concedida a esta novedosa instancia constitucional; deben los actores que patrocinan su conformación, prestar especial atención para que luego no sea este mismo tribunal el que preñe de aun más sinsabores al ya muy desprestigiado Poder Judicial.
Salomón Ureña Beltre.
Abogado.
salomonbelre@me.com
0 comments:
Publicar un comentario