La AMET no está facultada para Acometer esa barbaridad!!

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Hemos leído con cierta preocupación en la prensa nacional una declaración que da cuenta de que la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) se apresta, con el respaldo del Ministerio Público, a vender los vehículos incautados por causa de violación de la Ley 241 sobre Transito de Vehículo de Motor, mismos que no sean retirados dentro de cierto tiempo de los centros de retenciones por sus legítimos propietarios.

Vamos a interpretar que aquella no es sino una sorna mediante la cual se le pretende medir el nivel de alerta a la ciudadania, y que no existe, por supuesto, ninguna seriedad en tan barbara especie.

Y sí, deben saber las autoridades que los dominicanos estamos preparados para saber enjuiciar y canalizar las respuestas que deben dárseles a los tremendismos en que suelen incurrir algunos advenedizos que llegando a posiciones públicas sin méritos de ninguna naturaleza osan crear mecanismos recaudatorios con los cuales se vulneran los derechos sustanciales de las personas.

Muchas veces desconocen quienes ascienden a los órganos de dirección pública que la sutilidad de su accionar es tan vasta delicada que por ligera que sea una decisión, la misma puede afectar a toda o parte de la colectividad, y que tales perjuicios producen contra quienes las causen, serios grados de responsabilidad a nivel personal, por lo que antes de aplicar cualquier iniciativa, esta debe ser sometida a los procesos de depuración ante los diversos canales que acuerdan las leyes de la República que determinen su viabilidad.

Todas las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar sometidas al principio de legalidad, mismo que está amparado para su verificación por las diversas instancias que se han erigido para hacer del nuestro un verdadero estado de derecho, donde reine su tutela efectiva como a la sazón lo es el derecho de propiedad que, en caso de que se semejante despropósito pueda tener algún mérito de verdad, quedaría maniatado.

Que no olvide la AMET que el derecho de propiedad es de absoluta disposición de su titular, que solo a éste le corresponde disponer sobre su enajenación, y que la única restricción que le pueda afectar es la que expresamente establece la ley. Que deben los órganos públicos, en tal virtud, antes de atentar contra su integridad, como se pretende con tal descabellada propuesta, velar hacerlo bajo los cánones legales. 

En todo caso la facultad para la venta de los vehículos, una vez incautados por causa de violación de la Ley 241, y que su propietario no lo reclame dentro de los plazos establecidos por la Ley, que son 60 días a partir de su retención, facultad que le es atribuida exclusivamente a los ayuntamientos de la localidad donde ha sido incautado, pero esto nunca lo hará la AMET. Tal guisa adjetiva proviene de la interpretación a la letra de los artículos 27 y 28, respectivamente de la antes señalada Ley.

Aseguramos que ninguna disposición legal en nuestro país le atribuye la facultad que acaricia tener la AMET para supuestamente vender los vehículos incautados bajo las condiciones anunciadas.

Con lanzarse esta entidad con semejante disposición arremete contra todo el orden jurídico establecido, y no dejamos de recordarle a su titular, que tanto él como todo aquel que aliente la ocurrencia de tal despropósito, sin importar el rango o influencia que ostente en el Estado será sujeto de enjuiciamiento en el futuro, cuyo encauzamiento podrá ser patrocinado por los que resulten víctima de despótica e improcedente medida.

La desfachatez de la inexplicable disposición comentada trasciende al colmo cuando es la misma AMET la que se encarga de imponerle todas trabas al contribuyente cuando este gestiona retirar su vehículo incautado por causa de violación a las leyes de tránsito. Podríamos imaginarnos como aumentarían las olas de atropellos contra los ciudadanos en caso de que fluya tal sórdido proyecto.

Lo peor de esta epopeya lírica es que su gestación ha tenido como complice al ministerio público, el que de ser cierta la especie, volvería a agraviar con proceder inesperado a los ciudadanos que se merecen mejores actuaciones de estos auxiliares de la justicia y del derecho.


Salomón Ureña (W.A.).

Abogado.

Las Huelgas Médicas: Ocioso y Cruel Método de Lucha.

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“Algunos hacen en grupo cosas que a solas jamás harían”.
Abraham Lincoln.

No hay que ser oráculo para tener visión premonitoria de que Waldo Ariel Suero, actual presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), para concretizar las reinvindicaciones que aspira para el sector que gestiona, reducirá su mandato en la dirección de este importante órgano a aplicar el único método de lucha que ha demostrado conocer, y el que al parecer, les encanta a los médicos dominicanos, como lo es el recurso de la huelga, a través de las cuales los médicos diseñan la reducción al máximo de las atenciones en los hospitales públicos y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

A sabiendas de que los complejos y largos anales de la pobreza en nuestro país se reducen a la insensibilidad de las autoridades competentes, lo que la lleva a distraerse de los problemas más agobiantes; oportuno es que los médicos identifiquen mecanismos alternativos de luchas que ataquen de frente la inacción de los funcionarios que tienen a su cargo asumir con mayor responsabilidad el diseño de las políticas públicas de sus respectivas carteras, de manera que sean coherentes con los tiempos que corren y que no se desdeñen por el simple paso del tiempo, ladeando las consecuencias que contra los más pobres resultan los odiosos y anquilosados métodos sustentados en la paralización de los servicios, que como el de la salud, requiere la comunidad.

Promover acciones que hagan de conocimiento público el hecho de que todos los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, incluyendo a nuestros por siempre flamantes legisladores, los que además de las bondades que disfrutan en alimentos, vestimentas, vehículos, exoneraciones, seguridad y otras bondades, lo que implica destinar un astronómico presupuesto de nuestros recurso a estos fines, pues que también se agencian y benefician de super atractivos planes de seguros de salud internacionales con contrapartidas locales de los mejores centros hospitalarios del sector privado, igualmente pagados con los recursos públicos, de modo que estos planes médicos sean desmontados, a partir de lo cual veremos como estos comenzarán a trazar las directrices que mejoren la calidad de la salud pública en nuestro país.

¿Habría un mejor método para forzar a los autoridades competentes a responder a las aspiraciones de los médicos, que éstos vean amenazadas las ventajas de que gozan tan por encima de la mayoría de la población nacional, y así lograr, como aspira el (CMD), que se le destine por ley, el 5% del presupuesto general de la nación al sector salud, así como la contratación de un mayor personal en los diferentes hospitales públicos, mejora de los salarios, lograr la construcción y reparación de las instalaciones físicas de los hospitales, etc?

Somos conscientes de que no debemos tirar el dardo de este parto exclusivamente a los funcionarios competentes del Estado, sabemos que debemos ser responsables y endilgarle a los propios médicos, la cuota de responsabilidad que tienen sobre el escalofriante panorama que experimenta nuestra salud pública. Y es que al parecer, los médicos han olvidado, y no sabemos si es que las facultades universitarias que los instruyen están tan ocupadas atendiendo a su formación en los aspectos de gerencia económica en preferencia a la humanista y solidaria de sus egresados, porque no es verdad que en nombre del Juramento Hipocrático, si se conociere, se pudieran estar cometiendo tantas barbaridades contra aquellos que imploran beneficiarse, sin interrupción, por lo menos de la índole provocada, de la prestación de los servicios de estos facultativos. 

Por cierto, es de verdad qué los centros médicos privados ofrecen mejores condiciones de trabajo a los médicos que los ofrecidos por el sistema de salud estatal? Por qué no aprovecha Waldo Ariel Suero la oportunidad y promueve sus luchas ante los centros de medicina privada, bajo los mismos mecanismos utilizados en los hospitales públicos? Aquí como toma sentido aquello que reza: Puerco no se rasca en javilla…

¿Cuándo es que los médicos dominicanos entenderán que sus horrendos métodos de luchas por mejores condiciones laborales, basados en la huelga, por no alcanzar a aquellos que tienen en sus manos el poder de decidir sobre sus exigencias, jamás serán efectivos…?

La falta de visión y de moderación, así como la incompetencia de parte de los actores del sistema integrado por los médicos, y las autoridades del sector salud, son las únicas razones que nos pueden hacer comprender porque existen tantas necesidades insatisfechas en un renglón tan importante como el de la salud pública en Quisqueya.

La ausencia de creatividad de la actual directiva del Colegio Médico Dominicano es lo que impide que se identifiquen métodos de luchas más efectivos que obliguen a las autoridades gubernamentales a desprenderse de su acostumbrada resistencia a los cambios y reinvindicaciones que con justeza reclaman organizaciones sociales tan meritorias como el (CMD).


Salomón Ureña (W.A.).

Abogado.

2016, Año de Fomento de la Vivienda

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Con gran agrado y hasta júbilo entre uno y otros sectores de la vida social y económica de la nación se ha recibido la designación del 2016 como el: “Año de Fomento de la Vivienda” que ha hecho el Poder Ejecutivo mediante el Decreto número 389-15.

Con un deficit habitacional muy por encima del millón de unidades, el Ejecutivo no se arredra a las circunstancias económicas que se proyectan nos afectarán, y no obstante se coloca a la altura de las necesidades imperiosas nacionales, y justo encara una de las más criticas causas que acentúan la pobreza en nuestro país, y con todo el afán de superar las expectativas se dispone a perfeccionar los objetivos de su mandato dejando una importante obra concretizada como es dotar de una vivienda a los dominicanos de menos ingresos.

Basta notar que el mayor número de faltas de viviendas se centra en la clase pobre y media baja, para confiar que el propósito del gobierno central, en esta ocasión, está muy bien definido y muestra la muy buena intención del gabinete que acompaña al presidente Medina, al entender que debe enfrentarse un flanco que de verdad ameritaba desde los tiempos de Joaquín Balaguer una mayor concentración y energía de los recursos del Estado.

La clase media alta, y rica no tiene ninguna dificultad en este sentido, solo hay que darse una vueltecita por el polígono central y la periferia exclusiva de nuestros centros urbanos para observar como sobreabundan las altas torres, y la construcción de urbanizaciones y residenciales de lujos, mismo que tardan hasta años para ser ocupados debido a la saturación de su oferta versus la demanda.

Por tiempo inmemoriales, a la mayoría de los dominicanos se les ha negado el acceso a tener una vivienda debido a que las políticas que ha adoptado el Estado en este sentido nunca han llegado a serles propicias o simplemente favorables, pero que gracias a la iniciativa como la comentada, podrán éstos, por fin, acceder a sus ventajas. No luenga advertir que la primera parte de este párrafo contradice severamente los mandatos de nuestras últimas ediciones constitucionales las que no han dejado de prever como un derecho consustancial a cada dominicano: “tener acceso a una vivienda digna”.

Una vez implementada en toda su extensión la disposición comentada, logrará se engrasen los piñones de las maquinarias y las calderas industriales, lo que va a dinamizar los sectores del acero, del cemento, el comercio, servicios y mantenimientos, y aumentará la cantidad y calidad del empleo, y ni hablar de las ventajas que obtendrá el sector financiero. En este sentido aflora la implementación del nuevo sistema de valoración de la calidad crediticia de los ciudadanos con el bono-inicio, el que auspiciado por el Poder Ejecutivo, mostrará su cara más humana, mediante el cual se le facilitará a la familia dominicana acceder sin mayores exigencias a la posibilidad de adentrarse al mundo del crédito bancario para vivienda con el aporte significativo de un bono de parte del Estado en el inicial de la vivienda aspirada.

Con 25 mil viviendas que están en proceso de construcción, en el más ambicioso proyecto habitacional jamás pensado en nuestro país como lo es la “Ciudad Juan Bosch” en el municipio Santo Domingo Este, de las que más de la mitad se tiene la certeza serán inauguradas en este mismo año, adicional a otros proyectos no menos importantes tales como: Las Barquitas, El Ríito, en La Vega, se asegura el presidente Medina que, a final del año 2016, en el que espera lograr su repostulación, habrá logrado palear de manera muy significativa el déficit habitacional en República Dominicana.


Salomón Ureña (W.A.).
Abogado.

Wamcho’s Father.

01/08/2016