"Desde el Espejo" de Wendy Martinez

Sentimos que la vida nos sonríe cada vez que logramos alcanzar las metas que nos proponemos, lo que entendemos es reconocimiento al sacrificio hecho, transformándose este en un sentimiento que reproduce la mayor satisfacción que pueda registrar todo ser humano.

Así nos hemos sentido en ocasión de participar el pasado día jueves 25 de noviembre del 2010, cuando asistimos al auditorium de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a la puesta en circulación de la obra “Desde el Espejo” de la autoría de nuestra por siempre y hasta siempre admirada compañera de clases de universidad, la muy ejemplar mujer y magistrada de la nación, la licenciada Wendy S. Martínez Mejía.

Cuánta euforia se despliega en nuestro ser al experimentar como Wendy se reitera excelente vate, domadora de las palabras hasta llevarlas a expresar con exquisita finura, galantes, belleza y ternura, la excelsitud de la mujer, y allí resaltar por demás, su entereza y gran valentía, dejando traducir su ineluctable dignidad, elevando al más alto nivel el sentido de la retórica para expresar los sentimientos que irradia producto de su sensibilidad social y humana.

Ella que goza de una recia formación familiar, madre de reciedumbre y amiga sin igual, nos preña de una dulzura sin parangón al dejarse ver en su más elemental sencillez en cada uno de los versos en que supo componer a “Desde el espejo”.

Notar como la vida de esta mujer se refleja “Desde el espejo”, es valorar en una mejor dimensión, entre otro, del espectáculo amatorio, la entrega sin reservas,  la expectación de lo divino.

Wendy que siempre demostró por las dotes formativas y por la templanza que la han caracterizado, por su inigualable inteligencia, la que se constituye como de las más prístina por nos nunca conocida, que al dar a la luz una obra literaria, lo haría para llenar todas las expectativas; y en efecto, lo ha logrado, haciéndolo de una manera que ha fecundado en las palabras y como con ellas, traducido sus más nobles y profundos sentimientos, dejándonos “boquiaviertos” en la medida que avanzamos en la lectura de “Desde el Espejo”.

A la autora la respaldan las experiencias acumuladas fruto de su larga trayectoria en la judicatura nacional, las cuales le han proporcionado algunas de las materias primas necesarias para producir su más reciente obra; ella se ha refugiado además, según se observa, en la grata experiencia vivida por si misma, logrando con ello cosechar un producto poético que viene a engalanar la literatura nacional.

Es incuestionable el hecho que la magia sentimental envuelve a la autora, la somete a principios terrenales por el cual transitamos todos aquellos que de alguna manera nos gusta congraciarnos en la plenitud del buen vivir, ella nos lleva a recordar, cuando no, a ser parte de la dulzura y del placer al cual nos conduce el más noble de todos los sentimientos -el amor-.

Nos complace haber formado parte del público que allí se dio presencia, de saber que desde las entrañas de nuestra dilecta amiga se ha parido un nuevo y eterno hijo, el que habrá de ser el conducto a través del cual, la autora reproduzca muchos otros descendientes literarios.

Auguramos éxitos y reconocimientos importantes a la obra y a la hoy ya poetiza nacional Wendy Martínez Mejía.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

La Educación en la República Dominicana.

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La exclusión de los seres humanos por cualquier causa de discriminación, está impedida por mandato imperativo de las leyes que nos gobiernan, sin embargo, la realidad no está acorde con los postulados normativos que rigen nuestra sociedad.

Los estamentos estructurales bajo los cuales opera el sistema están estrechamente ligados a cierta cantidad de poder, prestigios o privilegios. Son los denominados estratos sociales, los que a su vez se constituyen bajo el sustento de la instrucción educativa a que tienen acceso sus entes.

En nuestra vida republicana, los dominicanos hemos tenido gobiernos de muy diversas modalidades, coexistiendo entre ellos una corriente de similar comportamiento que evidencia una muy marcada falta de interés para destinar los recursos que requiere la sociedad para ser invertidos en la formación educativa de sus integrantes.

Es una verdad de perogrullo que son excepcionales las muestras lustrosas que ha originado la educación estatal nuestra, los entes que han sobresalido provenientes del sistema de educación formal, no le deben a este haberse destacado, en la mayoría de los casos, es atribuible al esfuerzo individual cualquier laudo merecido.

En la conciencia de muchos se insta a analizar sobre qué sería de este nuestros país si hubiere una política donde prime el cuidado por la educación, cuán avanzados estuviéramos en las diversas áreas de las que hoy adolecemos serias precariedades, y cuántos otros aportes adicionales estuviéramos haciendo a nivel internacional con representantes de la valía, por ejemplo, de lo que fuera nuestro Pedro Henríquez Ureña.

Los más importantes acontecimientos históricos de nuestro país han estado promovidos y protagonizados por ciudadanos que han sustentado en la educación el amor a la patria, de esta manera, quién no pronto se avecina a reconocer que las etapas donde ha habido entre nosotros mayor desarrollo y crecimiento en diversos ordenes, ha ocurrido cuando hemos sido gobernados por aquellos que han tenido una cierta cuidada educación.

De igual manera, son muchos los frenos que se han impuestos algunos gobernantes, gracias a las incidencias de gobernados que por su formación educativa no han tolerado la incursión descabellada del poder en asuntos indebidos.

De hecho, por la formación educativa y la gran sensibilidad humana que logró Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, se pudo airear el movimiento independentista que atrajo lo que hoy conocemos como República Dominicana.

Nuestra independencia nacional se apoyó en los esfuerzos realizados por hombres y mujeres que afianzaron en la educación sus temperamentos. Así quedó conformada la sociedad secreta La Trinitaria, la que además de estar conformada en mayor parte, por verdaderos intelectuales, esta fundamentó en los recursos que la intelectualidad proporcionaba todo su accionar, ejemplo de ello lo observamos en las actividades teatrales que se escenificaban con el propósito de enviar de manera soterrada los mensajes independentistas a la colectividad.

Salomón Ureña B E L T R E.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

Tribunal Competente para Conocer Demanda de Divorcio entre Extranjeros

Un matrimonio constituido por esposos extranjeros sin residencia establecida en nuestro país que desee realizar en la República Dominicana, la disolución de su vínculo matrimonial, debe hacerlo por mutuo consentimiento.

Las leyes nacionales facultan a nuestros tribunales a instruir todo procedimiento no contencioso de divorcio incoado por pareja de esposo de nacionalidad y domicilio extraño al nuestro,  pudiendo estos tribunales evacuar sentencias que les sean oponibles a los conjugues, pero para ello, se hace necesario que dichas instancias jurisdiccionales reciban previamente la competencia, la cual le puede ser derivada por el simple consentimiento de los esposos expresado en las estipulaciones y convenciones acordadas ante notario.

Es pues improcedente que cualquier tribunal nacional se avoque a conocer de una demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres sin antes dicha instancia haya verificado que el demandado tenga domicilio conocido en la República Dominicana, durante la existencia del referido vinculo matrimonial, por lo menos.

Nuestras leyes de procedimientos demarcan de manera estricta el ámbito de competencia para que nuestros tribunales conozcan de los asuntos relacionados con las demandas de divorcios, bien que haya o no involucrado un nacional dominicano ora que ambos sean extranjeros.

No existe casuística posible que viabilice apoderamiento de nuestras jurisdicciones de derecho común para conocer de una demanda de divorcio, cuando el mismo lo es contencioso, sin que el esposo demandado haya por lo menos atribuido competencia a los tribunales nacionales. Esto es para el caso en que ambos conjugues sean extranjeros.

De manera que si no existen las condiciones mínimas de apoderamiento, nuestros tribunales resultarían absolutamente incompetentes para conocer de toda demanda de divorcio de un matrimonio conformado por esposos de nacionalidad extranjera.

Nuestra jurisprudencia ha reiterado en numerosas ocasiones que las reglas de competencia, comportan un carácter de orden público, lo que implica que las mismas no pueden ser derogadas por los intereses privados.

La competencia territorial está determinada por el domicilio del demandado, B.J. Sentencia No. 18, 12 de febrero del 2004.

El esposo contra quien se haya pronunciado un divorcio habiéndose apoderado una jurisdicción incompetente, disfruta, en nuestro país de un plazo de dos años a partir del pronunciamiento de la misma para demandar la  nulidad del procedimiento que la motivó.

El celo que guardan las leyes nacionales al respecto no es exclusiva de nuestra legislación, de acuerdo a   disposiciones de procedimientos de otros países como es el caso de Bolivia, su Código de Familia prescribe en su artículo 387 que: “los únicos que están facultados para conocer y dictaminar sobre casos de divorcio son los Jueces de Familia del último lugar de domicilio de la pareja, o del último lugar de domicilio del demandado. Nadie más puede expedirse en esta causa”.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.
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salomonbeltre@gmail.com

Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

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El ex presidente de la República, el fallecido Doctor Joaquín Balaguer en el año 1990, hubo de tomar las riendas del sector eléctrico auto proclamándose como presidente del Consejo de Directores de la ex Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), hoy Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), composición estructural administrativa que aún rige el escenario gerencial de esta entidad.

En aquella ocasión eran tantas las quejas que se recogían desde la ciudadanía por las constantes olas de apagones en que vivía sumido el país, que el presidente Balaguer encabezó una estela de transformaciones en el sector eléctrico, en donde además de jefe del Estado, hubo de embalarse como presidente de la CDE, lo que equivaldría a que sería él quien personalmente ejecutaría todo lo que fuera necesario para lograr sacar del estado de envilecimiento en el que habían enfrascado los actores del sistema al sector eléctrico nacional.

El actual presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, a sabiendas de la importancia que reviste este recurso para el desarrollo nacional, asumió como uno de los principales retos de su obra de gobierno, la solución de la crisis energética, y en su discurso de juramentación en el año 2008, anunció y proclamó ante el Congreso Nacional, la solución definitiva a este mal que coarta el crecimiento económico de la sociedad, fijando para el año 2012, la fecha en la que debería quedar resuelta definitivamente la problemática energética del país.

Los administradores de la hoy Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) durante los gobiernos del Dr. Leonel Fernández, no han sido capaces de darle la solución a la que se aspirada en el sector eléctrico, lo que conllevó se realizaran cambios importantes en su dirección, por lo que el presidente Fernández se vio compelido a acudir a otros ciertos remedios, ello lo condujo a tomar la decisión de auxiliarse del sector privado y allí requerir al gerente que se encargara de enfrentar con carácter más decidido esta problemática.

De tal manera recayó en la persona del Licenciado Celso Marranzini, la obligación asignada, y en tal virtud fue nombrado como vicepresidente del Consejo de Directores de la CDEEE, evidenciándose que desde el gobierno había clara intención de despolitizar al menos en las áreas de ejecución administrativa, la dirección de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), un paso este que cobró gran importancia, ya que desde el sector privado, que es el que representa su actual titular, se estarían considerando y disponiendo de todas las medidas y propuestas que este entiende deben ponerse en práctica para la mejoría del sector eléctrico.

No obstante, la crisis de la CDEEE ha seguido agravándose, siendo diversas las causas que la producen, tales como los fraudes constantes de energía, de ricos y pobres, los que provocan pérdidas de millones de dólares al Estado, la existencia de contratos que desdeñan el patrimonio de esta institución y del país, así como por la operatividad bajo un sistema de producción y distribución de energía totalmente obsoleta, así como la existencia de grupos de inescrupulosos que han operado desde su interior contrario a todo interés de esta institución.

La manera en que se han manejado ciertos temas vividos por la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), tales como los referentes a la HidroQuebec, Cogentric, Autopista Eléctrica, Acuerdo de Madrid, Unión Fenosa, entre otros episodios lacrimosos, han arrojado a esta institución al descrédito absoluto, recayendo, adicionalmente en cuantiosas perdidas económicas y de credibilidad tanto nacional como internacionalmente.

Esta entidad debe abocarse a identificar nuevos métodos de producción de energía, que resulten menos costosos, integrarse al sistema de manera más eficiente, con la colocación e instalación de redes soterradas y redes inteligentes, así como la telemedición que haga más sincera la lectura del consumo, y desde luego vislumbrar una relación más coherentes y mejor definida para con los clientes.

El ingenio humano de nuestros técnicos especializados debe ponerse en práctica para experimentar nuevos métodos de producción del rubro energético, de manera que se promuevan energías alternativas, tales como la que resultan de los gases producidos en los centros de tratamientos de la basura, la que se obtiene de los bagazos de la caña del azúcar, la solar, la eólica, aplicar las tecnologías que hagan beneficiosa para el consumo la energía que se obtiene desde las olas del mar.

Es conocido que los países que han tomado en serio la solución del problema, lo han hecho construyendo terminales nucleares de producción de energía, etc.

No se puede hablar de una mejoría del sector sin antes adentrarse a una valiente decisión que obligue a la modificación de los contratos que la atan a las empresas generadores de energía, contratos que son contrarios al interés nacional, tales como aquellos en los que existen cláusulas que expresan la obligación de pagar el costo de la energía por capacidad instalada y no por energía servida; estos contratos recordamos comenzaron a ser acordados bajo el gobierno del Doctor Joaquín Balaguer. Deben enfrentarse con firmeza los intereses que hasta la fecha se han estacionado alrededor de este sector para impedir su desarrollo.

Los protagonistas que han influidos de manera decidida en los últimos treinta años en la dirección de la CDEEE, son los verdaderos responsables del deterioro que adolece el sector.

Recientemente el martes 28 de noviembre del 2010, en el Hotel el Gran Almirante de Santiago, uno de los lideres empresariales emergentes con mayores éxitos acumulados en los últimos años en el país, el ingeniero Manuel Estrella, fue el orador principal en ocasión del cumpleaños número 25 de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), donde éste disertó señalando que: “en el orden de importancia a la energía se le atribuye ser la causa fundamental de la sombras que opacan las luces del desarrollo nacional”.

Frente a este reclamo social, el presidente de la República, el Dr. Leonel Fernández, quien ha podido acumular una destacada capacidad gerencial estatal por sus dos periodos y medio de gobierno y además por su extraordinaria visión de futuro, debe enfocarse con mayor seriedad en esta problemática nacional, quien de no lograr las metas de solución pronosticadas, cuyas expectativas se crearon desde el mismo Congreso Nacional en el año 2008, verá como las consecuencias de no haberlo logrado, recaerá exclusivamente sobre su obra de gobierno.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

El Aumento de la Tarifa del Servicio de la Energía Eléctrica

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Las flamantes nuevas autoridades de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes), no se hicieron esperar, tan pronto se posicionaron en sus cargos, le brindaron una agria bienvenida a la ciudadanía tras anunciar un insólito aumento en la tarifa de la energía eléctrica.

Sin que este servicio haya expresado ningún tipo de mejoría, y sin haberse programado una modificación a la actual estructura del sistema eléctrico, una vez más nos toma por sorpresa, en esta ocasión por los medios de comunicación, la noticia que reza sobre el incremento de hasta un once por ciento en el importe tarifario.

No sabemos hasta donde seguirán estirando la paciencia de la ciudadanía este embrujo de empresas, gobernadas hoy día en su mayoría, tanto los productores como las transmisoras, por un cuerpo de gerentes extranjeros que se perciben en la conciencia ciudadana como verdaderos instrumentos del mal.

Las autoridades competentes no rinden las explicaciones correspondientes sobre las motivaciones que las lleven a aceptar estos presupuestos de aumentos tarifarios. Esta indiferencia causa que la ciudadanía se haga de sus propias ideas fruto de indicios especulativos, sintiéndose redobles malestares, por las indiferencias patrocinadas desde el litoral oficial.

La ciudadanía se desespera al estar además desprovista de los estudios que han debido realizarse que revelen los impactos que generan los constantes pero siempre imprevistos e inaceptables aumentos que oprimen y desvirtúan la economía de todos.

Este accionar a que nos tienen acostumbrados los entes que integran al sector eléctrico, crea desesperación e incertidumbre en toda la población, desvirtúa los esfuerzos que prenden desde otros litorales estatales en procura de lograr algún mejoramiento en la inversión, tanto nacional como extranjera, y ni hablar del aliciente que para la inestabilidad social causa este hecho, todo esto se traduce en una franca falta de seguridad jurídica, que la sociedad nacional no tiene porque seguir tolerando.

Los reportes que tenemos sobre cómo funcionaba la otrora prestadora de servicio de electricidad desde su fundación, hasta no más allá de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo, son menos azarosos que los que experimentamos todos los dominicanos al día de hoy.

La ciudadanía ha perdido toda esperanza, y frente al gobierno de turno proliferan todo tipo de insinuaciones, imputándole a éste no haber tomado con la seriedad y responsabilidad debida el asunto que acosa tanto malestar a toda la comunidad. Hoy los lamentos se despliegan por doquier al no haberse desafiado hasta las últimas consecuencias los intentos de reformar al sector eléctrico que se promovieron durante el primer período de gobierno del presidente Doctor Leonel Fernández.

Estos incrementos que afectan por igual a las clases más pudientes como a los más desfavorecidos, no se sustentan en una mejoría en el servicio, ni siquiera en ocasión de haberse nombrado a su actual incumbente, el muy criticado Licenciado Celso Marranzini, a quien los usuarios del sistema energético solo le pueden reconocer al día de hoy, haber hecho importantes recortes en la empleomanía de la muy rica pero mal vista institución.

La colectividad no ha percibido respuestas que traduzcan en palpable mejoría la prestación del servicio eléctrico bajo la gestión del Licenciado Celso Marranzini, y si, esta siente que ha habido innumerables, reiterados e injustificados aumentos en los costos del servicio que escasamente se brinda, mientras este funcionario en entrevistas públicas ha reiterado que la nuestra sigue siendo una energía relativamente barata.

Se necesita que las autoridades se empoderen de una franca determinación para afrontar decididamente esta problemática, pero ya no más con medidas que se tomen para maquillar momentánea y circunstancialmente el escenario como ocurrió en el año 1990 cuando desde las instancias del gobierno del Dr. Joaquín Balaguer se decidió desarticular al Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (SITRACODE), aquel a quien se le endilgaba tener tal exceso de influencia en su seno, que generaba según el gobierno de entonces, las causas de su deterioro operativo y administrativo; y ni mencionar el apabullante fracaso del proceso de capitalización que incluyó al sector eléctrico en el año 1997, suponiendo ambos procesos que tendríamos mejorías ostensibles, sin embargo todos nos quedamos como perico en la estaca.

Luego de aquellos amagos, hemos visto como se ha producido el decaimiento paulatino del sistema, el sector eléctrico no ha hecho más que tragarse todos nuestros escasos recursos económicos, sin que haya habido muestra de mejoría, todo lo contrario este se ha empeorado hasta lo irresistible, mientras los dominicanos seguimos sufriendo este descomunal malestar, el cual se expresa tanto por la miseria del servicio brindado así como por la constancia de los injustificados aumentos de la tarifa eléctrica.

El país no resiste mayores cargas de la tarifa eléctrica, es mucho lo que se afecta la economía domestica de la nación. 

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

Ley de Sociedades Comerciales 479-08

El ejercicio de la actividad comercial en la República aguardaba la instauración de un nuevo régimen jurídico que actualizara su ámbito de protección, poniéndolo por lo menos a la altura de los avances que se habían alcanzado en legislaciones comerciales internacionales. 

En cierta manera se acusa a nuestro legislador de no haber sido más diligente y previsor para haber elaborado y puesto en marcha una normativa comercial que hiciera de este sector un ente más competitivo y actualizado, con lo que se pudo haber alcanzado grados de desarrollo mayores a los obtenidos a la actualidad.

Entre nosotros, las actividades comerciales han estado regidas desde el tres de junio del 1884 por el Código de Comercio Francés, fecha en que se adoptaron, adecuaron y tradujeron la familia de Códigos de aquella nación.

Es a partir de una enérgica y decidida reacción de los diferentes sectores que mueven la economía nacional, que se propone la creación de un anteproyecto de ley de sociedades comerciales, el cual una vez elaborado fuera objeto de amplios estudios, discusiones, comparaciones y vistas, incluyendo como es natural al Congreso Nacional, quien finalmente lo sancionó en fecha 2 del mes de septiembre del año 2008; bajo la Ley número 479-08, denominándolo Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, promulgada por el Ejecutivo en fecha 11 de diciembre del 2008.

Preciso es acotar que ya antes, bajo la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, se había nombrado una comisión encargada de la revisión del Código de Comercio, encabezada por el Dr. Manuel de Jésus Troncoso de la Concha, quien en el 1947 presentó un Anteproyecto de Código de Comercio bajo la autoria del Doctor J. H. Docoudray, cuya obra abordaba en cierta medida a las sociedades comerciales como las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), entre otras, aunque sin preveer la amplia carpeta de opciones societarias que hoy registra la nueva Ley.

Esta normativa viene a crear entre nosotros una forma distinta de como hacer negocios con las adopción de procesos corporativos concentrados, la previsión de prácticas corporativas de nuevas figuras societarias y esquemas empresariales como instrumentos idóneos para la organización y operación de negocios y la planificación patrimonial estratégica; y también proscribiendo  algunos tipos societarios, tales como las compañías por acciones, entre otras.

De igual manera esta legislación concretiza el interés de eficientizar los recursos reduciendo la burocracia a transitar para dejar debida y definitivamente constituida una entidad comercial, abreviando considerablemente los plazos y los requisitos para su elaboración, además procurando hacer más precisas y cristalina las operaciones comerciales entre los entes protegidos y frente a los terceros, permitiéndole tener mayores controles a las propias autoridades recaudatorias e instituyendo un régimen de registro más seguro y confiable que era una de las metas anheladas del proyecto.

Un detalle de la nueva ley de sociedades comerciales que ha sido severamente criticado es que ella a quienes habían adquirido derechos por haberse constituido bajo una modalidad societaria antes de su existencia, le obliga a adecuarse o a transformarse, según sea el caso, hacia una nuevo tipo social o bien debiendo cumplir con una estela de condiciones en algunos casos exageradas para poder seguir operando bajo el mismo capitulo social.


No se cuestiona que las autoridades recaudatorias pretenden lograr, con la implementación de esta ley, un mayor control sobre el sector comercial, así como un mayor nivel de transparencias de las actividades que patrocinan y de los  patrimonios que constituyen.  

Esta consideración nos lleva a precisar que por las niveles de exigencias condicionales instituidos por la nueva Ley de Sociedades Comerciales, más del noventa y cinco por ciento de las sociedades de comercio regida por la antigua legislación deberán modificarse -adecuarse o transformarse- a los dictámenes de esta nueva norma, lo que obliga a todos aquellos que operan bajo un tipo societario predeterminado a incurrir por imposición de la Ley en ciertos costos económicos inesperados.

Ello se debe a que las sociedades anónimas que eran las que adquirían un mayor interés de los comerciantes para operar sus negocios, llegaron a constituir el 96% del total de las sociedades comerciales registradas formalmente, mientras que eran escasas las adopciones de otros tipos societarios, los cuales llegaron en su mayoría por su obsolescencia a estar en total desuso. En la actualidad ese interés se ha volcado por las sociedades de responsabilidad limitada.

Esta ley de sociedades comerciales No. 479-08, debió entrar en vigencia en el mes de diciembre del año dos mil nueve, sin embargo, ha habido alguna especie de guardia celada de parte de los sectores a los que ella debe serle aplicada, los que han tratado y en cierto modo logrado entorpecer su definitiva puesta en práctica.

Han sido incesantes los pedidos de diferentes sectores del comercio y de la industria, en el sentido sea postergada la entrada en vigencia de este interesante instrumento adjetivo, cuyo reclamo ha sido escuchado y respaldado por las autoridades congresuales. En esta ocasión la Cámara de Diputados aceptó la más reciente petición de prolongación del plazo para su definitiva puesta en marcha, aprobando extender hasta el mes de febrero del año dos mil diez, para imprimirle a esta fecha el carácter ejecutorio a esta ansiada y necesaria ley.

Entendemos que es un contra sentido que hayan sido los empresarios, comerciantes e industriales, los que hayan puesto tantas trabas con las que han impedido la total entrada en vigencia de la nueva Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, justificándose en el sentido de que no existen las condiciones para su total aplicación, quizás sin percatarse que es este sector el que más se perjudica con su postergación.

No se justifica que una ley como la de la especie haya tenido que ser sacrificada para su ejecución y cumplimiento por intereses que a la larga lo que procuran es continuar operando bajo el manto de la baja y poca fiscalización y transparencia.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.
salomonbeltre@me.com

Situación de los Tribunales y de la Administración de Justicia en la Provincia de Santo Domingo.

En medio de las más insólitas precariedades es que funciona el sistema de  justicia penal perteneciente a la provincia de Santo Domingo. Es lacrimoso el escenario montado por las autoridades judiciales en aquella jurisdicción.

Allí no existen las condiciones mínimas que satisfagan las expectativas funcionales de la justicia tanto al letrado, pero tampoco al personal judicial y administrativo apostado para desempeñar las funciones judiciales correspondientes, y mucho menos al ciudadano común que acude a dichas instalaciones en procura de recibir uno que otro servicio que generalmente lo hace por impuesta necesidad.

Con la entrada en vigencia de la Ley No. 163-01 de fecha 2 de octubre del año 2001 que crea la provincia de Santo Domingo, se interpreta razonablemente que debió preverse de la construcción de las edificaciones que albergaran las oficinas judiciales y de otros géneros desde las cuales el Estado dominicano, pudiera disponer de los servicios que les debe brindar a los ciudadanos de tal manera pueda agenciarse los recursos que obtiene como tributos.

Es evidente que las edificaciones que alojan las oficinas desde las cuales se brindan los servicios judiciales en la provincia de Santo Domingo, no fueron concebidas y levantadas con el deliberado interés de destinarlas a los fines hoy consumados, todo esto se resalta por la privación de comodidad existente, además por la manera en que se desafía la colocación de los facilidades laborales y de la conformación y distribución de los mismos.

En el caso de la jurisdicción penal, son dos los edificios destinados a albergar las oficinas y dependencias judiciales, ninguno de estos posee unidad de generación de electricidad independiente, aunque sí recientemente fue instalado un generador eléctrico que provee de energía las áreas de las salas penales y los despachos de los jueces exclusivamente, dejando sin abasto las demás facilidades del edificio, incluyendo el despacho del magistrado Procurador Fiscal de la Provincia.

La distribución de los edificios está constituida por verdaderos escondrijos, pequeñísimos cubículos que privan a sus titulares de comodidad con lo que se disminuye consistentemente sus desempeños, dichos escenarios no son propicios para la recepción de personas que deben acudir hasta ellos para lidiar con sus conflictos y situaciones, los que por las limitaciones salen altamente agredidos por el ambiente desahuciado que allí prevalece.  

Los despachos de los jueces son verdaderos chiqueros donde no se puede prácticamente ni respirar, no obstante éstos hacen un gran esfuerzo para desempeñar su labor, y no se diga de los módulos asignados para los fiscales, alguno de los cuales se ven en la necesidad de ser alumbrados hasta con  velas; desde que se adentra a uno de estos apretados espacios, los sudores son provocados inmediatamente.

De tanta escasez hablamos al referirnos a la estructura física conformada para brindar los servicios de justicia en la provincia de Santo Domingo, que es nada más y nada menos desde un furgón adecuado para la ocasión desde donde funciona la jurisdicción permanente de la instrucción, es de esta insospechada locación a partir de la cual es impartida la justicia penal en esta demarcación, desde este inverosímil tugurio se decide la libertad o no de un ciudadano imputado de algún hecho delictivo.

Todo esto se torna en un cuadro mucho más dramático cuando se acumulan tantas personas en estos reducidos espacios, los malos olores ahondan para mayor incomodidad a los abogados que son quienes más asisten a estas instancias en procura de los servicios requeridos, éstos no pueden simplemente conversar con sus clientes, este escueto hecho trastorna el desarrollo de cualquier actividad que allí se realice, es francamente frustrante el desempeño del ejercicio laboral de abogado en esta provincia.

Indudablemente que todo esto no escapa al conocimiento de las autoridades judiciales ni gubernamentales de la nación, recordemos que hace apenas algunos meses, el propio honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, se refirió al tema, diciendo que daba vergüenza como estaban dotadas las edificaciones físicas de los tribunales de la provincia de mayor crecimiento poblacional con que cuenta la República Dominicana.

Hace apenas poco tiempo, cuando la población se refería sobre los Palacios de Justicia de nuestros país, a estos se les consideraba como verdaderos mercados, sin embargo, a partir del año 1997, momento a partir del cual se inició la reforma de la mayoría de las dependencias judiciales alrededor de todo el país, se fue desmontando esta apreciación, la cual no era muy contraria a la realidad, pero con el menosprecio que han mostrado las autoridades para dotar de mejores instalaciones físicas a esta enorme jurisdicción, dicha apreciación de descrédito hacia los tribunales ha vuelto a tomar espacio en la conciencia de los abogados y de los ciudadanos.

Justo es reconocer que no así anda la jurisdicción civil; en esta se nota que ha habido una mayor dedicación para dotarla de una mejor estructura física y lograr un desempeño más idóneo de las labores judiciales, aunque es mucha la queja que alientan a los abogados en el sentido de la necesidad de aumentar el número de salas civiles, ya que no obstante la excelente labor que desempeña el tribunal existente, este no da abasto para el exceso de trabajo y cúmulo de expedientes que desde esta jurisdicción se presenta, provocando que los procesos tarden años para ser instruidos y decididos.

Aunque todavía no se tienen los datos que arrojan la verdadera dimensión de la jurisdicción de Santo Domingo en términos poblacionales, sí se tiene por cierto entre los abogados que este es el territorio distrital de mayor población de que goza  demarcación alguna de la República, y también es el de mayor cantidad de trabajo, por lo que se infiere que esta demarcación ha de tener mayores facilidades para el desempeño de una mejor administración de justicia, sin embargo aun no ha sido dispuesta la construcción de las estructuras físicas apropiadas desde la cual se opere y se brinden con mayores facilidades los servicios judiciales que todos aspiramos tener.

Es la Constitución de la República, la que dispone la existencia del poder judicial como uno de los eje fundamentales de que se compone el Estado Dominicano y en hecho es donde se manifiesta la verdadera garantía de un sistema democrático y reales garantías ciudadanas, por lo cual, debe a este poder proporcionársele los medios que lo hagan más eficiente y respetable.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

Sobre un Accidente de Vehículo de Motor.

Los niveles de inseguridad pública que nos arropa a todos por igual y a la que nos enfrentamos a diario, obedece fundamentalmente a la descomposición social, producto esta de no haberse tomado las medidas oportunas que les impidieran su crecimiento y sostenibilidad.

No hay un solo ciudadano consciente que no esté de acuerdo con la anterior aseveración, algunos afirman inclusive que son muy pocas las instituciones nacionales que obren al margen de la vulnerabilidad de males que acusa nuestra sociedad.

Producto de un accidente de vehículo de motor, una persona de mucha valía familiar, profesional y social fue objeto recientemente de un trato abusivo, vejatorio y desconsiderado de parte del causante de dicho accidente, la que luego de ser embestida de manera dramática por un vehículo conducido por un jovencito de apenas veintiún años de edad, que sin poseer éste la más minima conciencia ni el significado de lo que implica tener el control de un artilugio como este, le propino una serie de insultos, maltratos y ofensas que ahondaron aún más los daños proporcionados a ella y a su patrimonio.

En pleno mediodía del dos de noviembre del 2010, mientras WSMM, quien goza de alta prestancia social y titular de un altísimo y muy importante cargo público, mientras esperaba se movilizara el tránsito para avanzar en un entaponamiento, fue inesperadamente envestida por la parte trasera de su vehículo por un deshuesado conductor, recibiendo heridas que prácticamente la postraron, debiendo guardar reposo médico por varios días.

En ocasión del referido accidente y luego de haber permanecido por algunas horas en medio de la vía pública, aguardando se presentaran al lugar las autoridades competentes, para que éstas realizaran y evaluaran como disponen los procedimientos las experticias necesarias, incluyendo la movilización de los vehículos accidentados, los que quedaron totalmente descompuestos e inutilizados, hubo de parte del causante del accidente poca colaboración, dejadez, burla entonada, arrogancia en exceso, y hasta exposición de mala crianza contra la lesionada, etc.

El mozalbete violador de la ley, no quiso prestar las informaciones sobre su persona, no obstante le fuera requerido por los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), tampoco colaboró en ser conducido a uno de los puestos policiales donde debería prestarse las declaraciones del accidente, justificado éste en el hecho de que tenía suficiente lazos e influencias como para no dejarse “narigonear” por nadie, y que una vez se pusiera en contacto con “su gentes”, todo se reduciría, como al efecto se redujo a una situación que pronto lo desagravaría.

Y para colmo, se evidenció que realmente el impetuoso, imberbe y arrogante, hizo gala de sus recalcados influjos de poder estatal, ya que pronto se hizo respaldar de sus acólitos gubernamentales, y es que efectivamente, al lugar se presentaron nada más y nada menos que un sequito de oficiales de la Dirección General de Aduanas  encabezado por el Jefe de Seguridad del Director Legal de la dicha institución, quien haciendo aspavientos de sus jerarquías y poder, lograron someter a las autoridades de la “Amet” quienes realizaban su trabajo, protegieron al causante del accidente, movilizaron el vehículo del degenerado y patético ciudadano, y para peor, haciendo uso de una grúa de plataforma de la referida institución estatal, todo en frente de los que observábamos el deprimente y bochornoso espectáculo.

Mientras, la victima del accidente, para poder hacerle frente a las devastaciones provocadas por el afrentoso y malcriado jovencito, hubo de utilizar sus escasos recursos económicos y la cooperación de sus más allegados, sin recurrir nunca jamás a sus influencias que el importante cargo público que ostenta le proporciona.

Obsérvese como una institución pública dispone de los recursos de todos para favorecer actitudes irresponsables de particulares, con lo cual se pone, no solamente en riesgo los cada vez más escasos recursos estatales, sino que se quebranta la seguridad ciudadana, se empobrece la moral de las instituciones públicas incluyendo las de sus titulares y por extensión se arriesga la tranquilidad de todos que aspira el concierto social.

Todos aspiramos a tener una mejor sociedad, pero para lograrlo es nuestra recíproca obligación, nuestro gran deber, involucrarnos en ese objetivo común; debe existir de parte de todos los que integramos este conglomerado, muestra de sacrificio y de entrega, deben manifestar las autoridades públicas que están claramente definidas en el propósito de hacer cumplir las leyes que han jurado respetar, lo que seguramente nos acercará a tener una sociedad más justa.

Debemos evitar que personalidades importantes de nuestra sociedad, se sientan justificadas en querer tomar senderos hacías sociedades donde tanto la seguridad individual y familiar sean mejor apreciadas y valoradas.

Las autoridades no pueden ni deben permitir ni el incentivar la protección de quienes degeneran con sus acciones la tranquilidad social.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), pone en circulación importantes obras Jurídicas.

El día jueves 21 de octubre de la semana que acaba de discurrir tuvimos la excelente oportunidad de asistir a la puesta en circulación en un acto que tomándole las palabras al honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo es sin precedente en la historia bibliográfica nacional, donde la Escuela Nacional de la Judicatura dio a la luz cinco obras que sin lugar a dudas tendrán que ser materiales de apoyo y referentes obligatorios tanto para abogados, la magistratura nacional y de consumo para toda la colectividad.

En estas obras, se destaca el interés que se ha impuesto la Suprema Corte de Justicia de proveer los medios más eficaces con el fin de no dejar aislada la instrucción a que deben acceder quienes tienen a su cargo la administración de justicia y de quienes intervienen como auxiliares de esta.

Tal y como indicaba el Dr. Jorge Subero Isa, quien tuvo a su cargo las palabras centrales y presentación de dichas obras, con este paso, la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, se reafirma en tener la preponderancia y liderazgo de las escuelas judiciales de toda Iberoamérica.

La puesta en circulación de estas obras está enmarcado en el proyecto de adaptación y aplicación de la aun nueva normativa procesal penal que hemos instaurados hace ya algunos años en nuestro país, lo que nos viene a indicar que existe un muy marcado interés de mejorar la aplicación de la justicia penal, lo que además con pasos semejantes, nos proyecta como conocedores de nuestra propia realidad, lo que nos permitirá hacer los cambios y adaptaciones que impera la aun novedosa legislación.

Estas obras que además de estar muy bien ilustradas en su contenido, están enmarcadas en una muy amena presentación y con muy atractivos diagramas.

Fruto del consenso de quienes tienen a su cargo la creación de políticas que lleven a mejorar la aplicación de justicia en nuestro país, es que se ha podido obtener estas maravillosas y enjundiosas obras que se ubican desde ya a la derecha de los que hacemos del ejercicio de la abogacía, nuestra profesión habitual, sin dejar de lado que estas vienen a complementar en el ámbito bibliográfico la ya muy progresivas creaciones de obras doctrinarias que se han estado inspirando en los últimos años en la República Dominicana.

Medidas Cautelares y las Sanciones, Seguridad Social, Fundamentación de Recursos, Argumentación jurídica y la Teoría del Delito, son los títulos de las voluminosas obras que han sido puestas en circulación por la Escuela Nacional de la Judicatura bajo la dirección del muy destacado Licenciado Henry Molina, con la cooperación de prominentes juristas, tanto nacionales como extranjeros, contando con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Cooperación Española y el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), las que sin lugar a dudas vienen a ser un verdadero manjar doctrinario que mantendrán ocupados por un largo tiempo a los estudiosos de las técnicas jurídicas y de todo interesado.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

(salomonbeltre@me.com).