Revolución Inmobiliaria en República Dominicana: Ley en Marcha para Impulsar la Economía y Empleo

Salomón Ureña Beltré, Abogado y Notario
salomonbeltre@me.com

A medida que nos acercamos al final de la actual legislatura en República Dominicana, se alza una emocionante propuesta legislativa que podría transformar el sector inmobiliario en el país. Este anteproyecto de ley actualmente bajo consideración en el Congreso Nacional ha superado la primera etapa de revisión en la Cámara de Diputados y tiene como objetivo fundamental introducir un nuevo marco normativo para la regulación de los alquileres en la nación caribeña.

El proyecto actual representa un cambio significativo en la intención de nuestros legisladores de reformar el sector inmobiliario. Desde 1959, este sector ha estado operando bajo una regulación que se ha vuelto obsoleta en algunos aspectos, incluso contradiciendo el espíritu de la Constitución vigente desde 2015.

En el pasado reciente, se han presentado proyectos con objetivos similares, pero la falta de consenso entre los diversos actores involucrados ha llevado a la postergación de estas propuestas. Sin embargo, el proyecto actual ha superado esta barrera y está avanzando.

Uno de los cambios más notables propuestos en esta iniciativa es la eliminación del "dos más uno", un término familiar para muchos dominicanos, que se refiere al pago de dos meses de depósito más un mes de comisión al alquilar una propiedad.

La nueva legislación, presentada por el diputado Eugenio Cedeño, busca revolucionar las relaciones entre propietarios e inquilinos, especialmente en lo que respecta al incumplimiento en el pago y simplificar los procesos judiciales para permitir el desalojo más rápido de inquilinos morosos y reacios a cumplir con sus obligaciones.

Esta medida es ampliamente aplaudida por abordar un problema arraigado en la cultura de alquiler en la República Dominicana, donde algunos inquilinos consideran el pago del alquiler como algo opcional en lugar de una obligación contractual.

Lo que es aún más interesante es que esta nueva legislación se inspira en prácticas legales anglosajonas, donde no se requiere intervención judicial para desalojar a inquilinos morosos. Un simple aviso de desalojo, conocido como "eviction notice", es suficiente para que los propietarios recuperen sus propiedades.

Además de modernizar el sector de alquiler de propiedades, esta propuesta legal también se aleja de la controvertida costumbre española de proteger en exceso a los 'okupas', personas que ocupan ilegalmente propiedades, lo que a menudo desafía el derecho de propiedad.

Si este proyecto se convierte en ley, se espera que fortalezca la inversión en la construcción de nuevas propiedades inmobiliarias, generando más empleos y estimulando la industria de la construcción, lo que a su vez impulsará la economía y reducirá los recursos ociosos en nuestra nación.

Esta nueva perspectiva legal abre un emocionante capítulo en el sector inmobiliario dominicano y merece nuestra atención a medida que avanzamos hacia una República Dominicana más fuerte y próspera.

La Importancia de Contratos de Trabajo por Escrito en el Derecho Laboral

Salomón Ureña Beltre, Abogado - Notario

salomonbeltre@me.com

Aquellos involucrados en la dinámica emprendedora deben comprender que, en el ámbito laboral, cualquier forma de relación laboral, en todas sus manifestaciones, se presume como un contrato de trabajo, a menos que se demuestre lo contrario.

La filosofía subyacente en el Código de Trabajo de la República Dominicana de 1992 es que, en las relaciones laborales, se dé prioridad a lo escrito en lugar de lo verbal. Si bien no es posible prever todas las eventualidades en detalle, el uso de un contrato escrito puede ayudar a establecer de manera más efectiva las condiciones de la relación laboral.

Dado que las pruebas desempeñan un papel fundamental en el derecho laboral, un contrato escrito puede ayudar a delimitar el alcance de la relación, especialmente cuando existe un marco regulador específico entre las partes. Esto reduce la interpretación subjetiva y proporciona una guía más clara para el tribunal que debe evaluar la verdadera intención de las partes al establecer su vínculo.

Este enfoque beneficia especialmente al empleador, ya que le corresponde a él refutar las presunciones a favor del trabajador que establece la legislación laboral. La falta de documentación adecuada, como registros y libros que la ley requiere, puede perjudicar al empleador en casos judiciales.

La situación se complica aún más cuando se aplica el principio legal "In dubio pro operario" en el ámbito del derecho laboral. Este principio establece que en caso de duda entre disposiciones legales o interpretación de hechos en un conflicto entre un trabajador y un empleador, se debe favorecer al trabajador de manera inapelable. Por lo tanto, es crucial para el empleador tomar precauciones y establecer contratos de trabajo por escrito para evitar complicaciones innecesarias y garantizar una relación laboral sólida y justa".

El Compromiso Ignorado: La Lucha de los Abogados por la Justicia en Bahía de las Águilas

Recién me encontré con alguna declaración de uno de los abogados particulares contratados por el Estado Dominicano para defender sus intereses patrimoniales que les fueron expoliados aviesa y fraudulentamente en Bahía de las Aguilas.

Nuestro colega, poniéndole vos a cada uno de sus insignes compañeros de estrados, se quejaba agriamente del desplante que han recibido de parte del Estado, por este no haberles honrado, como merecen, sus muy justos y bien ganados emolumentos.-

Los loables esfuerzos con que el equipo legal integrado por los doctores, Manuel Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol, Blas Minaya Nolasco, y la propia Laura Acosta Lora, que solo ella se desempeño a titulo honorífico, lograron reintegrarle al Estado, la titularidad de aquellos cuantiosos bienes, los que ahora en sus manos, florecerán con las inversiones que se deparan a futuro para favorecer el crecimiento del turismo y con ello la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

No se justifica que a estos juristas, luego de haber trabajado con tanto ahínco, prestando sus muy competentes dotes profesionales, sus recursos económicos, distrayéndoles tantísimas horas de trabajos a sus respectivos bufetes, y sacrificando por partidas doble a sus familias, todo con el muy sano interés y propósito de lograr restituir en favor de “TODOS”, lo que a todos nos pertenece, no les hayan sido reconocidos y solventadas las contrapartidas que les corresponden.

Es impresionantemente vergonzoso como el Estado Dominicano ha manejado sus relaciones con estos connotados abogados, ningún profesional se merece tan denigrante trato.

Hoy en día, mientras el Poder Ejecutivo trabaja en mejorar la integridad de la Administración Pública y sancionar a aquellos que se implican en actos dolosos contra el erario, debe también enviar el mensaje de que el Estado respeta los acuerdos con los particulares. Cuando estos han cumplido su parte, el Estado debe cumplir ágilmente con su compromiso. El trabajo de estos abogados destacados desmanteló una de las primeras grandes hazañas en contra de la corrupción institucionalizada. 

La labor de estos meritorios abogados labró lo que se constituyó como una de las primeras grandes e importantes hazañas que contra la corrupción publica institucionalizada fuera desarticulada, frenó la proclividad al enriquecimiento ilícito de los autores de tales deleznables actuaciones, pero además, el de Bahía de las Aguilas, es uno de los más relevantes precedentes con que cuenta el Estado de que, sin utilizar su maquinaria poderosa con vocación arrolladora, y respetando el debido proceso legal, haya logrado reponer sus intereses afectados, y colegir que, sin la ayuda de los reclamantes en el pago de sus honorarios, no hubiera sido posible.

Bien lo reza el postulado “Pacta sunt servanda”, todo compromiso contraído debe ser cumplido; los abogados hicieron su trabajo, falta ahora que el Estado Dominicano, como obligación que les es ineludible, cumpla con la suya.

De no hacerlo, la Administración Pública, quedaría muy desacreditada y con ello quienes la dirigen, pero también el estado de derecho y la seguridad juridica de nuestro país.

Solivianto junto a mis colegas, los justos reclamos que patrocinan, amén de promover que, a cada uno de estos notables abogados, les sea impuesta la medalla al mérito nacional.-

Salomón Ureña Beltre

Abogado -  Notario