Mientras compartía un momento en un bar junto a mi Wamcho, me encontré con una noticia que llamó mi atención en los diarios de Galicia. La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) español había sancionado a una magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Galicia, con la destitución de su cargo, por supuestamente descuidar sus funciones y retrasar investigaciones, lo que resultó en una mora judicial en su tribunal.
Esta noticia me llevó a reflexionar sobre las razones que llevaron al CGPJ a tomar una decisión tan drástica en contra de una magistrada que, según los informes, contaba con cierto respaldo de la comunidad en la que ejercía. Fue interesante notar que el juez titular del Tribunal Superior de Xustiza, el magistrado Miguel Ángel Cadenas, reconoció las limitaciones de recursos en el tercer poder del Estado.
El magistrado Cadenas mencionó que las huelgas de jueces en años anteriores habían causado distorsiones que aún persisten y que hacen que muchos ciudadanos vean el sistema de justicia como inoperante. En el caso de la magistrada sancionada, no podemos pasar por alto la enorme carga de trabajo que enfrentó, agravada por la falta de colaboradores debido a la escasez de recursos.
España y la República Dominicana, mi país de origen, comparten similitudes en sus instituciones debido a la influencia que España tuvo durante la colonización de América. Sin embargo, ambas naciones enfrentan desafíos en sus sistemas judiciales.
En España, el poder judicial a veces es considerado de menor importancia en comparación con los otros dos poderes del Estado, lo que dificulta la apreciación adecuada del sistema de justicia por parte de los ciudadanos. Esta percepción no es muy diferente en la República Dominicana, donde la ley establece que el Poder Judicial debe recibir el 2.65% del presupuesto nacional, pero esta asignación rara vez se cumple. Esta falta de financiamiento continuo contribuye al debilitamiento de las instituciones democráticas en ambas naciones.
Estas limitaciones presupuestarias conducen a anomalías en el desempeño de las instituciones judiciales y generan insatisfacción entre los ciudadanos que dependen de la justicia para resolver sus problemas, ya sea a nivel individual o colectivo.
Espero que la sanción de la magistrada Pilar de Lara sirva como un recordatorio para el Poder Judicial de la importancia de garantizar una distribución más equitativa de los recursos que todos contribuyen a través de impuestos. El Poder Judicial debe desempeñar un papel efectivo en la democracia y cada miembro de este poder debe entender su responsabilidad en ese sentido.
Espero que la jueza Pilar de Lara supere esta situación a través de los recursos legales disponibles y que este caso sirva como una llamada de atención para aquellos que a veces olvidan la necesidad de garantizar la eficiencia del Estado en todas sus funciones.
Salomón Ureña Beltré, Abogado - Notario.