Recién me encontré con alguna declaración de uno de los abogados particulares contratados por el Estado Dominicano para defender sus intereses patrimoniales que les fueron expoliados aviesa y fraudulentamente en Bahía de las Aguilas.
Nuestro colega, poniéndole vos a cada uno de sus insignes compañeros de estrados, se quejaba agriamente del desplante que han recibido de parte del Estado, por este no haberles honrado, como merecen, sus muy justos y bien ganados emolumentos.-
Los loables esfuerzos con que el equipo legal integrado por los doctores, Manuel Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol, Blas Minaya Nolasco, y la propia Laura Acosta Lora, que solo ella se desempeño a titulo honorífico, lograron reintegrarle al Estado, la titularidad de aquellos cuantiosos bienes, los que ahora en sus manos, florecerán con las inversiones que se deparan a futuro para favorecer el crecimiento del turismo y con ello la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
No se justifica que a estos juristas, luego de haber trabajado con tanto ahínco, prestando sus muy competentes dotes profesionales, sus recursos económicos, distrayéndoles tantísimas horas de trabajos a sus respectivos bufetes, y sacrificando por partidas doble a sus familias, todo con el muy sano interés y propósito de lograr restituir en favor de “TODOS”, lo que a todos nos pertenece, no les hayan sido reconocidos y solventadas las contrapartidas que les corresponden.
Es impresionantemente vergonzoso como el Estado Dominicano ha manejado sus relaciones con estos connotados abogados, ningún profesional se merece tan denigrante trato.
Hoy en día, mientras el Poder Ejecutivo trabaja en mejorar la integridad de la Administración Pública y sancionar a aquellos que se implican en actos dolosos contra el erario, debe también enviar el mensaje de que el Estado respeta los acuerdos con los particulares. Cuando estos han cumplido su parte, el Estado debe cumplir ágilmente con su compromiso. El trabajo de estos abogados destacados desmanteló una de las primeras grandes hazañas en contra de la corrupción institucionalizada.
La labor de estos meritorios abogados labró lo que se constituyó como una de las primeras grandes e importantes hazañas que contra la corrupción publica institucionalizada fuera desarticulada, frenó la proclividad al enriquecimiento ilícito de los autores de tales deleznables actuaciones, pero además, el de Bahía de las Aguilas, es uno de los más relevantes precedentes con que cuenta el Estado de que, sin utilizar su maquinaria poderosa con vocación arrolladora, y respetando el debido proceso legal, haya logrado reponer sus intereses afectados, y colegir que, sin la ayuda de los reclamantes en el pago de sus honorarios, no hubiera sido posible.
Bien lo reza el postulado “Pacta sunt servanda”, todo compromiso contraído debe ser cumplido; los abogados hicieron su trabajo, falta ahora que el Estado Dominicano, como obligación que les es ineludible, cumpla con la suya.
De no hacerlo, la Administración Pública, quedaría muy desacreditada y con ello quienes la dirigen, pero también el estado de derecho y la seguridad juridica de nuestro país.
Solivianto junto a mis colegas, los justos reclamos que patrocinan, amén de promover que, a cada uno de estos notables abogados, les sea impuesta la medalla al mérito nacional.-
Salomón Ureña Beltre
Abogado - Notario