El Poder Judicial Dominicano, Colapsado?

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Al Poder Judicial se le supone, por imperativo constitucional, independencia presupuestaria y administrativa, la que ningún gobierno de nuestra historia republicana, ha dado muestra de reconocer, no obstante, y para colmo, la ley adjetiva destinarle de manera expresa, los valores porcentuales que deben serles designados a partir de la expectativa de ingreso anual a las arcas públicas, cuyo producto está previsto en apenas el 2.66%.

A sabiendas de las responsabilidades que pesan sobre los encargados de cada uno de los poderes públicos, que en el aspecto de lo tratado, implica incluir en el anteproyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, los recursos que deben serles atribuidos al Poder Judicial, algunos en representación de los casi nueve mil miembros e integrantes de este Poder, entre ellos, jueces y empleados, se han volcado en una serie de manifestaciones públicas, bajo el sopesado pretexto e interés de lograr el cumplimiento del precepto legal que instituye destinar los porcentajes previstos por la Ley a este el tercer poder del Estado.

La falta de los recursos que han debido serles aportados al Poder Judicial ha ocasionado una seria erosión en su credibilidad, al extremo que muchos consideran su descalabro inminente. En tal sentido, no menos del setenta por ciento de la población nacional alberga desconfianza absoluta por este que está llamado a ser el oráculo bajo la cual se manifieste la fortaleza de nuestro sistema democrático.

En términos estrictamente operativos, el Poder Judicial es incapaz de suplir las necesidades mínimas de administración de justicia que reclaman los particulares que ocasionalmente se ven precisados a acudir a su mediación para la solución de los conflictos que se suscitan entra ellos y la de ellos para con el Estado. Es que francamente son muy pocas las diligencias que se procuran ante las instancias de jurisdicción que su solución no impliquen sino insatisfacción a los usuarios, todo por la perdida de tiempo, de recurso y de gastos que resultan muy elevados, y de la tardanza en obtener las resoluciones solicitadas, las que a final de cuentas, al lograrlas, la mayor parte del tiempo tardíamente, se convierte en inoperantes, insustanciales e innecesarias.

Como muestra que ilustra la falta de los recursos que les hacen falta al Poder Judicial para poder cumplir con sus propósitos, solo exponemos el hecho que en la provincia más poblada de la Nación Dominicana, con cerca de tres millones y medio de habitantes, la que representa la mayor pujanza del desarrollo nacional, la de Santo Domingo, la justicia  penal se administra en un furgón desde hace cerca de doce años.  De la inspiración de la ilustre magistrada Olga Herrera Carbuccia, presidenta de la Corte de Apelación, en licencia, de aquel Departamento Judicial, quien hoy ejerce como jueza miembro de la Corte Penal Internacional, es que surgió la idea de la instalación del referido local debido a la necesidad y a la falta de infraestructuras de que aun adolece aquella demarcación para operar el sistema de justicia.

Esta fue una magnifica iniciativa que luego ha degenerado en una vergüenza institucional todo por no haberse reaccionado a tiempo en la reposición de las localidades propicias que permitieran alojar las instalaciones necesarias que ameritaba la nueva provincia de Santo Domingo, creada en el 2001. 

El hecho además de no poder disponer del personal suficiente para hacerle frente a los tantos servicios judiciales reclamados por la población, y que tampoco exista la posibilidad para capacitar al personal operativo, bien porque las plantas físicas están descalabradas, al extremo que solo algunos de los tribunales ubicados en la capital del país, y unos escasos del interior tienen instalados equipos de aire acondicionado, la mayoría de los cuales al averiarse permanecen por largo tiempo dañados, muchas veces no hay a manos siquiera materiales gastables con los que dejar consagradas las decisiones jurisdiccionales.

La pérdida de confianza de la ciudadania en el tercer poder del Estado, no tiene escasa justificación. Mucha de la precariedad que acusa la administración de justicia pudieran ser suplidas por una poquita muestra de voluntad y de decisión política, en efecto, si el Poder Ejecutivo, como administrador de los recursos públicos, le destinara los fondos que dictan las leyes, muy especialmente la Constitución y la propia ley número 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa del… Poder Judicial …, entre otros, fuera posible poner en operación no menos de 98 tribunales que han sido creados hace más de diez años por las leyes, los que de estar funcionando reducirían sustancialmente la mora judicial atroz que nos afecta, garantizaría una adecuada y justa administración de justicia a favor de la ciudadania, lo que repercutiría en solidez y confianza en la inversión, tanto pública como privada, y ni hablar de la extranjera, que es la que ha mantenido en sano crecimiento anual la economía dominicana.

Superar los desfases de nuestra clase política en torno al reconocimiento de los derechos que les corresponden al Poder Judicial es una de las principales metas que deben ser impulsadas y alcanzadas en lo inmediato por todos aquellos que aspiramos tener, para nuestro disfrute, una sociedad más equitativa.


Salomón Ureña (W.A.).
Abogado - Notario Público.
Wamcho's father.