Moscoso Segarra, Un Juez Al Que Todos le Debemos Respeto.

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“El abogado no debe emitir una opinión legal sin un examen previo y ponderado de la situación”.  Jorge Subero Issa -Expresidente de la Suprema Corte de Justicia, 2007-2013.

La decisión de “No Ha Lugar” a favor del ingeniero Felix Bautista, y demás encartados en el proceso penal que por lavado de activos y otras incriminaciones ha patrocinado en su contra la Procuraduría General de la República, emitida por el honorable juez miembro de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, ha sido la punta de lanza asesina de la moral de este ilustre servidor público, el que no ha hecho más que dedicar su vida al estudio consagrado para derivarlo en servicios a favor de la comunidad. En contra de éste excelso magistrado no han faltado improperios y calificativos que llegan a la sinrazón.

Amén de los prejuicios que resultan de las afrentas proferidas a este juzgador, se cifra otra contra el libre ejercicio de su profesión, de coartarle el libre derecho que tiene a ser un juez imparcial, que solo responde a los criterios de su “intima convicción”, resultante de la evolución natural que le ha fluido como instructor de una causa atrapada en el cerrojo de la opinión pública, la que solo aprueba como justa, una decisión que satisfaga las expectativas - la de culpable- que ella misma ha sembrado, y que ha echado a correr por doquier.

Se ha creado una vorágine que desde nuestro humilde punto de vista ha sido innecesaria, por considerar que en muchos casos faltan el respeto a las instituciones y a los hombres que la componen, con lo que destruyen el reconocimiento que se le debe suponer a las estructuras de control social, reduciendo su capacidad funcional, convirtiendo por demás en nimios los valores, y la voluntad firme de aquellos que no hacen sino cumplir con su deber, lo que además envía señales de que accionar con valentía, y responsabilidad es cosa que solo haría levantar, cuanto menos, voces con sobrada carga de veneno viperino.

Los sectores inconformes con la decisión comentada, que en la mayoría de los casos son los mismos que adversan políticamente al descargado procesal principal, han omitido razonar que el mismo derecho que tienen para descalificar la decisión es el mismo derecho que tuvo el honorable juez instructor para emitirla. Solo que los primeros se sienten con la facultad suficiente para desbordarse en los calificativos malsanos que utilizan contra la decisión, contra el juez y contra el sistema de justicia que actualmente tenemos instalados, el cual claro está requiere de novedades que lo hagan más confiable.

Sabiendo nosotros lo corridos que somos para fijar posiciones sobre algún tópico de actualidad, sin tener muchas veces los elementos de juicios suficientes para emitirlas, mucho menos para sustentarlas, nos atrevemos asegurar que la mayoría de los que en su contra se han expresado, no conocen, no han leído, si siquiera se han preocupado por tener acceso a la carátula del legajo de documentos que constituye el cuerpo de la referida decisión.

En términos estrictamente técnicos legales, y después de leerla, nos parece que la decisión de marras está correctamente sustentada, lo que al parecer, de conocerse esto último, incomoda más a los que se le oponen, toda vez que más que sopesar los argumentos de derechos que la constituyen, prefieren maniobrar en el amplio campo de lo meramente especulativo, radicando sus consideraciones, para denigrarla, en el plano de lo fáctico, de lo que tampoco dan muestra suficiente de manejar en concreto, así lograr que sus voces resuenen con mayor eco, sin que necesariamente ostenten algún grado de verdad en sus perogrulladas. En el ínterin pierden la capacidad de recurrir a los medios que disponen las leyes para atacarla, y lograr entretanto la posibilidad de su revocación.

Las ansias de justicia colectiva que reinaba desde los tiempos sin fechas hasta épocas recientes, han proscrito, ya no es tan fácilmente posible aplicar un derecho a la medida de los intereses de las clases privilegiadas -hoy mediáticas-. De tan relevante importancia ha sido el giro que ha tomado los derechos individuales, que en nuestros cuerpos sustantivos contemporáneos, prima la defensa de estos, con cuyo concurso se protegen los colectivos. Eso que: “unum castigabis, centum emendabis" -castigarás a uno y corregirás a cien”, es cosa del pasado, ahora el derecho, y sobretodo el penal se sustenta en pruebas, en donde cada uno de los actores que participan en el iter procesal debe saber desempeñar su rol de manera cabal.

La ciudadanía debe entender que una decisión judicial debe ser emitida en torno a los niveles de compromisos que se demuestre han asumido los procesados, el juez se debe a los resultados que sus experticias le provean, un juez serio así debe actuar, y Moscoso Segarra ha demostrado serlo. Previo a este incidente, ningún sector de la vida nacional le restó mérito, ninguno pudo acreditarle comportamiento contrario de lo que se le requiere a un funcionario de su talla. Para muestra su acceso tras la escogencia de que fuera objeto para fungir como miembro de nuestro más alto tribunal de justicia, estuvo blindada por el alto caudal moral y de comportamiento que éste reflejó durante su vida profesional y familiar. Ahora se le pretende desacreditar por una vinculación partidaria que otrora abrigó, lo cual no le hace menos merecedor del cargo, y mucho menos es óbice suficiente para restarle valor a las decisiones que de su escritorio provengan.

Uno de los principios sobre los que versan las actuaciones de los funcionarios públicos en la actualidad es que sus comportamientos están sometidos a la sana crítica, pero recuérdese, esta además, debe ser prudente, respetuosa, y de tolerancia a los valores permitidos.

Este mar de lagrimas que se desparrama por doquier tiene menos sentido cuando la decisión adoptada por el honorable juez está sujeta a los diversos recursos que prevé la ley para impugnarla, de manera que la misma está sujeta a ser modificada, o cualquiera de sus partes, revocada, o ratificada.

En consonancia con que: “iustitia omnium est domina et regina virtutum -La justicia es reina y señora de todas las virtudes-, este juez, conocedor de sus funciones, se ha elevado como un vigía a contemplar más allá de los improperios, el susurro de su verdad, la que hizo prevalecer en un Auto de No ha Lugar calcado a la legitimidad de su proceder.

Contrario a las desconsideraciones que se han propalado contra el juez Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, desde esta tribuna, se le considera justo, decidido, y valiente, por cuanto se ha comportado a la altura de su formación, de sus valores, los cuales de poder ser medidos competerían con los de sus más fieros detractores. La decisión que ha tomado se sustenta sobre la base de los principios jurídicos que asimiló en su formación, que son los que priman en nuestro actual estado social democrático y de derecho.

Salomón Ureña  BELTRE.
Abogado – Notario Público.
Wamcho’s father.
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