Sobre el Presupuesto General del Estado. (1-3)

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La letra G del artículo 128 de la Constitución Dominicana dispone que: “Es atribución del Presidente de la República… Someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente…”.

El Presupuesto General del Estado se sustenta sobre las riquezas que genera la economía dominicana en un periodo de un año, el cual es la sumatoria de todos los bienes y servicios valorados a precios constantes durante igual periodo, es lo que los economistas denominan el Producto Interno Bruto (PIB).

A todo esto, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de diseñar la política económica sobre la cual entiende debe regirse el futuro inmediato del Estado, para lograrlo los expertos en la materia aconsejan que este se haga colaborar de por lo menos los sectores que inciden de manera determinante en la economía como los empresarios, industriales, productores, los profesionales organizados, los campesinos, los obreros, los chiriperos agrupados, los miembros de las juntas de vecinos, clubes, de las entidades de la sociedad civil que tanto auge han cobrado en los últimos decenios, y ni hablar de los grupos que más inciden desde las gradas políticas de la oposición. De esta manera se estaría reconociendo su importancia y dándole participación a todos los sectores nacionales, en la creación de un presupuesto participativo, el que se impone a uno que se prepare de manera restringida en un Consejo de Gobierno, ni siquiera ampliado.

Una vez diseñado el presupuesto de parte del Poder Ejecutivo, este lo debe remitir al Congreso Nacional para que en sus atribuciones legislativas lo tramite según el procedimiento ordinario establecido por sus leyes y reglamentos internos, cuyo estamento luego de estudiarlo, lo modificará, sustituirá, o adecuará, según corresponda a las necesidades del país, ora podrá aprobarlo tal cual le fuere enviado. Debemos confesar que no hemos tenido conocimiento de que a lo largo de la historia el Congreso Nacional se haya tomado la atribución para sugerirle siquiera, al Poder Ejecutivo una simple modificación al anteproyecto que le envía, durante toda nuestra historia republicana, este estamento solo le ha servido de sello gomigrafo.

Es una muestra de institucionalización y de respeto a las reglas de juego que se ha diseñado para nuestra convivencia social, que el Poder Ejecutivo al momento de elaborar el presupuesto de la nación, se imponga la obligación de observar las partidas fijas que deben quedar establecidas este instrumento de desarrollo, las que son destinadas a ciertas dependencias estatales y municipales, por mandato de leyes especiales. No puede, ni es atribución del Poder Ejecutivo soslayar el cumplimiento de la ley, este debe sujetarse su propia legalidad.

En este sentido, hay varios capítulos que las leyes ha dispuesto como designación porcentual fija de las riquezas nacionales las que deben ser destinadas apropiadamente al Presupuesto General del Estado anual , tal y como lo conocemos, por ejemplo, el 10% a los ayuntamientos, el 4% asignado a la educación, el 2.66% al Poder Judicial, el 1.44% al Consejo del Ministerio Público, así como el altísimo porcentaje que debe destinarse para cubrir el servicio de la deuda tanto pública interna como externa, la que al decir del representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), ronda el cincuenta por ciento del PIB.

No obstante, el gobierno, y sus asesores suelen mofarse de este mandato al momento de preparar este valioso instrumento que debe ser la insignia y referencia obligada que marque la posibilidad de desarrollo nacional.


Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado – Notario Público.
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Una Sanción Que se Convirtió en Agresión.

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La joven que ha sido condenada por una jueza a sufrir la pena de tres meses de prisión preventiva, por haberse congraciado en el interés de la ingesta de bebidas alcohólicas a una menor, es una muestra de las desproporciones épicas con que en nuestro país se imparte justicia.

Ciertamente que el comportamiento díscolo de esta jovencita debe ser ejemplarmente sancionado tanto por los efectos dañinos que a la salud de su hija menor pueda causarle, así como por la inquietud que le produce al espíritu pacífico de convivencia social bajo el cual todos aspiramos vivir.

La osadía que tuvo al compartir ingenuamente a través de las redes sociales su irreverencia, es un hecho que agrava su situación, es una indelicadeza que revela falta de madurez,  producto de su impericia natural por la edad que tiene -18 años-, y es ahí donde debe entrar la mano del Estado, no para malograrle la vida a la autora del hecho abusivo e ilegal, sino más bien para alternar una sanción  que medie entre la falta y el daño, que le ayude a curar las heridas causadas y llevarla a recuperarse para que enderece sus pasos.

Imponerle tres meses de prisión preventiva es un exceso que en lugar de ayudar a mejorar su conducta, lo que hace es potencialmente agraviarla.

El sentimiento de impotencia que produce ver en los medios de comunicación como es conducida esposada la joven que cometió el agravio, como si fuera un agente agresivo, de alta peligrosidad, nos coloca en una posición contraria a la actitud adoptada por la autoridad, la que acusamos de haber actuado de manera desproporcionada en el caso de la especie.

Al decir del perfil de la sancionada, ésta es una de las tantas jóvenes que fruto de la descomposición que acusa nuestra sociedad, marginada por la falta de políticas efectivas del Estado para impedir que a tan temprana edad, jovencitas como ella se vean expuestas a tener relaciones sexuales, de las que se producen nacimientos de nuevo seres humanos, cuyas madres no tendrán las destrezas para coadyuvar positivamente en sus óptimos desarrollos, sin importar el esmerado cuidado que pongan para brindarle formación, y educación a éstos retoños bajo tales condiciones concebidos.

Entendemos que de parte de las autoridades competentes, deben crearse métodos preventivos que hagan reducir estas ocurrencias, y no tomar como conejillas de indias para asentar precedentes a quienes no son del todo culpables de tan gravosas imputaciones y peores sanciones.

Hay que saberse en la piel de esta jovencita que hasta el momento de su desgracia desconocía los niveles de consecuencias que acarrearía su imberbe mal comportamiento. Los agentes del sistema han aprovechado su necedad –fruto de su impericia- para cebarse en ella, utilizando toda la maquinaria estatal para sancionarla cruelmente, en lugar de hacer mea culpa,  tras lo cual incentivar mecanismos que impidan que estos hechos se reproduzcan.

Como simple figura retórica, y haciendo un símil con las tres canticas de que está compuesta la Divina Comedia, de Dante Alighieri, se advierte que el tono realista y dramático que expone su autor para describir al “Infierno”, es lo que ha tocado vivir a esta joven, luego de lo cual, no importa lo que hagan las autoridades lograrán sacar a la afectada del oscuro estadio al que la han lanzado, fruto de la indelicada decisión de encerrarla en la cárcel, lo que impedirá pueda ésta gozar de las dulcísimas luces que le hubo de deparar su futuro –“El Paraíso”-, no teniendo en el porvenir ninguna oportunidad de pasar siquiera por -“El Purgatorio”-; su vida la han hundido en un abismo del que probablemente no tenga retorno, si no se toman medidas más adecuadas a la brevedad.


Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado – Notario Público.
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…y llegó el 9-N para Cataluña, se le impuso Mas a Rajoy?

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Tras las amenazas constantes del presidente del Gobierno español de que no permitiría la realización de la Consulta Catalana, ha llegado el 9 de noviembre (9-N) con todas las urnas colocadas, listas para recibir el voto de los ciudadanos con el resultado de lo que aspiran para su futuro inmediato, de si quieren o no seguir unidos a España.

La Consulta que aunque no se realiza bajo los caracteres que le den viso de legalidad por cuanto sendas decisiones del Tribunal Constitucional así la prohibieran, luego de los recursos que en este sentido les sometiera la dirección del Estado, las que antes fueron aprobadas por votación unánime tanto del Consejo de Ministro como del Consejo de Gobierno, terminará siendo una referencia obligada para los preparativos a ser incluidos en la agenda futura del añejo movimiento independentista Catalán.

Artur Más, presidente de la Generalitat, la misma a la que se aspira beneficiar con la celebración de la Consulta, ha sido el más solido y destacado propiciador contemporáneo del movimiento, quien ha sabido hacer lo necesario, con constancia de manipulación circunstanciadas añadida, para adaptar su objetivo a las diatribas a las que ha sido empujado por los menores esfuerzos que en su contra ha practicado el Gobierno presidido por el señor Mariano Rajoy.

Rajoy quien se ha identificado en contra de la Consulta, se la ha jugado a costa de ver que su enemigo cometa los errores que por vía de consecuencia la hicieran impracticable, pero no contó con que la habilidades de Altur Más, resultarían de tan altos ruedos, que haría que su proyecto supiera adaptarse a los posibles escollos que encontraría en el camino, y efectivamente llegó el día en que logró su objetivo.

A fin de cuentas, Mariano Rajoy, no obstante tener a su lado a la doctora Soraya Sáenz de Santamaría, la mujer más y mejor valorada de su gobierno, y la que para quien suscribe, la más inteligente de las que tiene referencia de las españolas, no contó con tener una línea de estrategias definidas que impidieran, o por lo menos  neutralizaran la realización de la Consulta.

Las diferentes fuerzas sociales y políticas que se oponían a su realización, canalizaron algunas de las propuestas que entendían debían ser hechas por el Gobierno con asiento en la calle Puerta de Hierro de Madrid, a los dirigentes del movimiento independentista, como sentarse con ellos para que juntos pudieran negociar métodos alternativos y diferentes que trazaran una línea de administración más efectiva de los tributos a los hasta la fecha utilizados, y de no, y como ya hemos dicho en escritos anteriores, manejar la tesis de la modificación de la Constitución para viabilizar la concretización de autonomía más relevante de las diferentes comunidades ibéricas, con lo que solucionaría un problema no solo para Cataluña sino para toda la antigua Hispania.

En algún momento muchos llegamos a suponer que el Gobierno central haría uso de los medios extremos que le dota el Estado, hasta el coercitivo inclusive para impedir la comisión de actos que aluden la desintegración del territorio español, lo que le está perfectamente atribuido por su ordenamiento legal.

En este sentido, el Gobierno del presidente Rajoy desaprovechó la oportunidad de ser categórico en los propósitos fundamentales de su mandado que lo es el ordenado por el artículo 2 de la Constitución de su país, el que se manera expresa dispone que:

“La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la ingresan y la solidaridad entre todas ellas.”

Y para mantenerlo este Cuerpo Sustantivo en su artículo 8, instruye  garantizar la indivisibilidad de su territorio, asumiendo el uso coactivo de los medios necesarios, al disponer de manera expresa, que:

Art. 8.- “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

De manera que le está facultado al Ejecutivo utilizar en ocasión de que se amenace la integridad de la Nación, no importa de donde provengan tales amenazas, la utilización de todas las herramientas para impedirla, incluyendo a las fuerzas armadas, sin embargo, todos nos hemos quedados pasmados antes las inconclusas maniobras del gobernante que se hace llamar el reanimador de la economía que él mismo ha ayudado a originar con la modificación de las leyes laborales, por ejemplo, las que en su conjunto han ido en contra de los trabajadores; y que menos hace por interrumpir las olas de corrupción que florecen constantemente de parte del litoral de la agrupación a la que pertenece, el Partido Popular (PP).

Los dirigentes que promueven la Consulta para la independencia del noreste de la península ibérica se han arriesgado a ser perseguidos eventualmente por la vía judicial, y hasta perder cierto respaldo popular por su osadía, habiendo logrado, eso si, lo que ni Rajoy esperaba se realizara, la Consulta.



Salomón Ureña B E L T R E
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