Criminalidad y Delincuencia Ciudadana.

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Hace algunas noches me entretenía viendo un programa de televisión del cual me llamó poderosamente la atención la afirmación que allí se hiciera en el sentido de que tanto empresas del sector privado como entidades gubernamentales del mundo invierten cuantiosos recursos económicos en investigación de medios a través de los cuales poder evitar que el planeta tierra pueda ser impactado por meteoritos o por cualquier tipo de amenaza que provenga del espacio exterior.

Aquella información me llenó de satisfacción, me sentí conmovido hasta el interior de mis huesos al contactar como los humanos intentamos proteger nuestro propio hábitat y a nuestra especie, sin embargo, no invertimos los recursos suficientes para protegernos los unos de los otros al interior de nuestro propio planeta.

Confieso que llegué hasta el insomnio porque me interrumpió en medio de la alegría la impotencia que debo acariciar al recibir las constantes informaciones sobre los actos de violencia que se suscitan a diario en nuestra sociedad, lo que ha llegado a convertirse en una verdadera espiral de violencia, la que de peor asunto, ha hecho que tantas personas hayan perdido sus familias, sus bienes, su dignidad y ni hablar del más preciado bien con que cuenta todo individuo: la vida. Todo sin que desde los órganos competentes del Estado hayan muestras contundentes de preocupación por este fenómeno.

La delincuencia se ha convertido en el más grave y peligroso flagelo social.

La sociedad está toda llena de temor fundado en que la delincuencia se ha envalentonado tomando la primacía en las calles, en nuestros lugares de trabajo, hasta en cada uno de nuestros propios hogares.

Caray, cuan sarcástico se ha estado dejando ver el lado oscuro de algunas personas con los actos de violencia que han estado reproduciendo en nuestro diario vivir. Algunos implican sus razones en que la mayoría de los incidentes provienen de individuos que no han tenido acceso en la vida sino a la más absoluta miseria, a la precariedad insultante, sin embargo, nada, absolutamente nada justifica la violencia tan desalmada que nos arropa.

Según estiman refutados científicos de la conducta humana, la naturaleza del comportamiento humano es básicamente anárquica y violenta, cuando se le pone contra la pared, éste reacciona contrario a todo espíritu de civilidad.

Tantísimos son los factores que intervienen en la ola de criminalidad y delincuencia que arropa a nuestra sociedad que procurar limitarlos por señalamientos expresos sería incurrir en gravoso error.

Pero mayor ineptitud sería, si no intentáramos, por lo menos, parcelar o mencionar sus posibles causas, so pena inclusive de quien no se encuentre en el listado, se sienta por ello exonerado de la responsabilidad que tiene sobre este fenómeno.

No queremos soslayar las causas científicas que definen e identifican hasta con fórmulas logarítmicas, de manera más clara el problema. Estas causas que se originan en factores  tantos endógenos como exógenos, han sido tratadas desde los orígenes mismos de la convivencia comunal.
Dentro de los factores que intervienen en el tenebroso ámbito de la delincuencia, se sitúa el que tiene que ver con las políticas de Estado, que son las que moldean la conducta social, las que rigen el comportamiento de las personas. El ser humano reacciona sugestionado por la influencia que las políticas de Estado ejercen sobre sus vidas.

La desidia mostrada por las pocas acciones políticas que se aplican en el seno social, es la que origina, alimenta y mantiene la delincuencia en todos sus órdenes.

Si cada ser humano tuviera acceso a las facilidades que deben provenir del Estado, permitiéndole alcanzar sus metas, los índices de delincuencia no es que dejarían de existir, pero si se reducirían al mínimo tal y como lo muestran los resultados en aquellos países en donde existe una mejor política de Estado en ocasión de hacer una mejor distribución de la riqueza y en consecuencia, el establecimiento de normas que sirvan para frenar el auge de la delincuencia.

La falta de oportunidades que provienen de la indiferencia del Estado al no brindarle satisfacción a las necesidades más perentorias de las personas, tales como educación, alimentación, salud, transporte, etc., potencia el recrudecimiento del accionar violento y criminal de las personas.

Todo se traduce en que hemos permitido que las autoridades que manejan nuestros fondos estatales los administren a su antojo, casi siempre destinándolos a políticas de Estado que no necesariamente satisfacen las exigencias que imperan en el momento a favor de las grandes mayorías.

La falta de oportunidad, el irrespeto a las instituciones, a las leyes a las que tanto pobres como ricos contribuyen de la misma manera.

Las malas políticas de combate a la delincuencia, incluyendo la de cuello blanco, amén de que se estima que el 80% de los crímenes son cometidos por reincidentes, se corresponde como una de las causas más sonantes de este deforme accionar humano.

Gran parte de la comunidad se ha expresado en contra el Código Procesal Penal por entender que este exige mayores presupuestos para asegurarle la prisión a un delincuente que para mantenerlo en libertad. Este instrumento le permite al delincuente reincidir con mucha facilidad. Las autoridades actúan como si no se dan ni por enteradas, en este sentido.

Debemos avocarnos a hacer un cumplimiento más efectivo de las leyes. El Estado y la sociedad deben procurar disminuir los privilegios hacia entidades grupales e individuales. Esto causa mucha irritación y estallido individual y social.

Pero también hay una gran responsabilidad, en ti y en mi, en todo este descalabro social que experimentamos, por habernos hecho indiferentes a la problemática social que arrastra a cada ser humano al desvarío de cometer tantos hechos despreciables. Debemos involucrarnos e instruir para enseñar que las apetencias individuales sólo provocan caos y desafíos insaciables.

Los conflictos de convivencias sociales que se manifiestan en violencia deben ser enfrentados mejorando la distribución de nuestras riquezas, educando y alimentando mejor, creando nuevas y dignas fuentes de trabajo.

Nos hace falta integrarnos más como comunidad, debemos procurar que cada persona aprecie el verdadero sentido de la vida, debemos concientizar sobre la solidaridad, el amor al prójimo. Las fuerzas vivas y conscientes de la sociedad deben dejar de hacerse de la vista gorda ante la tanta miseria que arropa a la mayoría de la población. Todos debemos actuar en conjunto, tal cual se hace en otras esferas, para colaborar en la dignificación de la vida del ser humano.

Los ciudadanos les aportamos recursos suficientes a las autoridades para que creen y apliquen políticas que redunden en favor de quienes han resultado excluidos por tantos años de la atención del Estado. Es nuestro deber comenzar a exigirles cumplir en hacer de este un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho.

Sólo así alcanzaremos la paz social que tanto anhelamos retomar.

Salomón Ureña Beltre.
Abogado.
809 353 5353
809 381 4353

Habeas Data de Blas Minaya Nolasco

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Para elaborar una obra literaria, cualquiera que sea su género se requiere además de fino tacto y de agudo sentido, de un intelecto muy bien cultivado, de una voluntad férrea, de madurez bien alcanzada, dedicación, concentración y sobretodo de gran determinación.


Más difícil es ser pionero entre muchos. Elevarse con lucidez, es algo que se le tiene reservado sólo a los que no son tibios, a los osados y de valiente proceder, a los que tienen plena seguridad en sí mismos, los que se auguran éxitos hacia el porvenir, los de espíritu inquieto. 

Los que así actúan merecen ser especialmente reconocidos, debido a que el resultado de sus iniciativas produce cambios tan radicales que no sólo les afecta la vida a ellos mismos, sino que transforman, y que mejor cuando es positivamente, la vida de los demás.

En este sentido, el Licenciado Blas Minaya Nolasco, luego de la promulgación de la Constitución del 26 de enero del 2010 no quiso quedarse exento a la novedades que traía consigo este nuevo instrumento, por lo que decidió aportar su granito de arena de los tantos que requiere este nuevo Cuerpo Sustantivo para adoctrinarlo y hacerlo comprensible a todos quienes gustan y deben abrevar de los temas jurídicos de carácter constitucional.

Blas Minaya Nolasco se animó, investigó y aportó de sus vastos y especializados conocimientos para escribir una obra que al criterio de los más entendido es magnifica en su contenido y en su erudición.

“Habeas Data, Garantía Constitucional de Protección de Datos”, es el primer libro que escribe su autor, en donde recoge todo lo relativo al tema que aborda y lo hace con gran profundidad.

Con su obra, el autor le impregna sentido doctrinario al Artículo 70 de la Carta Sustantiva de la República Dominicana, el que incluido en el Capítulo II que trata sobre Las Garantías a los Derechos Fundamentales, muy especialmente al tema sobre el Habeas Data, al poner al servicio de la colectividad sus conocimientos sustentados en estudios realizados en los centros universitarios más renombrados tanto de América como de Europa, así como de una amplísima y aquilatada práctica profesional que le ha permitido colocarse dentro del rating de abogados más reconocidos con los que cuenta actualmente nuestro país.

Blas Minaya Nolasco ha tenido un delicado olfato para escoger un tema que no en muchas latitudes se ha podido abordar con la especialidad que él lo hace, ni siquiera en países europeos donde tuvo origen el Habeas Data, se ha podido editar y entregar a los lectores una obra de semejante calidad y originalidad.

La obra “Habeas Data, Garantía Constitucional de Protección de Datos”, ha sido recibida con tanta fascinación en el medio jurídico que los intelectuales que se presentaron a su puesta en circulación, entre ellos, el Honorable Magistrado Procurador General de la República, Dr. Radhames Jiménez Peña, la Honorable Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, la Dra. Jenny Verenice Reynoso, el Honorable Juez, primer sustituto del Tribunal de Garantías Constitucionales, Dr. Lino Vásquez Sámuel, el Alto Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, el Dr. Perfecto Acosta, así como representantes de delegaciones diplomáticas extranjeras, consideraron que no obstante estar la obra contenida en 174 páginas, la misma puede ser considerada como un verdadero tratado por lo sustancioso de su contenido así como por la brillantes expositiva del autor.

Esto revela el alto índice de satisfacción que la expectación del libro creó en todos quienes asistimos a su puesta en circulación.

La osadía del autor se pone de manifiesto al revelar acontecimientos y al hacer aseveraciones que pocos intelectuales como él se atreverían a prohijar en cualquier tipo de escenario. Esto hace que su obra no sea exclusivamente didáctica, como en efecto lo es, sino que además está inspirada para que el lector se llene de informaciones trascendentales, logrando que su lectura se haga más interesante.

El libro es una evidencia de que el autor ha vivido experiencias que le han madurado en tiempo exacto, se dan muestras de la gran destreza, de la óptima habilidad y de la profundidad que ha alcanzado su auspiciante para entregar un producto tan finamente preparado fruto de sus arduas labores de investigación.

Blas Minaya Nolasco plasma en su obra conocimientos de última generación, le brinda luces a estudiantes y a profesionales, a los pensadores de más refinados razonamientos les brinda sabiduría. Las palabras no exceden el grado de importancia real que decimos tener debido a que son muy pocos los autores que a nivel internacional han hecho un trabajo tan concienzudo sobre el tema que aborda en su libro.

Es de sabios la observación y de inteligentes encausar la concretización de una idea que dé como resultado una obra tan valiosa. El esmero puesto en Habeas Data, Garantía Constitucional de Protección de Datos, es el motivo que justifica el resultado que persiguió su autor.

Nos enorgullece ser amigo de este singular ser humano, quien ha mostrado tener sensibilidad para adoptar y emprender proyectos de tan seria responsabilidad que a fin de cuentas van dirigidos para contribuir al desarrollo social de nuestro país.

Este talentoso profesional, tras la edición de su obra: "Habeas Data, Garantía Constitucional de Protección de Datos" da un paso trascendente y gigantesco que lo convierte en un referente obligatorio, lo llena de plena satisfacción en términos intelectuales y profesionales y sobretodo, lo eleva a los confines de la historia, y con él toda una generación que hace propio los esfuerzos desplegado por él, tras culminar una obra que merece ser leída por todos.

Con el Habeas Data, Garantía Constitucional de Protección de Datos, el autor deja de ser exclusivamente útil a la sociedad y se extrapola hasta convertirse en un ente de importancia global.

Felicidades buen amigo Blas Minaya Nolasco.


Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
809 353 5353
809 381 4353

Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
809 353 5353
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“Habremus Presidemtun”

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 No por simple adivinación ya la sociedad dominicana ha determinado quien será el ganador de las elecciones que pasaron de avecinarse a ser una latente y consciente realidad.


Ya todos estamos definidos y sabemos de antemano quien será el próximo presidente de la República.

Hasta antes de llegar a esta fecha fueron muchos los vericuetos por los que hubo que transitar, mucho lo que hubo que tolerar de los políticos y de la pesada campaña a la cual nos sometieron. Es muy pesado el trajín que imponen a los ciudadanos los procesos de propaganda político-electoral. Por esta razón se les reclama a los políticos la implementación de novedosas fórmulas de promoción de sus proyectos electorales para que sean tan afectados los ciudadanos a los que no les agrada participar de estas actividades. De esta manera damos muestras del incipiente desarrollo que hemos alcanzado.

Las muestras de inversiones estrafalarias de recursos tanto público como privado es uno de los elementos que deben ser enfocados para reformarse en los siguientes procesos electorales debido a que las actuales fórmulas provocan irritación a los ciudadanos. Esta campaña que recién concluye nos ha evidenciado una seria contradicción entre los despilfarros en los que incurren los políticos de esta época y la pobreza en que está sumida la mayor parte de la población, no existe en éstos la sensibilidad social que otrora se esforzaban proyectar aun fuera para acarrearse la buena voluntad de los votantes, que son en su mayoría los pobres.

Un aspecto interesante a resaltar en el actual proceso electoral es que ambos partidos que se tercian la primacía electoral, han pasado de sentirse ganadores plenos de las elecciones a vaciladores de alcanzar la victoria.

Podíamos apreciar hasta hace unos meses que los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana estaban convencidos de las pocas posibilidades que tenían para mantener la cuota de poder de que gozan desde el Palacio Presidencial de la Dr. Delgado, que por cierto, es de los pocos del mundo que no tiene nombre, tal como La Casa Blanca, en los Estados Unidos de Norteamérica, La Moncloa, en España, el Eliseo, de Francia, La Casa Rosada, de Argentina o El Palacio de Miraflores, en Venezuela, etc.

Al día de hoy los cambios han aflorado en esta parcela política y ha vencido, según sus propias impresiones,  el saber hacer política, esto es, el saber ganar elecciones…

El consciente y decidido interés de los máximos dirigentes de este partido, anclados en el excelente equipo de estrategas del que se han hecho valer, ha calado para acarrear una aureola triunfalista en el electorado y en su propios correligionarios.

Por el contrario, un cambio radical ha sobrevenido en las expectativas de los blancos, no solo hay una voluntad flanqueada de parte de los perredeístas sino que hemos tenido experiencias personales de verdaderos simpatizantes de este partido que han osado hacer apuestas en contra de su propio partido. Se les nota en el rostro un convencimiento de que asisten a una innegable derrota.

Desde nuestra óptica, la actual coyuntura electoral será definitoria para el futuro político de los dos principales candidatos que tercian en la carrera presidencialista; el que pierda deberá retirarse del ruedo y ejercicio político, como lo decidió luego de perder las recientes elecciones francesas, el ex presidente Nicolás Sarkozy.

Luego de los próximos cuatro años las respectivas propuestas de gobiernos tanto de Danilo Medina como de Hipólito Mejía serían obsoletas. Es nuestra convicción que cualquiera de los candidatos que gane las elecciones quedará restablecido políticamente para gobernar durante los próximos cuatro años, no así para el que las pierda.

Sobre el candidato Hipólito Mejía pesa la desagradable experiencia que vivió la comunidad nacional tras la debacle de las entidades bancarias por allá por el 2003, quien por su experiencia de Estado puede reevaluar como hacer un mejor gobierno que el que encabezó en el periodo 2000-2004, frente a un Danilo Medina que no tiene en lo personal ninguna cola que le pisen, éste se ha preparado para ser presidente de la Republica, conoce al dedillo los problemas fundamentales del país y ha dejado entrever con mucha claridad que está dispuesto a sortear cualquier obstáculo para llevarse la gloría de haber hecho un buen gobierno. A éste candidato tras su paso por las diferentes instancias del Estado no se le ha podido señalar negativamente nada que pueda empañarlo.

El suscrito aspira a que en el próximo gobierno hayan directrices tendentes a organizarnos como nación, que hayan meridianos esfuerzos que tiendan a disminuir los altos índices de pobrezas que acusa la mayoría de nuestra colectividad. Instanciamos a los políticos a que su accionar lo direccionen a fortalecer la independencia ciudadana a través del desmantelamiento de los programas de ayuda, traduciéndolos en inversiones que propendan a hacer de cada cual, un buen técnico, un buen profesional, que cada individuo dependa lo menos posibles de las dadivas del Estado y de sus instituciones. Que se enfoquen hacia la creación de nuevas plazas de trabajos, utilización efectivas de nuestros recursos medioambientales y humanos, pero sobretodo que se inicie una política de educación que trascienda a favor de los ciudadanos.

Aspiramos a que se produzcan cambios en la mentalidad de quienes nos dirigen que propugnen por el bienestar de las grandes mayorías. Todo esto se lograría haciendo un uso adecuado de los recursos que genera el Estado.

Estas serán las últimas elecciones donde los votantes concurriremos a escoger de manera separada al Presidente de la República, en lo adelante, según lo ordena la Constitución del 26 de enero del 2010, la Junta Central Electoral deberá preparar elecciones para elegir de manera concomitante tanto los cargos congresuales y municipales, así como a quien deberá dirigir desde el ejecutivo el futuro inmediato de la República. Esperamos tener una ley electoral bien consensuada entre las diversas fuerzas vivas de la Nación para las elecciones del 2016.

Lamentablemente todavía en nuestro país no existe la continuidad de Estado, un cambio de gobierno implica un cambio de todo lo que se ha proyectado, debido a que cada partido, cada candidato, cada persona tiene su propio objetivo y los métodos de cómo afrontar los problemas que abaten a la comunidad. Esto debe dejar de existir, debe instaurarse una nueva mecánica de dirección y de ejecutoria de la cosa pública.

Anhelamos a que en nuestro país se establezca un gobierno que abra una era donde comience a afianzarse el valor de las instituciones más que el de las personas, que sean las instituciones las que coadyuven de manera sistemática al desarrollo nacional, de esta manera tendremos el país que todos merecemos.


Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
salomonbeltre@gmail.com

Expropiaciones o Incautaciones de Empresas Multinacionales

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Recordamos la ola de expropiaciones y nacionalizaciones de empresas de capital de inversión fundamentalmente extranjero que hubo en Venezuela, luego del ascenso al poder de su aún actual presidente, el Coronel Hugo Rafael Chaves Frías.


Pues este fenómeno ha vuelto a rondar por los países suramericanos a partir de la tercera semana del mes de abril, cuando el gobierno de la reelecta presidente de Argentina, María Cristina Fernández de Kirchner, decidió nacionalizar la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una entidad colateral de Repsol de España.

YPF es una empresa constituida bajo las leyes de Argentina dedicada a la exploración, explotación, destilación de los recursos provenientes del petróleo, de cuya inversión el cincuenta y uno por ciento de sus acciones corresponde a capital español. YPF es la subsidiaria más importante con la que cuenta REPSOL, le aporta anualmente unos 1,400 millones de euros, siendo la empresa que más auge ha tenido en los últimos años dentro de su matriz.

Mas tarde, el día primero de mayo el presidente boliviano, Evo Morales, anunció la expropiación de la Distribuidora Eléctrica de España, justificado en el supuesto hecho de que esta entidad no había cumplido con el organigrama de inversión proyectado que había sido acordado con el gobierno central.

En uno y otro caso coincide que ambas empresas expropiadas y nacionalizadas están constituidas por inversión de capital español en su mayor parte.

Tanto Argentina como Bolivia son dos países que se soportan sobre una base democrática de la que se deriva como uno de sus pabellones fundamentales el respeto a la propiedad privada. Uno y otro país están regidos por sendas constituciones que preceptúan la figura de la expropiación, una y otra regulan de manera estricta las formas en que estas deben realizarse. 

La expropiación es una figura jurídica que es definida como cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan.

Se sabe que el bien común o la utilidad pública, como quiera que se le llame, debe prevalecer sobre la utilidad del propietario. Es sobre este fundamento que la ley ha justificado el derecho que tiene el Estado de expropiar los bienes pertenecientes a los particulares sean estos personas físicas o personas morales. Por su naturaleza, la expropiación solo puede producirse por el Estado y sus funcionarios, nunca por un particular, por cuya razón se pueden derivar consecuencias legales contra aquellos que promuevan la nacionalización de entidades sin cumplir con la obligación previa de reparar el justo precio de lo expropiado.

Sin embargo, el más importante aspecto a que está sometida la facultad del Estado a expropiar una propiedad estriba en indemnizar de manera justa al titular del bien expropiado, toda expropiación implica una indemnización, de no serlo, se convertiría en una confiscación.

El legislador ha puesto fundamental interés en procurar que todo propietario antes de ser despojado de su bien, sea antes resarcido de manera justa, todo en procura de que el Estado no asedie de manera abusiva o inescrupulosa los intereses patrimoniales de los particulares. 

Incumplir la ley en el sentido de no pagar las indemnizaciones que correspondan luego de incurrir en  expropiación coloca en altísimos riesgos las inversiones extranjera a futuro en los países donde se produzcan.

Las autoridades argentinas debieron decretar un Estado Emergencia para justificar la expropiación de YPF, ya que la Constitución de ese país faculta a las autoridades a no tener que resarcir previamente a los propietarios de los bienes expropiados siempre que hubiera un Estado de Emergencia o de Defensa Nacional; aunque han asegurado que garantizan que los propietarios privados de sus riquezas, esto es los inversionistas de YPF, serán resarcidos de manera justa y oportuna. Con esta afirmación procuran las autoridades sembrar cierta confianza en los capitales foráneos de inversión que se han expresados sentirse amenazados por la posibilidad de que el fenómeno de extienda a otras empresas. A la fecha de la elaboración de este escrito, no se han dado señales incontrastables de cumplirse con el requisito fundamental.

Respecto al caso de Bolivia, ha habido uno que otro funcionario que ha osado decir ante los medios de comunicación que el gobierno considera que no existen razones que justifiquen indemnizar a los antiguos titulares de la entidad Distribuidora Eléctrica de España.

Expropiar bajo el predicamento de no cumplir con las indemnizaciones correspondientes es incurrir en confiscación. Esta es una manera indelicada e imprudente de arrebatar los bienes de las personas. Estas medidas provocan incertidumbre y desconfianza innecesarias hacías las futuras posibles inversiones que deban hacerse en estos mercados. 

Expropiar sin indemnizar previamente es una violación flagrante a la propiedad privada y a las leyes de la competencia, amén de que se acentúa la vocación de estos países a ser considerados consuetudinarios en la práctica de violación del estado de derecho imperante.

La no satisfacción de las indemnizaciones que corresponden a los expropiados acarrea además que aquellos funcionarios que las hayan promovido sean luego encausados y perseguidos personalmente por distracción de bienes privados, según las tipificaciones legales que hayan conquistado las legislaciones de aquellos países.

La experiencia nos dice que este tipo de intervenciones sobre los bienes privados de las personas se producen generalmente para beneficiar los intereses individuales de los políticos más que los intereses comunes de los ciudadanos.

Tanto Bruselas, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Francia y ni hablar de España, entre otros países, han expresado su abierta oposición a estas medidas de linaje francamente violatorio a la ley, medidas que tienen carácter meramente antojadizos de los gobernantes de los países que han incurrido en estas cuestionables y desafortunadas decisiones.

A fin de cuentas, este tipo de medidas que suelen tomar nuestros gobernantes latinoamericanos hacen más mal que bien a nuestras de por sí muy frágiles economías.


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Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
809 353 5353
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