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Pero
también puede el Estado captar recursos a través de ventas de sus propiedades,
donaciones, actividades empresariales encaminadas por su propio patrocinio, préstamos,
ya sean internos o externos, expropiaciones, y como ya hemos dicho, de
tributos, entre otros.
De
ahí que el Estado juega con tres operaciones básicas: Obtener Recursos o
Ingresos; Realizar Gastos o Egresos y Satisfacer las Necesidades Públicas.[1]
El
cúmulo de los recursos que atrae el Estado para sus arcas los obtiene pues de las
aportaciones contributivas que realizan aquellos sobre los cuales se verifica
el hecho generador de la obligación tributaria, cuyos recursos deben ir a parar
de manera irrestricta a los destinos que les asigne el Presupuesto General del
Estado.
El
presupuesto es el resultado de las estimaciones y expectativas de ingresos y
egresos a los que se supone deberá hacerles frente el Estado durante un período
determinado, generalmente un año comprendido de enero a diciembre.
En el caso dominicano, es el artículo 93 de nuestra Constitución
Política actualmente vigente, la del 2010, el que le atribuye al Congreso
Nacional, la facultad de aprobar anualmente la Ley de Presupuesto
General del Estado, la que
en virtud del artículo 112 del Cuerpo Sustantivo indicado, es una ley orgánica,
por regular un importante sector de la estructura organizativa de los poderes
públicos nacionales.
La elaboración del presupuesto debe hacerse de manera
tal que la distribución de los recursos, los que casi siempre son muy escasos,
sea hecha con equidad, de modo tal no se vea afectado el desarrollo de las
instituciones, sectores u órganos estatales o privados a los que los mismos
deben destinarse, y así evitar que hayan distorsiones en su implementación.
El presupuesto destina a todos los órganos de la
estructura gubernamental los recursos que estas estiman y que finalmente son aprobados
por la ley que lo vota, lo que viene a ser una especie de camisa de fuerza a la
que quedan sometidas cada una de ellas, no pudiendo sino por causas
justificadas, tales como siniestros de la naturaleza, variar el destino que le
es impuesto por la ley que los asigna.
La letra G del artículo 128
de nuestra Carta Magna, instruye al Presidente de la República, el deber de
depositar al primero de octubre de cada año al Congreso Nacional, el Proyecto
de Ley de Presupuesto para el año próximo.
Las fuentes principales o
más apreciadas que tiene el Estado para aplicar los impuestos, tasa o
contribución, según sea la naturaleza del tributo, base imponible, son entre
otras, el Impuesto Sobre la Renta, el Impuestos a la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria o
al Patrimonio (IPI), a las Sucesiones y Donaciones, a las Armas de Fuego, a la
Constitución de Compañías, a las Loterías, Juegos y Casinos, a las Bebidas
Alcohólicas y al Cigarrillo, a las Placas de Vehículos de Motor, a las Patentes
y a los Ayuntamientos, Impuestos a los Servicios Financieros, Impuestos
–aranceles- Aduanales, etc.
Cabe señalar que de la
combinación de los artículos 1 y 2 de la Ley que aprobó el Presupuesto Público
del Estado Dominicano para el actual año 2013, que es la No. 311-2012,
determinó que los ingresos esperados rondan los RD$384,425,298,445 y que los
egresos o gastos andarán por la suma de RD$454,727,293,593 de lo que se deriva
un astronómico déficit de RD$70,301,995,148, recursos estos que han sido
sacados de las costillas al pueblo dominicano, de entre otras fuentes: variación
de las tasas aplicadas a los tributos nacionales, tras la ascensión al poder
del actual gobernante, el licenciado Danilo Medina Sánchez, entiéndase
modificación al alza de los tributos contemplados por el Código Tributario, así
como del alza que se registra semanalmente de los combustibles y derivados del
petróleo, y un largo etc.
Lo peor viene a cuentos de
que de las anteriores cifras presupuestadas se tienen, en su mayoría colectados
los recursos en las arcas estatales, y resulta que algunas instituciones de las
que se les designaron los mayores porcentajes presupuestales, tales como el
Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación lo han ejecutado por debajo de los
niveles aprobados, lo que desdice de una buena administración de parte de sus
titulares.
No se concibe que existan
recursos ociosos del presupuesto estatal por no haber sido utilizados debido a
la falta de planificación, máxime cuando no hay un solo sector de la vida
pública o privada nacional que no esté deseoso de aprovechar la implementación
de los mismos de tal manera se vea activada la economía dominicana que tan contraída
anda en estos días.
Salomón Ureña BELTRE.
Padre de Wamcho.
Abogado – Notario.
809-353-5353
[1] Derecho Tributario Administrativo, Edgar Barnischta Geara, Pág.
23, 1ra. Edición, 1989, Edit. Corripio.
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