El
denominador común a estos malestares es la falta de remuneración decorosa y
adecuada a sus necesidades. No existe una relación vinculante entre el
esfuerzo, la calidad del trabajo ofrecido con la contraprestación que le es
debida y pagada a los servidores judiciales.
La
mayoría de los miembros de este poder estatal está padeciendo los sinsabores de
una justicia que ni a ellos mismos les hace honor, al percibir salarios que
están muy por debajo inclusive de los costos promedios de la canasta básica
familiar que al decir del Banco Central de la República Dominicana, está por
encima de los RD$10,000.00 mensuales.
La
causa inmediata que genera este engendro lo es el “estado de ilegalidad presupuestaria”
en el que incurre el Estado Dominicano desde la promulgación de la Ley No.
194-2004, que le otorga autonomía presupuestaria y administrativa, entre a
otros órganos públicos, al Poder Judicial, al decir del jurista John Garrido, en el
programa de radio Reflexión Jurídica del sábado 7 de septiembre del 2013, que
produce y conduce el también jurista y notable doctrinario, el Lic. Blas Minaya
Nolasco, especialista por demás en Derecho Público Internacional y en Derecho
Constitucional.
Y
lo cierto es que el Estado Dominicano nunca ha cumplido con asignarle a este
poder público el 2.66 del Presupuesto Nacional que ordena la Ley No. 194-2004.
“En los últimos diez años, el poder
judicial solo ha podido alcanzar el mayor nivel porcentual del presupuesto en
solo 2.04 del 2.66 que dispone la ley, lo que ocurrió en el año 2006, luego
nunca antes, y parece que ni después, la designación presupuestaria se pretende
llevar a los porcentajes que dispone la ley”, así lo aseguró en el último año en funciones como
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo Superior del Poder
Judicial, el Dr. Jorge Subero Isa. Este fue un reclamo al que hizo hincapié
durante su mandato este ex – juez.
Precisamente
en una publicación realizada en el mes de octubre del 2011, en la revista especializada
en temas jurídicos “Gaceta Judicial”, No. 299, año 15, promovida por la
instancia superior de justicia de la República, se ponen de relieves las
siguientes realidades:
Que
los costos para el sostenimiento de los órganos creados por la Constitución de
la República, así como para el mantenimiento de la estructura judicial vigente,
la puesta en funcionamiento de los tribunales creados por la ley, la cobertura
de los servicios básicos, la adquisición de materiales y suministros para la
operación de los tribunales a nivel nacional, el mantenimiento y mejora de las infraestructuras
físicas y destino de fondos a la Escuela Nacional de la Judicatura y a la
Jurisdicción Inmobiliaria, los recursos para cubrir los aumentos de costo de
servicios de energía eléctrica, combustibles, y los servicios de salud,
reparación y reconstrucción de las tribunales que lo ameritan en todo el
territorio nacional, son asuntos que deben ser ponderados por las autoridades
encargadas al momento de distribuir las asignaciones de los recursos sobre las
expectativas de ingresos y gastos al momento de estas ser decididas.
El
sustento del Consejo del Poder Judicial y el sistema de retiro de los jueces de
la Suprema Corte de Justicia, son aspectos que hacen encarecer aun más las
cargas y por ende la necesidad de mayores recursos a este siempre ceniciento
Poder del Estado.
Existe
una serie de tribunales que han sido aprobados para su pronta puesta en
operación, tales como la Corte de Apelación de El Seíbo, los tribunales
superiores de tierras del este y de Azua, el Registro de Títulos de Azua y la Corte
de Apelación de Niños y Niñas y Adolescentes de la provincia de Santo Domingo,
las salas del Tribunal Superior Administrativo entre otros, los que imploran sean
destinados fielmente los recursos referentes al 2.66 que indica la ley debe
serle atribuido a la cenicienta del Poder Judicial.
El
Poder Judicial cuenta con 133 locales judiciales alquilados, donde funcionan 80
juzgados de Paz, cinco cortes y 19 tribunales de niños y niñas y adolescentes,
seis cámaras civiles y comerciales, ocho tribunales de tierra, tres juzgado de
paz especial de tránsito y tres juzgado de la instrucción.
Además
el tercer poder del Estado cuenta con 6,147 servidores judiciales, de los
cuales 692 son jueces, y 5455 servidores administrativos, de los que más del 68%
de los empleados judiciales percibe un salario bruto por debajo de los
RD$15,000.00 mensuales.
Las
anteriores son cifras que revelan las precariedades que atraviesa este
importante Poder estatal, y que son, entre otras, las razones por las cuales
están desertando de sus funciones jueces de tanto arraigo intelectual, moral
intachable, solidez profesional y respecto ciudadano.
Para
que el Estado Dominicano no se vea ni se sienta criticado por los diversos
sectores de la vida nacional, como que una de sus tres patas constitucionales
no cumple con su función esencial de administrar justicia en aras de mantener
el equilibrio y la paz social, debe por lo menos cumplir con la asignación
presupuestaria que le ordena la ley.
Cumpliendo
con el voto normativo, el Estado se evitaría ver como sus recursos humanos y
materiales se deterioran y se vean forzados a renunciar, y a tener que pasar
tantas e innecesarias calamidades.
De
nada le sirve al Consejo del Poder Judicial tener como una de sus obligaciones
administrar unos recursos que le son insuficientes para cubrir una de sus más
nimias necesidades como es el pago de salarios que honren la dignidad de sus
miembros.
En
la actualidad no es sino un insulto lo que deviene al decir que se forma parte
del mal llamado tercer poder del Estado.
Salomón
Ureña BELTRE.
Padre
de Wamcho.
Abogado
– Notario.
salomonbeltre@gmail.com
809-353-5353
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