CODACSA y el negocio de capa perros… y (2)

Ahora bien, nos preguntamos: ¿Por cuál razón las autoridades nacionales acordaron con otra entidad del ramo la consignación de un nuevo convenio a través del cual se le otorgaba la concesión de las obras que otrora correspondía a Codacsa, sin que ni siquiera hubiese sido emitida la resolución que declaraba resuelto el contrato con dicha entidad?

¿Cuáles son los motivos que impulsan a las autoridades nacionales asignar a terceros la explotación y asignación de las rentas que generan nuestros peajes, si en la mayoría de los casos, las inversiones para su construcción y mantenimiento han sido hechas con los recursos extraídos del sacrificio del presupuesto público, para que sean ellos y no el colectivo nacional que se beneficie de estas inversiones?

Más aún, sí el Estado Dominicano puede recaudar hasta treinta millones de pesos mensuales, sólo en el peaje de la avenida de las Américas, y si les sumamos las que provienen de los recaudos de los otros peajes del país, resultarían montos muy respetables con los que se puedan realizar las inversiones que deben implementarse en las áreas que se requieran; insistimos: ¿por qué tanto empeño en ceder su administración a terceros?

¿Cómo ha devenido el otorgamiento de las licencias de concesión para la administración de seis importantes peajes del país a una empresa de capital combinado tanto nacional como foráneo a tan corto tiempo de haberse emitido un laudo arbitral que condena a la Republica dominicana al pago de sumas que deberán ser saldadas con el sacrificio de los contribuyentes nacionales?

¿Por qué no se han tomado las autoridades nacionales el tiempo suficiente para reaccionar ante los embates que ha producido el laudo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, de tal manera se puedan mejorar las condiciones de contratación con las que pudieran ser las nuevas empresas concesionarias?

¿Es qué tener que pagar nada más y nada menos que la suma de mil ochocientos millones de pesos dominicanos, no le duele a nadie de los que deben velar por el buen mantenimiento, uso y destino de los recursos públicos?

¿Se llamó a procesos de licitación para el otorgamiento de las innecesarias nuevas licencias de concesión?

Francamente debe movernos a serias dudas la legalidad y legitimidad de este nuevo contrato. Nos da por pensar que existen tratativas siniestras detrás de todas estas escaramuzas. No nos cabe la menor dudas de que existen planes perversos que pretenden malear para provechos individuales y sectoriales los recursos públicos que provienen del  tipo de fuente comentado.

Nuestra sociedad debe despertar de su letargo, debe comprender que un pequeño grupo integrado por turpenes de baja calaña se benefician de sus esfuerzos y de sus riquezas.

¿Cómo pretenden algunos designarse para sí los ingresos que generan estos bienes que han sido creados con el sacrificio público en franco desconocimiento de los intereses colectivos nacionales?

Reconocemos no conocer a plenitud los términos del nuevo contrato de concesión otorgado a los aventureros de pasos favorecidos... -¿y de qué manera conocerlo si lo han secuestrado e impedido que la opinión pública tenga acceso al mismo? - Pero de que existe el documento, existe, de ello no hay la mínima duda. Advertimos que de lo poco que ha trascendido sobre su contenido no es nada halagüeño; tal es el hecho de la supuesta facultad que se le otorga a la empresa concesionaria de aumentar, según sus propios criterios, la tasa por derecho a uso de nuestras vías de tránsito público, este de por sí es una prerrogativa aviesa, abusiva, desconcertante, calamitosa y deprimente que se erige contra una colectividad que más temprano que tarde reaccionará de manera contundente frente a estos desmanes.

La manera en que se ha ejecutado todo este accionar llama la atención, se debe indagar los mecanismos que se han adoptados para alcanzar tan innobles resultados. El modus operandi de quienes han labrado tales despropósitos, es ensimismo cuestionable, sus resultados: capciosos.

Deben haber consecuencias contra aquellos que se han constituidos como capitanes de estas villanías.

Se ha señalado que ha sido el Congreso Nacional el órgano que ha aprobado el referido contrato sin que se haya filtrado a la opinión pública la fase de discusión del acuerdo, ni se haya informado sobre las intenciones del gobierno nacional de reasignar la administración de las vías públicas más importantes de nuestro país a emporios privados. Supuestamente este contrato fue aprobado en el mes de enero del presente año, de lo cual poca noticia tiene la ciudadanía.

Los bienes públicos son recursos colectivos que como tal deben ser administrados, observándose las reglas de las prudencias que llenen de satisfacción a la colectividad. Las medidas que sean tomadas para conservarlos deben estar acorde a un verdadero sentido de racionalidad y de equidad, procurando obtener de ellos los frutos que vayan dirigidos a beneficiar a la mayoría de la población.

Es de muy mal gusto saber que siendo el Estado Dominicano el que incurrió en las inversiones para la construcción de la autovía del Este; la reparación de la autopista de las Américas y su mantenimiento durante todo el tiempo que mantuvo su vigencia el contrato convenido con Codacsa, y así de los demás peajes de cuyas carreteras se pretenden ceder su administración, sea una empresa privada la que recoja los frutos de la cosecha que se sembró con el sudor del pueblo dominicano.

Salomón Ureña B E L T R E.

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