El Estado Dominicano acaba de ser condenado a
pagar la suma de 45 millones de dólares de los Estados Unidos de América de parte de
la
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por la
supuesta violación del Contrato de Concesión convenido con la empresa Concesionaria
Dominicana de Autopistas y Carreteras, S.A. (Codacsa), una compañía de capital
dominicano, español y estadounidense.
Esta condena implica un duro golpe para la economía
dominicana debido a que, a más de estar el fisco nacional compelido a buscar
recursos que son necesarios para la satisfacción de las necesidades colectivas,
para lo cual se presta el nuevo gobierno encabezado por el Lic. Danilo Medina a confeccionar
un nuevo régimen fiscal, quien subyugado por una deuda impresionante, tendrá que
disponer de una suma tan elevada que resulta en estos momentos altamente
preocupante, tortuoso y lamentable. No sin antes dejar de mencionar los
altísimos niveles de endeudamientos en que se encuentra nuestra economía, la
que sólo la deuda externa refleja un saldo negativo ascendente a casi
veinticinco mil millones de dólares, esto sin dejar de mencionar el elevadísimo
endeudamiento interno que sobrepasa los 5,601.5 millones de dólares.
Para peor, la sanción impuesta tiene un carácter
definitivo e irrevocable según la naturaleza del tipo de sentencia “laudo” que
emana de la instancia que la dictó, esto es, que no existen mecanismos legales
que hagan posible atacar dicha decisión con el propósito de lograr revocarla,
lo que implica que lo único que le queda a las autoridades que representan al
Estado Dominicano es procurar llegar a un acuerdo de pago que haga lo menos
dañino posible para nuestras arcas los desembolsos a realizarse.
Pero todo esto no se detiene en el indiscutible pago
de las sumas multimillonarias que deben realizarse, sino que según la situación
planteada, la empresa que resultó gananciosa del proceso, Codacsa, además de
pasar a ser acreedora irrevocable del Estado Dominicano, se lleva y conserva el
producto de la friolera suma de veinticinco a treinta millones de pesos que colectaba mensualmente desde el año 2003 fruto de la administración de los peajes a que
tenía derecho por el contrato que se demandó su rescisión adjunto a daños y
perjuicios y del cual obtuvo ganancia de causa.
El argumento que sostenía el Estado Dominicano en
voz de los abogados que le representaban ante el tribunal arbitral internacional,
a los que a su vez hubo que pagarles astronómicos y cuantiosos recursos por
concepto de honorarios y gastos, es que la empresa concesionaria no había hecho
sino infimas inversiones de las que se había comprometido mediante el susodicho
contrato. Y este era un argumento muy válido, esta empresa nunca cumplió con
los acuerdos convenidos, veíamos como de manera constante, la prensa nacional
así lo expresaba a través de las críticas que notables y conocedores del tema
externaban, sin que esta empresa jamás saliera a defenderse.
Según se cuenta, hubo de parte de las autoridades
nacionales, dígase del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, algo de
imprudencia en el manejo que se le dio a la fase de terminación del señalado
contrato, esto es que no se cumplieron con las modalidades resolutorias que
acusaba el referido instrumento, de manera que resultara esta la razón
suficiente para encausar y retener las faltas que requería la instancia
arbitral apoderada para fallar como lo hizo.
Funcionarios electos, como es el caso del senador
Adriano Sánchez Roa, han calificado de innobles y enrarecidos los vericuetos
que resultan de la contratación con Codacsa, entidad que a más de llevársenos
los recursos que ha acumulado fruto de las captaciones por el manejo de nuestros peajes, también nos escamotea la escandalosa suma de 45 millones
de dólares.
Como era de esperarse, Codacsa ha comenzado a
ejercer su influencia ante los miembros de la Comisión del Senado para Asuntos Hemisféricos
de los Estados Unidos de Norteamérica para que esta presione, como al efecto comenzó hacerlo
ante los directorios del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Interamericano de Desarrollo para que nuestro país cumpla con el laudo
arbitral que la condena de manera irremediable.
En nuestra próxima entrega, continuaremos con el tema...
Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado - Notario.
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salomonbeltre@gmail.com
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