Del contenido del anteproyecto de ley sometido
al Congreso Nacional para su aprobación, no tenemos hasta este momento ningún
reparo que hacer, porque entendemos que las disquisiciones que el mismo
ameritaba debían surgir de las vistas
públicas para su valoración a que debió ser sometido por los legisladores, sin embargo no podemos dejar pasar por alto
la manera en que el mismo fue aprobado por este, el primer poder del Estado.
Entendemos que ninguna razón justifica que con
solo haberse presentado a las figuras públicas que lideran el universo político
dominicano, el dicho anteproyecto fuera convertido en ley, sin que el mismo
fuera expuesto para su ponderación a las diversas fuerzas vivas de la nación,
aun el hecho de que el anteproyecto estaba ampliamente edificado en la mente de
los asesores del Poder Ejecutivo, los que influyeron poderosamente en el Presidente
de la República hasta el extremo que éste se sintió en capacidad plena de
someterlo e influir para que con la mayoría absoluta de que goza en el Congreso
el Partido que lo ampara, lograra aprobar y convertirlo en ley, como lo hizo,
en una sola sesión por Cámaras.
El anteproyecto fue declarado de urgencia, desde
su introducción misma al Congreso Nacional, vía la Cámara de Diputados, habiendo
estimado sus diferentes estamentos que el mismo no era necesario tramitarlo a
ninguna comisión, y no fuera sometido siquiera a discusión pública, a debate, a
través de lo cual, entendemos nosotros, se hubieran enriquecido y unificado los
criterios de la ciudadanía sobre este tema tan sensible para nuestra Nación.
No tiene razón de ser la prisa que se le impuso
a este tema, aunque inferimos que existían presiones a nuestro gobierno de
algunas naciones, y agencias internacionales, algunos de los cuales nos han
querido imponer una agenda que no ha estado asentida por nosotros.
Este simple hecho nos conduce a entender que no
hemos debido prestarle tantísima atención como para dejar aislada la
participación ciudadana en este tan transcendental tema nacional.
No puede considerarse que se puede dejar de
lado a los órganos de la vida pública, todos formamos partes de la
dominicanidad, todos tenemos derechos a participar de las decisiones que habrán
de afectar nuestro futuro como nación.
Aquel eventual hecho nos pudo conducir a
colectar, para tener a manos, los elementos enriquecidos de políticas públicas
para empoderar más eficientemente a una ciudadanía que anhela tener
responsabilidad en defensa de nuestros intereses colectivos.
Además, de haberse sometido al referido
anteproyecto de ley a discusión pública nos hubiéramos enterados, por lo menos,
de quienes son los responsables de haber dejado por tanto tiempo en desbandada
la suerte de las libros registros, de las Oficialías del Estado Civil, de la
Junta Central Electoral, etc., y así poderles pedir cuentas de sus acciones.
Este país que permaneció por tanto tiempo con
oficiales del estado civil que eran dueños absolutos de sus diferentes esferas,
los que prefirieron diseñar mecanismos de corrupción de cómo hacerse más rico a
costa de nuestra identidad nacional, que a favor de brindar un servicio para
favorecer los intereses colectivos de la patria forjada por Juan Pablo Duarte, es
el mismo país que hoy día debe exigir se imputen y se asuman las
responsabilidades de todos quienes lo llevaron a estar tan proclive a la
vulnerabilidad.
Le ley ha sido violentada, se conocen quienes
incurrieron en prevaricación, éstos pueden ser fácilmente identificados, solo
resta la voluntad para que sean encausados sus transgresores, su delito puede
ser calificado de lesa humanidad inclusive, a más de hablar de falsificación de
documentos públicos, enriquecimiento ilícito, pero sobretodo el de traición a
la patria, etc.
Una sociedad en la que todos actuemos en franca
violación de las leyes, a sabiendas de que no habrán consecuencias sancionatorias,
es una sociedad en la que, el concepto de seguridad jurídica será una bella
conjunción de palabras, pero sin sentidos, si aplicabilidad, el estado de derecho
al que todo aspiramos no será más que una simple quimera.
Ese anteproyecto debió ser sometido a la
consideración y ponderación de la ciudadanía nacional, porque a todos nos
afecta por igual, es un tema del cual todos estamos interesados de participar,
de expresar nuestras opiniones, a partir de las cuales entendemos deben tomarse
las decisiones que se convertirían en leyes.
Salomón Ureña BELTRE.
Abogado – Notario.
Wamcho’s father.
salomonbeltre@gmail.com
809-353-5353
809-381-4353
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