Diversos movimientos sociales han
estado llamando a una jornada de protestas para el próximo martes 6 de
noviembre, justificado en que el Senado aprobó el pasado día viernes 2, el
proyecto de modificación de los cánones impositivos del país.
Son 30 los movimientos sociales y
cinco los partidos políticos que se han integrado al llamado, con las que persigue según ellos, el retiro del proyecto del Congreso.
Hay buenos intencionados en este
llamado, pero también pueden aparecer personas que quieran tomar como excusas
las actuales circunstancias para pescar en río revuelto.
Estas protestas se sostienen en
argumentos válidos, la población ciertamente está sumamente cansada de tantos atropellos
en su contra, pero las luchas programadas deben tener objetivos más claros,
mejor definidos, con protagonistas más transparentes, de manera no se liguen
mansos con cimarrones al momento de precisar identificar sus actores para
atribuir responsabilidades.
Para empeorar más el panorama, que
ciertamente puede sobrevenir en dantesco; estas jornadas de protestas coinciden
con la llegada al país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI),
la que busca retomar el diálogo que permita la concretización de un acuerdo
bilateral, el cual fuera suspendido a propósito del proceso electoral recién
pasado.
No nos agrada el llamado a las
movilizaciones en la forma en que se ha estado incitando, se nota en el
ambiente que se insta con miramientos a lograr alzamiento en todo el país. Se
pretende azuzar al ya enfado de la nación contra el sistema.
Se resalta que al tiempo en que se
realizan estos llamamientos no se ha respetado siquiera el plazo de gracia de los
cien días que merece el presidente Danilo Medina para trazar las líneas maestras
sobre las cuales habrá de guiar el futuro de su gobierno y el de la nación.
El país debe estar consciente que las
implicaciones de estos movimientos pueden derivar en alteraciones al orden que
luego pueden convertirse en inmanejables tanto para los organizadores como para
la mismas fuerzas que están para proteger los derechos colectivos, las cuales ya están acuarteladas, así como
los miembros de las Fuerzas Armadas, en espera enfrentar cualquier contingencia.
Estos tipos de movimientos suelen
traer consigo la posibilidad de salírsele de las manos a sus organizadores y
convocantes, hasta el extremo que ellos mismos pueden perjudicarse y ni
hablar del país, donde sus ciudadanos, sus recursos, su economía y sus
instituciones, pudieran salir gravemente afectados; puede que no haya cabeza
segura en hombro alguno.
Sólo recordemos la experiencia que
vivió el país en el año 1984 cuando al regreso de un feriado de Semana Santa,
los ciudadanos se encontraron con un alza en los productos de primera necesidad, lo
que llevó a una explosión social que le costo la vida a más de doscientos dominicanos,
y cuantiosas pérdidas materiales.
Francamente existen razones más que
justificables para elevar la voz de alerta, el pueblo debe reaccionar ante la
tanta presión que le han impuesto para sobrevivir, pero las salidas que deben buscarse
es sobre la base del diálogo, de la comprensión entre todos los sectores de la
vida nacional.
El gobierno así debe entenderlo, las
organizaciones populares que lo convocan y todas las demás fuerzas vivas de la
nación.
Evitemos con alto nivel de conciencia
que la sangre llegue al río.
Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
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