Por no estar reglamentado el procedimiento de ejecución de las decisiones judiciales en nuestro país, vemos como la familia de una renombrada personalidad social como lo es el historiador Juan Daniel Balcacer, ha sido victima en esta semana de un proceso de embargo ejecutivo del cual se ha hecho eco hasta el propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia, aduciendo que este tiene todos los ribetes de un proceso ilegal.
Debido a las deficiencias que acusa este importante dispositivo de los que intervienen en la estructura del Poder Judicial, ciertos sectores de la sociedad han debido sufrir muchos padecimientos, producto del uso indiscriminado de la facultad que asumen tener los abogados, quienes por mandatos atribuidos a los alguaciles, al obtener una decisión con el carácter de ejecutoria, proceden a hacerla cumplir sin el debido y calificado proceder.
A este malsano ejercicio no se le han puesto de manera oportuna los frenos que ha debido conllevar porque los intereses que lo mantienen vigente son sumamente poderosos.
Atinadamente fueron sometidos los abogados y los alguaciles que participaron en aquellos procesos de embargos improcedentes, motivado indudablemente a la influencia social que ejerce el afectado del referido proceso de embargo.
En los últimos años, con mayor incremento en meses recientes, se habrían estado produciendo algunas ejecuciones de sentencias sin los debidos comedimientos tanto en importantes centros hoteleros y en empresas con sostenida solidez económica.
Tal es el caso de una muy conocida entidad comercial propiedad de un influyente funcionario público del sector eléctrico contra quien además de hacerse un uso desproporcionado de la ejecución de una sentencia contra su manufacturera de químicos, se le desconsideró personalmente hasta el extremo de ponerle en peligro su propia vida.
Los grupos que operan sin ningún tipo de técnica en las ejecuciones de sentencias judiciales, producen verdaderas devastaciones con su áspero proceder, los que inciden dañinamente al privar a pequeñas empresas seguir operando porque le quitan de manera irracional el capital de trabajo con el que cuentan para operar.
Será siempre muy riesgoso dejar en manos de inconcientes y desaprensivos el ejercicio de esta práctica tan delicada.
Finalmente las autoridades del Poder Judicial deberán entender la importancia que reviste que la ejecución de las decisiones de los tribunales deban pasar por el cedazo de un personal altamente calificado y mejor experimentado, toda vez que aseguren un cumplimiento menos intimidatorio con lo que se reduzcan los riesgos tanto económicos como morales para aquellos contra quienes sean ejecutadas las decisiones judiciales y las sentencias y asegurar la integridad física para el personal que las ejecute.
Salomon Ureña Beltre.
Abogado.
salomonbeltre@gmail.com
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