El gobierno dominicano recién dio a conocer la compra a Venezuela de la deuda que tenía nuestro Estado proveniente del Acuerdo de Petrocaribe, por un monto de US$1,933 millones.
Esta operación que para la colectividad no se conocía que se gestaba, pero que tuvo su eclosión pública de modo subrepticio, nos ha dejado a todos boquiabiertos, por cuanto no fue sino a inicio del mes de diciembre último cuando el propio Ministro de Hacienda, daba muestra de sorprendido cuando un reconocido medio de prensa local le preguntaba sobre si tenía los detalles de la supuesta venta de la deuda que mantenía la República Dominicana con Venezuela, a Goldman Sachs, una firma de inversión de capitales norteamericana, fundada por Marcus Goldman en 1869, cuyo precio en bolsa de sus acciones es en la actualidad de US172.41.
La referida operación, que está supeditada al crédito que había sido otorgado por las autoridades venezolanas bajo condiciones financieras muy blandas, esto es del uno por ciento anual, además de un plazo de vencimiento de veintitrés años y dos de gracia, representa una sólida ventaja, en el sentido de que habiendo sido nuestra deuda por un monto facial de US$4,023.5 millones, al haber pagado US$1,933 millones, nos hemos ahorrado, por lo menos dos mil millones de dólares, y nos hemos librado, por demás de que la dicha deuda pudiera haber sido adquirida por una corredora -especuladora- de capitales, como Goldman Sachs, de cuya suerte pudimos haber acarreados obligaciones financieras que lamentaríamos…
Con esta negociación, que es la transacción de manejo de pasivo más agresiva que ha vivido la historia económica dominicana, se ha roto un principio básico de economía de corte muy doméstico que refiere que: “Buscar dinero prestado para pagar viejas deudas, es cuestión que no siempre conviene”.
Un capítulo que merece igual critica es que aun habiendo incurrido nuestro país en tan significativo sacrificio, nos quedamos siendo deudores de Venezuela, por la suma de US$96.5 millones, toda vez que no llegamos a adquirir sino el 98% del total de la misma, con la subsecuente tendencia a que esta deuda pueda aumentar, a no ser que las autoridades nacionales, hayan tomado las medidas precautorias que las eviten, lo que no le han sabido explicar al país, en un modo, ni en otro. Nuestros funcionarios han debido testimoniar cómo seguirían manejándose las relaciones con Venezuela de cara a futuras negociaciones con su petróleo, y sus derivados basadas en el Acuerdo de Petrocaribe.
A ciencias ciertas, no sabemos si las autoridades nacionales lograron deshacerse de una carga como la implicada, o si por contrario se impone como la espada de Damocles, una recarga económica adicional al tener que pagar en plazos más reducidos, esto es a más tardar al 2019, la deuda asumida con la colocación de los bonos soberanos que permitieron adquirir los recursos con los que compramos a Venezuela, su acreencia.
A conveniencia, la mayoría de los expertos consideran como positivo el desenlace final de esta operación, sin embargo, nosotros somos de opinión que para que dichos resultados puedan ser valorados en tales dimensiones, deben nuestras autoridades implementar los mecanismos necesarios que impidan que la deuda pagada no se reproduzca bajo los mismos parámetros que le dieron origen, ora procurar disminuirlos acogiéndose a las modalidades que el Acuerdo prevé.
Pecamos con esta operación por no haber sido capaces de prever a tiempo, como país, el ahorro de los recursos dispuestos para su concretización, nos hubiéramos evitado tener que salir a buscarlos a fuentes de financiamientos foráneas, bajo la modalidad de colocación de bonos soberanos, como en precario tuvimos que hacerlo, bajo el colateral riesgo de tener que asumir los cuantiosos costes financieros presentes y futuros que ello implica. El Estado debe planificarse para una gestión que le permita reingresar esos capitales invertidos, de modo tenerlos disponibles para facilitarse los logros del desenvolvimiento económico y social que requiere nuestra sociedad.
Al menos nos queda la tranquilidad de que la compra de la deuda se hizo en una etapa en que se supone que la demanda de divisas no es alta, toda vez que al entrar enero hemos abastecidos internamente con las materias primas, los productos, maquinarias, equipos y artículos que requiere nuestra industria, y el comercio, en sentido general, para poder operar normalmente durante, por lo menos el primer trimestre del año 2015, de tal modo no tener que disponer de nuestras disminuidas reservas, y así evitar que el mercado de divisas empuje a la baja el valor nominal de nuestra moneda.
Crea escozor el hecho de si de verdad piensan los funcionarios dominicanos, y muy especialmente los que actuaron en esta transacción, de que las políticas de gobierno que adoptan le son exclusiva e individualmente privativas, o si por el contrario le deben, por lo menos, la cortesía de informarle a la ciudadanía sobre sus gestiones, porque es poco comprensible que el Ministro de Hacienda, al hacer el anuncio de la compra de la referida deuda, recalcara que los preparativos de dicha operación estaban en ciernes con las autoridades de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), desde un año atrás, sin que nada se supiera de ello en la opinión pública. Semejantes comportamientos levantan razonables y justificadas dudas en la población. Nos queda un sabor amarguito en la garganta, acompañado de un sin fin de preguntas, todas sin respuestas…
Finalmente, el Acuerdo de Petrocaribe es un esquema de comercialización del petróleo venezolano, y sus derivados, ingeniado y puesto en vigor a partir del año 2005, por el gobierno presidido por el entonces presidente, Hugo Rafael Chaves Frías, mediante el cual, este, el trigésimo país mundial productor del también llamado oro negro, le concede a las naciones caribeñas, la posibilidad de adquirirlo bajo condiciones preferenciales, y en adición evitar las cargas gravosas estimuladas por la especulación y el agiotismo, abusos que solían imponer, antes de la puesta en vigencia del indicado Acuerdo, los buques petroleros extranjeros, práctica que logró ser felizmente contrarrestada.
Salomón Ureña BELTRE.
Abogado – Notario Público.
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