El desorden que se registra en nuestro país con el manejo de los
fondos públicos se evidencia desde el momento mismo en que el Poder Ejecutivo
le envía el anteproyecto de Presupuesto General de la nación al Poder
Legislativo, y este, como muestra de un pobre ejercicio de sus competencias, lo
tramita, y lo convierte en ley sin hacerles las enmiendas necesarias que lo
adecuen a las reales circunstancias del Estado, y de la colectividad,
convirtiéndose por su genuflexión en un simple sello gomígrafo.
Lo sostenido tiene su sustento porque aun conociendo el Poder
Legislativo de las obligatorias designaciones que las leyes contemplan para los
estamentos propios que sustentan nuestra democracia, incita su vulneración al aprobar
el Presupuesto sin concederle los porcentajes fijos que les corresponden, aun a
sabiendas que viola las leyes de manera flagrante y ominosa, y se deshace ante
la prudencia que debe a sus funciones
legislativas.
Tal es el caso que afecta el Poder Judicial, que aun siendo favorecido
con la designación especial del 2.66% de las riquezas nacionales que se
reflejan en el Producto Interno Bruto (PBI), lo que implica
que de los ingresos proyectados para el año 2015, los que ascienden a unos
RD$630,934,000.00, equivaldría destinarle más de 10 mil millones de pesos, sin
embargo, el monto que se ha estimado asignarle será menos de RD$5,400,000
millones de pesos. No se puede esperar que hayan resultados favorables en el
desempeño de las funciones que constitucionalmente le son atribuidas a este, el
tercer Poder del Estado, ni contar con la “cacareada independencia” que todo
esperamos recibir de la administración de justicia.
No menos
dramático lo es para el Ministerio Público, a cuyo estamento le está destinada
una partida concerniente al 1.44% del PBI, equivalente a unos RD$3,600,000
millones de pesos, empero, apenas recibirá menos de la mitad de lo que
establece la ley. Gracias al valor, la determinación, y la sensibilidad que han
mostrado tener algunos miembros de este estamento, han logrado reunir
voluntades para organizar las formas de cómo demandar el cumplimiento de la ley
a los órganos encargados de la recaudación y de la distribución de los recursos
públicos, de manera que estos se distribuyan con total apego a las leyes y a
nuestro estado de derecho.
Por como se
le designan tan ilusorios recursos a las instancias que intervienen en la
prevención, y sanción de los hechos que alteran la vida en convivencia, de esa
misma manera los ciudadanos se mostraran en capacidad de respectar las reglas
de juego que impone la vida en sociedad.
Se exige destinar los recursos que las leyes disponen les sean
designados a cada uno de los cuerpos públicos. Esta es una problemática que
debemos andarle de prisa para evitar descreimiento de las instituciones
públicas.
Hay que evitar que se convierta en una chorrera la renuncia del
personal que ha logrado semejante experiencia de la cual no puede prescindirse,
y se pueda además, brindar los mantenimientos a sus estructuras, y que decir de
las necesarias inversiones que deben ser hechas tanto en nuevas edificaciones,
en tecnología, en suministros, etc.
De no hacerse,
la justicia sangrará por saberse incompetente e incapaz de darle satisfacción a
las necesidades públicas de los ciudadanos que reclaman su mediación para la
solución de sus controversias.
Se debe
reconocer a los empleados y encargados de administrarla, las posibilidades mínimas de
crecimiento, de sostenibilidad. Es muy
lastimoso que una vez que el Estado invierte para la formar al personal que requiere
para su desempeño, este luego no le brinde las garantías de prestación de
servicios que lo mantengan a su disposición.
Para todo esto se deben destinar los fondos económicos reglamentados, de hacerlo
se estarían forjando las bases para desmontar el criterio generalizado de que
sea esta instancia, la cenicienta de los poderes del Estado.
Se hace
necesario implementar un sistema que haga posible el cumplimiento fiel de las
leyes que rigen las partidas presupuestaria, este debe combinarse con la
interacción entre las diferentes fuerzas sociales.
Salomón Ureña BELTRE.
Abogado –
Notario Público.
Wamcho’s
father
809-381-4353
809-353-5353
www.salomonbeltre.com
0 comments:
Publicar un comentario