El Gobierno Dominicano como modo de
mostrar sensibilización ante el fallecimiento el pasado día cuatro de octubre de
los once niños en el Hospital Infantil Robert Read Cabral, nombró una comisión para
que investigara sobre las causas que originaron este espeluznante hecho.
Integrada por el Procurador
General de la República (PGR), el Jefe de la Policía Nacional (PN), el Director
del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), y por la Directora del Seguro
Nacional de Salud (SENASA), esta comisión concluyó en que hubo negligencias en
el tratamiento del tema en el que perecieron los infantes.
Los resultados provenientes
de las investigaciones que propició esta comisión dan cuenta que cuatro
pacientes de los fallecidos adquirieron enfermedades por bacterias mientras
eran atendidos en el mismo hospital, y que otros cuatro fallecieron por la
falta de suministro de oxigeno, no tenían atmósfera.
Las pesquisas y la
publicidad dada le atribuye indirectamente cierta responsabilidad e infieren
ciertas culpas a los médicos, y a los órganos gerenciales del Hospital Infantil
Robert Read Cabral.
La referida comisión, al
decir del cuerpo colegiado que reúne a los médicos en nuestro país, el Colegio
Médico Dominicano (CMD), no es una comisión técnica, ni imparcial, es una
comisión política, se hace muy mal involucrar los problemas de la mortalidad
infantil con este tipo de injerencias, por cuanto los resultados que devienen suelen
carecer de los soportes técnicos y académicos necesarios, y en consecuencias se
hacen insostenibles, sostiene el (CMD).
Lo anterior revela una sórdida
lucha de intereses en los que se atrincheran tanto el oficialismo como la
rectoría de los médicos, base fundamental sobre la cual se sustentan las
debilidades estructurales de que adolece nuestros sistema de salud pública.
Mientras estos dos sectores
estén en pugnas no se resolverá el problema que agobia a tantos dominicanos,
que les causa tanto sufrimientos, incluyendo físicos, morales, y los somete a
estado de indefensión y de crueldad innecesaria.
Hasta que el Poder Ejecutivo
no le conceda los recursos que por ley le corresponde al sector de la salud
pública, seguiremos lamentándonos de las precariedades que acusa este sector, y
consecuentemente de las consecuencias que como el fallecimiento de los once
niños en el Hospital Infantil Robert Read Cabral, resulten.
Lamentamos que de este hecho
haya provocado la destitución del Ministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo, pero lo cierto es que un hecho de tal
magnitud no aconsejaba una decisión diferente a la tomada por el Presidente de
la República, licenciado Danilo Medina. Esperamos que la Doctora Altagracia Guzmán
Marcelino realice una labor de la que no debamos los dominicanos salir tan
afectado como el que provocó la muerte de los inocentes neonatos.
Salomón Ureña B E L T R
E
Abogados & Escritorio Notarial.
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