La semana pasada vimos como mientras el Premio
Novel de la Paz del año 2014 le era reconocido y entregado a sendos preciados defensores
de los intereses y derechos de la niñez y de los jóvenes[1],
la República Dominicana hacía gala de su incompetencia para cuidar, proteger y
salvarle la vida a once neonatos, los que murieron fruto de las precariedades
de que consta nuestro sistema de salud pública.
El escenario que protagonizó tan horrible
resultado lo fue el más emblemático hospital para niños con que cuenta el
sistema hospitalario dominicano, el Robert Read Cabral, causado dicen algunos,
por el bajo presupuesto que le destina el Poder Ejecutivo al sector de la salud
pública, en franca violación a las asignaciones que le corresponde por ley.
No obstante lo anterior, los factores que
influyen para determinar la ocurrencia de tales males son de muy de diversas
índoles, pero no de difícil identificación como han querido dejarlo entrever
las autoridades. En esencia, todo se reduce a la desconcentración de las
obligaciones a que se deben los encargados de las funciones públicas, y a la
falta de destinar convenientemente los recursos con que contamos.
Hechos como el sucedido el pasado domingo 5 de
octubre, fecha en que fallecieron los críos, ponen de relieve que la violación
a la ley trae consecuencias muy serias contra toda la colectividad; en este
caso, de haberse cumplido con el aporte de los porcentajes que del Producto
Interno Bruto establecen las normas para el sector de la salud pública, el 1.28%, las posibilidades de sufrir desenlaces tan aberrantes como en el que
murieran nuestros niños, fueran mínimos.
Si el Poder Legislativo asumiera la función de
fiscalizar el cumplimiento de la Ley General de Presupuesto, y al detectar su
violación se aplicarán las sanciones previstas, el Ejecutivo manejara los
recursos con la discrecionalidad que la ley impone. Ambas instancias tienen
igual responsabilidad.
Ambos poderes, el Ejecutivo como el Legislativo
se las ingenian para disponer a su antojo de los recursos que por ley le están
atribuidos a diversas carteras, entre ellas al Ministerio de Salud Pública.
Sumémosle el hecho de que a la llegada al solio
presidencial, el licenciado Danilo Medina proscribió la perniciosa práctica en
la que por años estaban incurriendo algunos de los hospitales del sistema,
consistente en cobrar cuotas a los pacientes para poder auto gestionarse; con
el desmonte de este ejercicio, lo que fue muy saludable para el bienestar de
las mayorías, no se sustituyeron los ingresos que por este concepto se colectaban,
quedando altamente agredido el presupuestos de los centros hospitalarios
públicos.
Otras de las causas por la que el sector salud
no satisface las necesidades sociales, obedecen a que existe una concentración
demasiado rígida de las diferentes estructuras que conforman el sistema de
salud pública. El Colegio Médico Dominicano (CMD), reclama que los hospitales
deben trabajar como unidades independientes.
También se
aduce que influye de manera determinante en la disfuncionalidad de este
importante insumo para las clases más desposeídas, el hecho de que la Ley 87-01
sobre Seguridad Social, al momento de su elaboración no fue integrada al
sistema de salud pública de manera que los recursos que debieron fluirle no son
captados, al extremo de que el sistema de salud pública si está obligado a ofrecer
los servicios a los pacientes de las ARS’s privadas, sin poder cobrársele a estas
entidades los servicios prestados.
Con experiencia como la vivida tras el
fallecimiento de nuestros vástagos en el Robert Read Cabral deben alertarse las
conciencias de nuestras autoridades para destinar mayor esfuerzos que impidan
tales desmanes, bien aportando los recursos que sean necesarios para impedir
que situaciones como la comentadas vuelvan a ocurrir.
De
que nos vale la vida si no somos merecedores del respecto al derecho a la salud,
que está previsto por nuestra Constitución?
Las debilidades estructurales de
nuestras instituciones auspician los mayores desconciertos y afectan los
intereses de la mayoría de los ciudadanos, y de todos aquellos que
interactuamos bien por necesidad o por obligación frente a los diversos entes
de la administración pública.
Todos participamos por igual en el
aporte de los recursos a través de los tributos que pagamos para evitarnos
vivir desamparados y desprotegidos.
Salomón Ureña B E L T R
E
Abogados & Escritorio Notarial.
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