El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, integrado por sus 17 jueces, reciente
acaba de emitir[1]
una decisión unánime en la que pone en la picota sin paliativos a la doctrina Parot,
que había sido ingeniada en el 2006 con el propósito de mantener en prisión a condenados
por delitos graves, y muy especialmente a aquellos especímenes criminales más sanguinarios con los que ha tenido que lidiar España como los acusados por
terrorismo miembros de la Eustaki Ta Eustakasuna (ETA).
La doctrina Parot consiste en
aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas a los
reclusos y no sobre el máximo legal permitido. Su instauración fue una
medida desesperada de parte de la sociedad española que estremecida por los
descarriados desenlaces propiciados por la violencia esbozada por el
surgimiento de tendencias criminales superiores a la capacidad de persecución
previstas por la legislación represiva hasta entonces vigente.
Dicho de una manera más llana,
la doctrina Parot consiste en que una persona que habiendo cometido varios crímenes
tipificados y sancionados por el Código Penal vigente al 1976 y no por el del
1995, solo sería objeto de cumplir la pena impuesta por el crimen de mayor
calado, el máximo legal permitido, si tenía buena conducta o
realizaba trabajos en la cárcel este criminal podía reducir su condena total.
Esta figura que fundamentada
en la inobservancia y distorsión de los conceptos y los principios que sustentan
el derecho penal en su contexto generales y con ello las reglas adoctrinada y
reglamentada de esta fascinante ciencia, queda agravada por la aplicación retroactiva
de sus preceptos.
Es que siendo una regla de
derecho universal, asumida por los regímenes contemporáneos como los
contemplados en la Convención de los Derechos Humanos a la que, por cierto
España se adhirió en el año 1979, el que nadie puede ser juzgado ni condenado sino
por leyes previamente aprobadas y puestas en vigencia por los órganos
correspondientes del Estado, como el principio que reza: “Nullium delictum, nullio paena
sine lege praevia” no hay delito sin ley, mal podría esperarse que esta
doctrina pudiera sobrevivir ante el análisis del cual fuera objeto.
Pero también la aplicación de
esta institución se lleva de encuentro el principio de la aplicación de la ley penal
en el tiempo que señala que no se puede ni debe aplicar una ley, que no le sea
favorable al imputado de un hecho, si la misma no está vigente en el momento en
que se cometió el hecho penado.
No era la primera vez que
esta figura habría sido decidida su improcedencia, en esta ocasión no fue sino
la decisión que sobre el recurso de apelación que había interpuesto el gobierno
español contra la decisión que antes en el año 2008 había tomado la Corte
Pequeña del Tribunal de Estrasburgo, que había decretado además de su nulidad,
también había sentenciado una indemnización a favor de aquellos reos a los que
se les habría aplicado la doctrina.
La ejecución de esta doctrina
llegó a poner en riesgo los procesos de paz que estuvieron propiciándose en
España, y puso en peligro además, la estabilidad social frente un grupo
importante de la colectividad como los integrantes de la Asociación de Victimas
del Terrorismo.
Una manera de respetar el
carácter vinculante de las decisiones del Tribunal de Estrasburgo,
fue la posición asumida inmediatamente, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
de España, el mismo que la ideó e invistió al gobierno de la facultad de
aplicarla, el que tras la decisión del Tribunal Europeo que declaró su nulidad,
dispuso que cada instancia represiva del país que la hubiere impuesto,
procediera a revocarla libertando a todo aquel que se encontrare guardando
prisión por aplicación de la indicada doctrina.
Se estima que algunos 85 delincuentes de alto peligro, entre ellos:
Terroristas, asesinos y asesinos en serie, homicidas, violadores sexuales, aun guardan prisión por aplicación de esta
doctrina.
No se puede justificar que se
distorsionen las reglas de convivencia social aunque ellas promuevan un interés
de preservar la integración y respeto de los derechos generales de las personas,
menos cuando sean a costa de los derechos de los particulares.
Ciertamente son muchos los
criminales que habrán de salir de los centros de reclusión a las calles, debiendo
incorporarse al seno social, lo que atraerá un consabido temor de todos los
entes sociales y no menos de las autoridades, quienes deben procurarse mejores
medios para evitar que estos vuelvan a incurrir en los hechos criminales por
los que han sido juzgado, como es incorporando equipos de tareas y de apoyos
especializados dedicados a la observación constante de estos antisociales, muchos
de los cuales han debido permanecer recluidos hasta de por vida, pero no bajo
las condiciones de violarle sus derechos fundamentales como los de igualdad y
libertad.
Muchos son los doctrinarios
que alegan, no obstante que el Tribunal de Estrasburgo no tiene potestad para
anular ninguna decisión de un Tribunal Constitucional de ningún Estado miembro
de la Unión Europa, lo que parece es contrario al sentir del Supremo español,
según lo planteado en el párrafo 10 de este escrito.
Salomón
Ureña BELTRE.
Abogado
– Notario.
Wamchos’s
father.
salomonbeltre.blogspot.com
809-353-5353
/ 809-381-4353
@salomonbeltre
[1] La
Sala Pequeña del Tribunal de Estrasburgo ya decidió en julio de 2012 que la
doctrina Parot vulnera dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
el artículo 5 (derecho a la libertad y la seguridad) y el artículo 7 (no hay
castigo sin ley). Aquella resolución condenaba, además, a España a pagar 30.000
euros a la etarra e instaba a su puesta en libertad "a la mayor brevedad
posible". La sentencia, adoptaba por unanimidad, no se ejecutó porque el
Gobierno recurrió ante la Gran Sala, que es la que ha sentenciado hoy en el
mismo sentido.
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