En días recientes nos enteramos del
encausamiento al cual se ha precipitado llevar el juez de la instrucción, José
Castro Aragón, a la hija menor del Rey Juan Carlos I de España, por encontrar, según
él, elementos indiciarios que comprometen seriamente su responsabilidad penal, por
la comisión supuesta de delitos fiscales y de presunto blanqueo de capitales, derivados
de las actividades ilícitas encaminadas desde el Instituto Nóos, por su esposo,
el ex deportista profesional Iñaki Urdagarin Liebaert.
Cristina Federica Victoria Antonia de la
Santísima Trinidad de Borbón y Grecia –infanta
Cristina-, se le encausa por ser cooperadora necesaria,
cómplice y encubridora de las hechos de su esposo, de cuyos fondos ésta se
benefició hasta los límites que la ley interpreta como infracción; se le endosa además, el delito de falta compartida. Se estima que las empresas que regenteaba su
esposo generaban unos doce millones de euros de beneficios netos.
Como si fuera poco, desde la oficina tributaria
se han acomodado algunas experticias para favorecer los intereses procesales de
la Infanta, aceptando facturas que contienen claros y evidentes trastocados, los
que han sido considerados por el Juez de la causa, como perversa “manipulación
tendenciosa”, este hecho ha generado tal enfado en el juez Castro
Aragón, que dispuso emplazamiento a los técnicos que prepararon el informe que
luego sometieron al tribunal para que éstos declaren sobre los móviles que los
condujeron a actuar de manera tan favorable a la acusada. Es posible que puedan
derivarse consecuencias contra estos peritos, si se acumulan las tipificaciones
penales luego de las audiciones programadas.
En el informe sometido por la agencia
tributaria se sugiere expresamente que no existen elementos para imputar a la Infanta,
no se evidencian, a su decir, indicios de delitos en los análisis realizados a
las cuentas de las entidades a través de las cuales se desviaron recursos públicos
para favorecer las empresas del duque consorte de Palma de Mallorca.
Llama poderosamente la atención el hecho de que
el fiscal Pedro Horrach Arron, haya hecho causa común con la imputada, y en
cierto modo con los abogados que asumen la defensa de los cómplices de Iñaki
Urdangarin Liabaert, toda vez que se ha inclinado por presentar un dictamen
mediante el cual pide la no inculpación de la miembro de la realeza en el
expediente Nóos, por entender que los desaciertos cometidos por su esposo no la
alcanzan, ya que ésta no tuvo conocimiento del socorrido entramado delictual
auspiciado y encabezado por el ex atleta.
El expediente que encarta a doña Cristina ha
estado siendo objeto de pesquisa desde hace algo más de tres años, y ya en el
pasado reciente, se había descartado su imputación, luego de haber sido emitido
por el mismo juez Castro Aragón, auto inculpatorio, el que fuera pulverizado tras
el recurso de alzada intentado por la defensa de la realeza. Pero los ojos de
la justicia se posaron a analizar el accionar que tuvo la Infanta en los
desvaríos de su esposo, habiendo la Diosa
Themis determinado que la responsabilidad penal de la duquesa de Mallorca
Cristina de Borbón está comprometida hasta los tuétanos en las causales
delictuales indagadas, tras el Auto de Encausamiento emitido y dado a conocer
el pasado día 8 de enero.
En el Auto de 227 folios, Cristina de Borbón[1],
es citada a comparecer para que atestigüe como imputada por ante el tribunal el
próximo día 8 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional de la
Mujer, sin embargo, en una medida casi desesperada pero astuta de parte de su
cuerpo de defensa, se prefirió no recurrir el auto inculpatorio, en una especie
de asumir como cierta la imputación para pasar a enfrentarla en calidad ya
oficial de imputada, de lo que se ha derivado su ofrecimiento para atestiguar
de manera voluntaria. En esta virtud se procedió a solicitar acortar la fecha
de su declaración la que se redujo para el ocho del mes de febrero. Con esta
jugada procesal pretende la Casa de la Zarzuela salir lo antes posible del
embrollo que se le ha causado con este expediente.
Se aduce que las declaraciones ofrecidas en su
calidad de testigo imputada de la infanta Cristina tendrían mayores garantías y
más valor probatorio.
Sumada esta causa al sinnúmero de hechos que
han provocado que la realeza haya estado siendo objeto de fuertes presiones
sociales, hasta el extremo que se ha visto muy nervioso al Rey Juan Carlos I,
cuyo reinado tiene ya 38 años, en ocasión del discurso que pronunciara el 6 de
enero ante las Fuerzas Armadas españolas reunidas, lo que se le ha achacado a
la imputación de que está siendo objeto Cristina de Borbón.
Según evolucione la suerte de este expediente,
puede suponer sea ponderada hasta la posible abdicación del rey, tema este que
ha venido siendo objeto de discusión en varios estamentos de la vida civil
española. Muchos han llegado al extremo de afirmar que el expediente que
involucra a la miembro de la realeza puede hacer tambalear los pilares del estado
de derecho hasta ahora alcanzado en la más vieja de las naciones europeas.
En aquel país como en este, la población tiene
muy poca confianza en la justicia, sin embargo, con decisiones como la
comentada, se vuelve contra este criterio generalizado, por cuanto en la medida
que los aristócratas sean objeto de persecución y aplicación de las leyes, se sientan
las bases para una mejor sociedad, donde todos seamos por igual sometidos, por el
imperio de la ley.
Una sociedad justa es aquella en que todos somos
tratados con la misma vara, que se nos aplique por igual las reglas de
convivencia, que todo aquel que se pase de la raya sepa que será objeto de persecución
y sanción por sus hechos.
Valga airear que imputar no es siquiera
sinónimo de culpabilidad.
Salomón Ureña BELTRE.
Abogado – Notario.
809 353 5353
809 381-4353
Interesante escrito.
ResponderEliminarHola, Salomón:
ResponderEliminarMás que "invitada" yo diría "emplazada" a comparecer. El juez no invita, cita y la asistencia es obligatoria.
Yo sí que te invito a ojear mi blog:
http://nachoachutegui.blogspot.com.es/