Cuántos
dominicanos pueden airear sentirse medianamente protegidos o seguros en estos
tiempos, bien en sus casas, colegios, lugar de trabajo, plazas, lugares de
diversión, etc., o bien durante el tránsito al desplazarse de un punto
geográfico del país a otro.
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A
tal grado ha llegado la comisión de actos delictivos en todas las áreas de la
vida cotidiana, que poco ha faltado para que las autoridades deban decretar el
Estado de Conmoción Interior, prescrito por la Constitución Dominicana en el
Art. 264, dentro del Capítulo XIII, relativo a los Estados de Excepción.
Y
no es para menos, los delincuentes se han adueñado de la paz pública logrando
poner literalmente de rodillas a toda la ciudadanía.
La
poca capacidad de respuestas que las autoridades represivas le han dado a la
ciudadanía por hechos que han lacerados y ultrajado la seguridad individual, ha
sido aprovechado por la delincuencia para abrirse camino hasta el extremo que
en estos días, nada ni nadie acusa seguridad alguna.
Desde
aquellas fechas en que el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, el
abogado Darío Gómez fuera asesinado en la galería de una casa de unos amigos, bien
cuando en plena luz del día han ingresado algunos facinerosos a una importante
plaza comercial para robar y asesinar de manera inmisericorde, habiendo logrado
el botín con toda la libertad del mundo, y antes cuando en pleno centro de la
ciudad, en la avenida Abraham Lincoln, se detuvo y asaltó con fusiles y armas
de uso exclusivo para la guerra, un furgón cargado de valijas que a su vez
contenían grandes sumas de dineros y asesinados a sus cuidadores, la
delincuencia pensó haber tomado el dominio y la autoridad en el escenario de la
vida social en la República Dominicana.
En
cada uno de los episodios comentados, las autoridades no fueron eficientes para
develar los autores de tales tramas criminales y si obraron en algunos de ellos
para tratar de contener y entretener a la opinión pública pretendiendo
distraerla imputando a quienes no eran sino simples conejillos de indias, y a
fin de cuentas no llegaron a ser sino el hazmerreir por sus incompetencias. En
lo adelante, estos hechos han sido óbice para que la delincuencia se suba al
escenario que protagoniza el drama nacional.
Las
autoridades deben entender que la función principal del Estado es preservar el
orden público y la seguridad ciudadana y
para ello no debe escindirse ningún recurso para que sea posible su
mantenimiento y sostenibilidad.
La
seguridad pública como una cuestión básica del gobierno deviene en una función
tradicional y circunstancial del Estado, a su vez condicionada por los
principios y normas de la democracia y de los derechos humanos.
En
la medida que sean manejadas con medias tintas las cuestiones fundamentales del
Estado, estas crecen hasta limites insospechados, de ello podría inclusive,
depender la sostenibilidad y permanencia del gobierno de turno.
La
conquista de la hegemonía de Roma en el mundo antiguo con la derrota de Cartago
en el siglo VI a.C, obedeció fundamentalmente a que no hubo una reacción
oportuna contra los vicios que se entumecieron alrededor de sus gobernantes, y váyase
a ver como repercutieron esos magnos acontecimientos para tanto para las
tierras conquistadas y la influencia de esos hechos en la historia post moderna.
Hoy
día, gracias a la atinada decisión de disponer el atrincheramiento de las
fuerzas armadas en cada una de las calles del país, se ha tornado un cierto sosiego,
el que en caso de no haber existido una reacción oportuna de parte del equipo de
hombres y mujeres que acompaña al Presidente Danilo Medina en la dirección del
Estado, hubiera habido en menos tiempo del pensado, consecuencias inesperadas contra
todo el statu quo.
Con
el apostamiento de las fuerzas armadas en las calles del país para conjurar la criminalidad
se ha recurrido a una atinada táctica que procura de una vez y por todas,
someter a los delincuentes a la obediencia y dejarles dicho que se está en
capacidad de accionar con valentía y determinación en aras de mantener la
concordia y la paz ciudadana.
Toda
la comunicad nacional debe respaldar la decisión del Presidente de la República,
en el sentido de colocarse de frente contra la delincuencia, so pretexto utilizar
todos los medios que hagan detener la desvergüenza criminal de la ola de
maleantes que han pretendido ser amos y señores de la paz y la seguridad pública.
Esta
medida cuenta con la legalidad que le atribuye la Constitución Política Dominicana,
ya que en su Artículo 252, el cual dispone en su numeral 2,
lo siguiente:
“Misión y carácter. La
defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto: … 2 [Podrán,
asimismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la República en
programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país,
mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en auxilio de la
Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos
excepcionales]”;
Combatir
las actividades criminales que pongan en peligro el interés de los habitantes
de la República es cosa que hay que prestarle la mayor atención y para ello
deben disponerse de todos los recursos que se tengan al alcance, incluyendo al
cual ha recurrido el Presidente Constitucional de la República, el uso y apostamiento
coyuntural de las fuerzas castrenses en las calles, y en caso de ser necesario,
la incursión a la declaratoria de calamidad pública interna con el propósito de
salvaguardar la seguridad ciudadana.
Es
inaceptable que nos gobierne la agenda que nos propone la delincuencia sobre la
base de la inseguridad, del daño a personas y bienes, el mensaje de toda la
ciudadanía en respaldo al gobierno es y debe ser claro y contundente, el cual
es de que no pasarán…
Salomón
Ureña B E L T R E.
Abogado.
Cel.
809 353 5353
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