La
Corporación Dominicana de Electricidad fue fundada en el año 1928 con el nombre
de Compañía Eléctrica de Santo Domingo, cuando ya para el 1955, esta empresa
era adquirida para el engrosamiento del vasto emporio empresarial del
presidente de entonces, Rafael Leónidas Trujillo Molina.
El
servicio que ha ofrecido esta entidad a la población dominicana ha sido desde
su fundación, deficiente, paupérrimo hasta la insolencia, lo cual se ha
extendido por años, décadas y ya hasta por siglos, sin que las dichas taras
hayan podido ser superadas sin importar las inversiones económicas y las
transformaciones legales a las que se ha sido sometida.
Las
causales que se han justificado para este mal han sido entre otras: que gran
parte de la energía servida -el 12%
aproximadamente- se pierde por las malas condiciones de las líneas
de trasmisión y claro, se ha argumentado que los dominicanos sustraen en mayor
proporción a la pagada, la energía servida.
No fue
sino hasta que el Estado se vio precisado a incursionar de manera seria y
responsable en la contratación de compra de energía a los llamados productores
independientes de energía (IPP). A partir de la inversión de capitales foráneos
en la industria eléctrica nacional, se comenzó a hablar de que en nuestra
legislación debía tipificarse como delito, el fraude de la energía eléctrica.