La economía global está a punto de ebullición, los Estados nacionales están desprovistos de los recursos y por lo visto carentes hasta de los medios estratégicos con los que hacerles frentes a las diversas obligaciones que deben encarar.
Para resolver sus precariedades, los gobiernos no se disponen a crear mecanismos de solución más efectivos, y al no desarrollar métodos interesantes de captación de recursos, estos se inclinan por tomar medidas por las vías más fáciles, para ello sin importarles acceden hasta a violentar de manera sarcástica, los instrumentos reglamentarios sobre los cuales descansan su propia legalidad.
Este ha venido siendo el caso del gobierno nacional, quien desde la promulgación y puesta en vigencia de la Ley No. 112-00 sobre hidrocarburos, la ha venido incumpliendo constantemente, importunando la capacidad económica de los más desposeídos, y desafiando a toda la colectividad, la que aún no toma conciencia de su gran poder de influencia para evitarlo.
El gobierno está actuando desesperadamente al aplicar de manera poco razonable, contrario a todo espíritu de la norma, y en detrimento del interés familiar esta normativa cuyo propósito original fue ponerle limites a las ambiciones circunstanciales del Poder Ejecutivo, como hasta entonces se abrogaba la facultad, de fijar administrativamente, el precio de los combustibles.
La razón que llevó al legislador a instituir la ley de hidrocarburos fue el de crear la conciencia de que los consumidores hagan un uso racional de los combustibles fósiles, motivar la introducción de medidas que incentiven una explotación racional de los derivados del petróleo, estimulando el consumo de aquellos combustibles con menor efecto negativo sobre el medio ambiente, así como la introducción al mercado nacional de otros combustibles de menor impacto ambiental.
Igualmente esta normativa procuraba detener la asignación administrativa y discrecional del precio de los combustibles, mediante el llamado "diferencial del petróleo", lo cual en determinadas circunstancias provocaba distorsiones en la economía del país.
Pero además, está muy marcado en el espíritu de la ley 112-00, su función fiscal, al enunciar expresamente en sus considerandos que para el Estado poder honrar sus compromisos financieros y mantener el crédito y garantizarle al país acceso a nuevos recursos y fuentes de financiamientos, se hace necesario la creación de un régimen legal que regule eficazmente el sector de los derivados del petróleo.
La existencia de esta importante pieza legislativa, la cual fue instituida por reclamo de la sociedad, no ha llenado las expectativas vislumbradas, toda vez que el interés que ha primado para su aplicación desde el Poder Ejecutivo, ha sido la de obtener los recursos con los que satisfacer sus obligaciones financieras, sin importarle como se deprime cada vez más el ya disminuido patrimonio familiar.
El aumento desproporcionado que se produce semanalmente en el precio de los combustibles no obedece a como estos se comportan en los mercados internacionales, sino que se centra en la voracidad fiscal con que el gobierno maneja sus políticas públicas.
Los diferentes sectores de la economía nacional ya se organizan para lograr una modificación de la norma y también para enarbolar mecanismos de presión con los que exigirle al gobierno que cumpla con lo que se comprometió cuando ascendió al capitolio presidencial al jurar cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República.
Si en verdad se pretende que en el país haya estabilidad y crecimiento, y con ello bienestar y prosperidad, debe forjarse en la conciencia de sus autoridades, el principio de respecto irrestrictos a las leyes que lo rigen.
Salomón Ureña Beltre.
Abogado.
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