No fue sino a partir del 18 de enero del año 2001, cuando el Poder Ejecutivo, bajo la presidencia del ingeniero Hipólito Mejía Dominguez, dictó el decreto número 93-01, mediante el cual dispuso la implementación de un Plan Nacional de Titulación de Tierras del Estado Dominicano, y creó, además una unidad ejecutora, adscrita a la Administración General de Bienes Nacionales (DGBN) para dirigir dicho plan.
Muchos fueron los favorecidos de aquella magnifica propuesta del Ejecutivo, sin embargo, esta no llegó a consolidarse por la corrupción que imperó en los actores a cargo de quienes se dispuso su implementación.
La ola de cambios y los esfuerzos promovidos en este sentido, quedaron lamentablemente naufragados porque el principal hombre de confianza del presidente Mejía Dominguez para estos aprestos, resultó maleado por las circunstancias, convirtiéndose en el único funcionario público de nuestra historia republicana, en haber sido encarcelado dos veces durante dos gestiones de gobierno diferentes, y para colmo por las autoridades del propio partido al que ha pertenecido y que lo nombró, precisamente por la mala costumbre que al parecer suele tener de malversar los recursos públicos puestos bajo su cuido y custodia.*
No mejor dicha ha corrido el actual gobierno con sus funcionarios designados para el desempeño de estas tareas. Solo en el periodo del 2012 al 2016, cuatro han sido los titulares que ha nombrado el Poder Ejecutivo en la Dirección General de Bienes Nacionales, ninguno de los cuales ha dado “pie con bola” en los propósitos deseados, forzando el incumplimiento de las promesas del presidente Medina, dejando a tantos dominicanos a la espera de poder tener, por fin, sus predios a sus nombres, sacándolos de sus estado de precaria posesión.
En la actualidad, cientos de dominicanos tienen sus expedientes estancados ante la DGBN en la imposibilidad de ver sus sueños hecho realidad de tener sus propiedades inmobiliarias regularmente tituladas a sus nombres, debido a que, por decreto del Poder Ejecutivo, desde hace más de un año, está suspendida la transferencia y regularización a favor de los particulares los bienes que les pertenecen y merecen ser titulados.
La única dependencia pública que opera y cumple un procedimiento efectivo y en cabal funcionamiento de transferencia de los bienes inmuebles que enajena a favor de los particulares, lo es el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
*- De los gobiernos comprendidos en los cuatrienios 1982-86 y 2000-2004 es en los que participó el ex-funcionario de que hablamos y del cual no brindamos su nombre porque en ninguna ocasión en la que ha sido apresado, y habiendo guardado prisión inclusive, no ha intervenido decisión judicial definitiva que lo condene por los hechos imputados.
Salomón Ureña (W.A.).
Abogado.
Wamcho’s father
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