Una de las promesas electorales que más repercusión tuvo y que encausó el voto a favor del entonces candidato a la presidencia en el proceso electoral del 2012, Danilo Medina, fue que de alcanzar la primera magistratura del Estado emprendería un plan de titulación de tierras en beneficio de los dominicanos que estuvieran en posesión de un predio.
Su promesa fue sincera, tan pronto como éste asumió el mandato para el que fuera efectivamente electo, instruyó desde el Poder Ejecutivo a las diversas dependencias del Estado relacionadas con el sector inmobiliario para que diseñaran los mecanismos que permitieran a los ciudadanos alcanzar este tan importante y loable objetivo, como el ser titulado legítimamente de los derechos sobre los bienes de que era poseedor de buena fe.
Tanto la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), como el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), etc., implementaron algunos procedimientos que facilitaron la expedición de modo casi expedito a los ciudadanos para acogerse a los planes de titulación.
Para ser justo, no solo el gobierno que hemos comentado es el que más se ha preocupado por este importante tema de titulación de la tierra, otros lo han hecho y hasta tenido como buque insignia, por entender que con ello se incentiva la inversión, la producción, y en la más noble de las intenciones, para otorgarle la certeza de propiedad que requieren los ciudadanos sobre los fundos que, por años han poseído bajo el detestable manto de la inseguridad jurídica.
Ningún proyecto más ambicioso que el patrocinado por el presidente Joaquín Balaguer en la década del 1962 al 1972 en la que hubo la elaboración, aprobación y promulgación de las leyes que marcaron el punto de partida de la iniciativa más agresiva de legitimación de la tierra que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Aunque muchos consideran que bajo estas iniciativas hubo muy pocos cambios por la poca cantidad de campesinos que, a su decir, se beneficiaron de estas políticas. Al frente de estas reformas se designó a uno de los abogados con mayor solvencia moral de nuestro país como lo es, el destacado y muy versátil doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez.
Algunos estudiosos sostienen que aquellos cambios fueron encausados como medidas de contrainsurgencia que debieron ser ejecutadas para enfrentar el aposentamiento de los movimientos comunistas que se enraizaban por toda latinoamérica y que por temor a su expansión y consolidación debían ser estrangulados en sus origines.
Fue en la reunión de Punta del Este en Uruguay, en el 1961, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se tejieron las primeras iniciativas bajo las cuales los países de esta geografía -la latinoamericana- se comprometieron a incentivar la reforma agraria. Los obstáculos provenientes del propio seno social, como las luchas de clases, y otros tantos con los que han tenido que lidiar los diferentes gobiernos dominicanos por casi 60 años, han impedido que se alcancen mejores resultados en la titulación de la tierra, donde ha reinado el latifundio, por encima de los intereses de las mayorías.
Salomón Ureña (W.A.).
Abogado - Notario.
Wamcho's father.
@salomonbeltre
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