Por razones que solo pudiera entender o justificar el propio jefe policial, el Mayor General Manuel Castro Castillo, éste propone el desarme general de la población civil, obviando que la seguridad ciudadana debe procurarse por todos los medios, incluyendo el uso de las armas a que se tenga acceso legalmente.
Obviando el derecho a portar armas con fines defensivos, tanto personal como de bienes que tiene la población, el jefe policial se destapa con semejante propuesta con la que no hace sino enfadar aun más la muy irritada paciencia social a causa de la latente inseguridad en que vivimos, la que no ha sido paleada, no obstante recibir los órganos encargados de enfrentarla, los recursos y las facilidades que aspiran para lograrlo.
Restringir el uso de las armas en manos de civiles induciendo a que se modifiquen las leyes que rigen la materia, como en efecto, la Ley 36 del 17 de noviembre del 1967, y que en su defecto se adopten medidas restrictivas para abolir el derecho a tenerlas, sin que esta propuesta vaya acompañada de otras proposiciones, pone de relieve que no existen mecanismos operativos eficientes a la vista de parte de las autoridades encargadas para enfrentar la delincuencia.
Tener, y portar armas implica proteger los bienes, negocios, propiedades y la propia integridad individual de los particulares, ante las amenazas constantes que les asechan, derecho este que inicialmente se originó con el interés de asegurar la integridad personal de los reyes, por esta razón desde sus origines, el derecho a portarlas está estrechamente vinculado al servicio militar, pero que luego, esta facultad le fuera extendida a la población civil quedando instituido como un derecho constitucional, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo texto sustantivo en su II Enmienda, adoptada el 15 de diciembre del 1791, dispone que:
“Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Implicar que la ola delincuencial que nos afecta, y que arrecia sin contención de parte de las autoridades, puede reducirse adoptando mecanismos que les impidan a los civiles el uso de las armas, es valorar de manera errática las causales que las originan. De ser certero el criterio del jefe policial, deberíamos concluir que las autoridades norteamericanas debieran acometer iguales despropósitos, como los planteados por él, incautándoles los cincuenta y tres millones de armas que portan los ciudadanos en Texas y, además, debiéramos tener constancia de que aquella sociedad ha de estar sumida en un estadio de delincuencia absoluta, sin embargo, ni una ni otra de las premisas planteadas hacen realidad en aquellos entornos.
Seria más responsables y serio de parte del señor jefe policial, si planteara que está en capacidad de comenzar a tomar las medidas a lo interno del cuerpo que dirige, en el sentido de impedirle a sus miembros que no porten sus respectivas armas cuando no estén en ejercicio de sus funciones, en consonancia con el artículo 54 de la Ley 36, que expresa:
Art. 54.- [...los policías, …no podrán llevar tales armas e instrumentos en reuniones o actos públicos, ni transitar por las calles portándolos o llevándolos sino cuando justifiquen de una manera notoria y evidente que les eran necesarios para sus faenas habituales].
Y por cierto, cuál es el porcentaje de los crímenes que se cometen con las armas que porta la población civil de manera legal?
Hay que recodarle al señor jefe policial, el Mayor General Castro Castillo que la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas (sic), que él propone modificar, fue creada precisamente con el interés de que las autoridades hicieran todo lo posible para disminuir el porte ilegal de armas en manos de la población, a este efecto, esta disposición dispone de mecanismos que de haberlos puestos en práctica, otra cosa sería.
No entendemos porque ha tenido el jefe policial que recurrir a esta inexplicable sugerencia, por cuanto ha hecho un trabajo hasta la fecha, digno de aplausos, muestra de lo cual se evidencia con haber logrado alcanzar disminuir en más de cinco puntos (del 22% al 17%), los niveles de criminalidad durante el anterior año 2014.
Salomón Ureña (W.A.)
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