200 años de la Promulgación de la Constitución de Cádiz

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La Constitución de Cádiz, por haber sido promulgada el día de San José, el 19 de marzo del 1812, la llaman: La Pepa.

Su elaboración se circunscribe al periodo en que para muchos ha sido una de las etapas más turbulentas que ha tenido la historia de España, esto es aquella en la que los franceses ocuparon gran parte del territorio ibérico por allá por el 1808, cuando una vez el Rey Fernando VII fuera hecho prisionero, la Junta Central de Regencia que gobernaba a España, convocara a elecciones para seleccionar a los diputados que le dieran a esta nación una constitución.

En efecto, los Constituyentes de Cádiz, dentro de los que se encontraba una representación de Santo Domingo en la persona de Francisco de Mosquera, quien al igual que todos los demás miembros convocados, más de trescientos en total, le dieron a España su primera Constitución.

La Constitución de Cádiz recogió las principales ideas liberales de la época, vino a radicar un mínimo de garantías constitucionales; instituyó el principio de la soberanía popular. Prohibió el tormento a los ciudadanos y prohibió la incautación de sus bienes. Fijó el principio de que nadie podrá ser encarcelado por más de 24 horas sin la autorización de un juez. Proscribió los allanamientos sin orden judicial. La libertad de expresión fue consagrada con limitaciones.

En su contra se alega que no abolió la esclavitud y exigió requisitos casi inalcanzables para los libertos poder alcanzar la condición de ciudadanos.


Fruto de un tratamiento enraizado en toda la Europa de la época, esta Constitución no contempló ningún derecho a favor de las mujeres, hasta el extremo que no fue sino excepcionalmente que le hizo referencia.

Instituyó como religión oficial y única a la Católica. Siendo más categórica aun, prohibió de manera expresa la feligresía a cualquier otra religión en toda España. 


Sin menoscabo de lo que habremos de afirmar posteriormente, Santo Domingo, como provincia de ultramar, tuvo que tolerar que este instrumento fuera discriminatorio en exceso, debido a que esta segregaba entre los ciudadanos españoles peninsulares o europeos de los hombres libres de color con ciudadanía española.

Estableció regímenes judiciales de diferentes envergaduras, los unos para las provincias peninsulares y los otros para las provincias de ultramar. Para las primeras instituyó un Tribunal Supremo como el órgano de mayor jerarquía en el organigrama judicial y para las segundas, organizó una instancia denominada Real Audiencia, la que hacía las veces de tribunal superior.

Aunque España la promulgara en el mes de marzo del 1812, no fue sino hasta julio de ese mismo año cuando esta Constitución fuera traída e inmediatamente promulgada en nuestro territorio.

“La Constitución de Cádiz fue jurada en América, y su legado es notorio en la mayor parte de las repúblicas que se independizaron entre 1820 y 1830. Y no sólo porque les sirvió como modelo constitucional en diversos órdenes sino, también, porque esta Constitución estaba pensada, ideada y redactada por representantes americanos como un proyecto global hispánico y revolucionario.”

Muy a pesar del futuro de España, esta Constitución fue tratada como marioneta tanto por el Rey Fernando VII, quien luego de su asunción al poder en el 1814 la derogó junto a la legislación dictada al amparo de la misma, y así lo hicieron sus continuadores lo que conjugado con diversas causales que afectaron el devenir progresista español esta fuera dejada sin efectos en diversas ocasiones, debiendo ser promulgada una y otra vez tanto en 1820 como en 1836.

Es sin dudas de ninguna índole, el Cuerpo Sustantivo más revolucionario luego de la Constitución Norteamericana de 1776 y la de Francia de 1789, de la cual la mayoría de las naciones del mundo han tenido que abrevar para instituir sus propias Cartas Sustantivas.

Con sobrada justeza el Rey de España Juan Carlos I, ha dicho en las festividades de los 200 años de promulgación de este trascendental instrumento que: “La Constitución de Cádiz fue un salto para el modernismo y para el desarrollo político de España.”, y no menos certero fue el presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy al decir que: “La Constitución de Cádiz es una de las mayores aportaciones a la cultura política universal.”

Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado – Notario.
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Día Mundial del Agua e Imbert, Puerto Plata

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La Organización de las Naciones Unidas designó a partir del 1993, el 22 de marzo de cada año como el día Internacional del Agua.

Los seres vivos, y dentro de ellos, los seres humanos necesitamos del agua como elemento vital para nuestras subsistencias, para satisfacer nuestras más perentorias necesidades; esta es consustancial para la vida, para la cotidianidad.

Gracias a la disponibilidad y al uso del agua, los seres humanos hemos podido alcanzar niveles de desarrollos altamente sofisticados. Son pocas las actividades que ha emprendido la humanidad donde el agua no intervenga como elemento fundamental.

El pináculo del desarrollo de la agricultura moderna, por ejemplo, está basado en la implementación del uso que del agua y su canalización supieron hacer las civilizaciones tanto egipcia, hebrea y la romana.

En la antigüedad, motivados por las constantes necesidades de los pueblos en guerras, las regiones más aisladas de los grandes centros urbanos debieron emprender importantes estructuras de ingenierías lo que incluía sistemas de riegos a través de los cuales canalizar de manera eficiente las aguas, lo que determinó que estas regiones adquirieran sus propias autonomías, desplazando las principales ciudades Estados hasta convertirse ellas mismas en verdaderas metrópolis.

Estos cambios fueron posibles por las carencias que imperaban en los regimientos que debían guarnecerse en las regiones aisladas hasta tanto fueran necesarias sus presencias en los frentes de batallas. Los ejércitos se las ingeniaban para poder llevar de una región a otra a través de sus ingeniosos métodos de transportes, las aguas, los que para la época llegaron a ser los más sofisticados.

Todo lo anterior viene a cuentos debido a que en la semana que acaba de transcurrir, nos vimos precisados a visitar la provincia de Puerto Plata a realizar una labor propia de nuestro ministerio profesional de abogado, donde acompañado de un estimado colega, el Dr. Francisco Regalado, debimos transitar y detenernos en el municipio de Imbert, donde al entrar a un importante centro comercial, fuimos abordados por su propietaria quien con una queja que francamente a nosotros, inicialmente nos pareció estridente, excesiva, nos mereció nuestra especial atención.

Nos exponía la señora Juana Sención, que el municipio de Imbert ha sido desprovisto de las atenciones y de las políticas gubernamentales que auspiciarían su desarrollo. Este municipio no obstante ser pacífico, trabajador, y consciente de su realidad, no posee siquiera un acueducto.

Sí, hace más de treinta años que el Estado Dominicano se olvidó de prestarle el servicio de agua potable a la localidad de Imbert. El medio con que cuenta esta localidad para abastecerse del agua es a través de la compra a granel, lo que presume una disminución considerada del presupuesto familiar, no obstante, ser un pueblo constituido en su mayoría, por personas de muy bajos recursos económicos.

Es inexplicable que un municipio de una provincia tan importante para el turismo como lo es Puerto Plata, carezca de un sistema de acueducto que provea a sus habitantes del preciado líquido. Pero mayúsculo es el desafuero, lo que adquiere ribetes de escándalo, el que la falta del acueducto se remonte a las tres décadas.

Decidimos tomar algunas muestras de algunos ciudadanos, se nos explicó que las autoridades han justificado la no construcción del acueducto, alegando no existir las fuentes fluviales directas desde las cuales pueda ser alimentado, excusa esta que nos parece desconcertante, máxime como hemos visto, hace tiempos inmemoriales  que civilizaciones de la antigüedad diseñaron las primeras estructuras de ingenierías tras las cuales lograron la canalización de las aguas de manera eficientísima, logrando proveer a comunidades tan distantes las unas de las otras del líquido con lo cual respondieron a los desafíos de la época.

Para tragedia del municipio de Imbert, todo esto se mantiene, no obstante los dos principales funcionarios electos de la provincia cabecera ser oriundos de Imbert, esto es, el síndico y el gobernador de Puerto Plata, incluyendo a otros encumbrados funcionarios que ostentan posiciones cimera en el organigrama del Estado, incluyendo el segundo al mando en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quienes por sus indiferencias a las problemáticas sociales de su municipio están muy mal estigmatizados por sus compueblanos. 

El acueducto de Imbert puede alimentarse, según nos informaron algunos lugareños, tanto del Río de Baja Bonico arriba que está apenas a seis kilómetros del pueblo, o bien de Barraba que está a parecida distancia.

El esquema conceptual de Estado Social y Democrático de Derecho instituido en nuestra Constitución es un referente a través del cual los ciudadanos dominicanos habremos de alcanzar la plenitud de nuestras vidas. Esta noción que es un calco de la Constitución de Francia de 1958 ora de la Española de 1978 y de otras, merece ser traducido en una muestra de desempeño real de nuestros gobiernos. Estos deben imitar como convertirse en pragmáticos, en ejecutores eficientes de las obras que dignifiquen la vida de los ciudadanos.

No por menos, las buenas obras de los gobiernos constituyen la razón del desarrollo de las naciones.

Los habitantes del municipio de Imbert, Puerto Plata, esperan desde hace treinta años que el Gobierno Central, lleve a sus apenas 1,852.90 kilómetros cuadrados y a sus casi treinta mil habitantes la normalización del acueducto a través del cual pueda disfrutar de este preciado líquido sin el cual la vida no es posible en ninguna de sus formas.



Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
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En Defensa de la Isla Saona

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Con la pretendida intención de las autoridades nacionales de permitir al Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica la construcción e instalación de una base naval y un muelle en la Isla Saona se violentan las leyes de la República y causan el consabido malestar de toda una ciudadanía que está hastiada de tantos vaivenes con que se maneja el ámbito de la protección de los recursos naturales en nuestro país.

Este hecho no sólo conlleva la vulneración de nuestra soberanía, la que en sentido estricto está articulada en nuestra Carta Sustantiva, siendo esta una de las instituciones que los Dominicanos hemos sabido atesorar en nuestro devenir como nación, cuya enseñanza nos viene dada de nuestro padre fundador de la Patria, Juan Pablo Duarte, quien sentenció que: "Nuestra patria ha de ser libre, soberana y independiente de toda dominación extranjera o que se hunda la isla", si no que se lleva de encuentro además, toda la debida protección que se le debe a nuestros recursos acuíferos.

Los grupos organizados han demostrado de manera categórica que deben ser considerados en ocasión de los gobernantes tomar ciertos tipos de decisiones. La mejor muestra es de muy reciente ocurrencia cuando revestido de las facultades a protestar que tienen los ciudadanos, éstos se empoderaron y en colectividad se arreció una sería oposición a que fuera instalada una fábrica de cemento en el Parque Nacional de los Haítises, lo que se entendía afectaba los intereses colectivos nacionales. En aquella oportunidad la vehemente determinación de los grupos organizados pudo impedir se concretizara el pretendido desacierto, lo que se espera se reproduzca en esta nueva amenaza avisada.

La Isla Saona pertenece a la red de unidades naturales protegidas y que es parte del Parque Nacional del Este, del cual posee la mayor cantidad de reservas ecológicas. Mide unos 110 kilómetros cuadrados; cuenta con preciosos arrecifes coralinos, deviene en una importante reserva de especies endémicas y riqueza florística, cuya desaparición no debe ser propiciada.

No se debe considerar como una simple reacción que nace de la pura inconformidad la oposición a la instalación de la referida base naval, sino más bien, como una manera de los dominicanos traducirle a las autoridades que no toleraremos decisiones que atenten contra los intereses comunes a todos los que habitantes de nuestro país.

La instalación de la referida estancia militar no solamente revela la permisibilidad y servilismo de las autoridades nacionales hacia las de ultramar, sino que además expresan el descaro con que se permite la vulneración de los cañones constitucionales que son inclusive, de recientes promulgación en la República Dominicana.

Cabe preguntarse, cuáles serían los beneficios palpables que obtendría nuestro país con la instalación de esta estación militar? Por qué existe tanto interés de utilizar esta área para disminuir supuestamente las actividades del narcotráfico y evitar el trasiego de personas hacía la Isla de Puerto Rico? Por qué no lo resuelven los dominicanos, máxime cuando se habla de que la inversión presupuestada no alcanzaría sino apenas un millón y medio de dólares? No tienen las autoridades nacionales estos nimios recursos para ampliar la base con que cuenta la Marina de Guerra en esta zona?

Es qué acaso las autoridades nacionales se creen que los dominicanos no hemos recobrados la capacidad para reaccionar de manera categórica ante tales desmanes?

Este tema que enfocado sólo desde el punto de vista de una supuesta defensa estratégica no resarce al Poder Ejecutivo frente a la ciudadanía. Entendemos que tampoco le favorece desde la óptica a los daños que a la soberanía, la ecología y a la calidad de vida que merecemos tener los dominicanos.

Diversos sectores representativos de la colectividad nacional se han expresado en contra de la construcción e instalación de la referida base militar, muy especialmente la autorizada y respetada Academia Dominicana de Ciencias, la que ha advertido que la Isla Saona sólo debe abordarse para la investigación científica y para promocionar el ecoturismo. De modo contrario, sus recursos naturales podrían ser seriamente afectados si se tolera su uso para los fines detectados.

La Isla Saona es una de las principales reservas ecológicas con que cuenta el país. Por qué pues enfocarse en ella para trazar supuestos instrumentos de defensas que a la larga desaparecerán sin dejar huellas de su existencia, como lo es la supuesta lucha contra el narcotráfico?

En definitiva, para que el gobierno permita abordar esta zona para la instalación de lo que se ha anunciado se deben tomar las previsiones para impedir que los daños que se prevén sean evitados o por menos reducirlos a su mínima expresión, y desde luego contar con la anuencia de la mayoría de los dominicanos, quienes como en otras ocasiones hemos afirmado, estamos empoderados y conscientes de saber echar la pelea ante tales despropósitos.

La instalación de una base naval en la Isla Saona de parte o con los recursos de una nación extranjera, vulnera la soberanía nacional, afecta nuestros recursos naturales y corroe la dignidad de todos los dominicanos.


En ningún caso se puede tolerar.


Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado.
salomonbeltre@gmail.com