Existe un aforismo jurídico medieval que reza: novus rex, nova lex, esto es: Nuevo rey,
nueva ley.
Pareciera que esta máxima fuera enclavada en el
espinazo dorsal estatal dominicano en materia de regulación fiscal. Los ciudadanos
de este país hemos visto a lo largo de nuestra historia como cada gobernante que asciende a la dirección del Estado nos impone, sin advertírnoslo antes de su elección, una nueva
carga impositiva, la que suele resultar al cabo del período de su gobierno
insuficiente para alcanzar cumplir las metas que se suponía debían lograrse con su implementación.
El día miércoles recién pasado, el presidente
Danilo Medina introdujo al Congreso Nacional, vía el Senado de la República,
donde su partido tiene mayoría absoluta, el anteproyecto de ley que contiene
los lineamientos que trazan el re-ordenamiento al alza de los impuestos, con el que una vez
aprobado, se tiene previsto obtener los recursos que le valdrán al Poder
Ejecutivo conjurar el déficit fiscal dejado por su antecesor, el que asciende
según cifras inocultables a no menos de 187 mil millones de pesos.
Todavía en nuestro país no se han modelado los
aspectos sobre los cuales se fundamente el crecimiento de la economía sin tener
cada cierto tiempo que acudir al aumento de la presión tributaria para dotar al
Estado de los recursos con los que hacerles frente a los diferentes compromisos
que deben encararse.
Esporádicamente ha habido interés de instituir
mecanismos regulatorios en este sentido, como por ejemplo, en el año 1970
cuando mediante el Decreto No. 338, el presidente Joaquín Balaguer creó el
Preliminar del Primer Plan Nacional de Desarrollo, con el que se perseguía
diseñar las futuras jornadas que posibilitaran el desenvolvimiento económico y
social de la nación.
Cuarenta años más tarde no lo hemos logrado y por
el contrario solemos estar aplicando el mismo santo remedio que es hacerle parches a nuestro tergiversado sistema tributario.
No acabamos de centrarnos en desarrollar una
verdadera transformación fiscal, no tributaria, que se mantenga en el tiempo y
que sea ella quien trace el equilibrio de nuestra economía, esto es que no
tengamos que acudir sino en ocasiones estrictamente necesarias a ampliar la
base tributaria o aumentar las tasas fijadas cada vez que el gobierno central
requiera de mayores recaudos.
El país tiene que aprender a planificarse, a jerarquizar sus
necesidades, escalonar urgencias, identificar las áreas de inversión
indispensables, haciendo las proyecciones de los ingresos para entonces invertir
y gastar de manera razonable los recursos con los que contamos.
Debe crearse un verdadero plan nacional de
desarrollo que le sirva de camisa de fuerza a los diferentes gobiernos que
participen mientras esté habilitado, de tal manera logremos abolir la
perniciosa práctica de cambiar el diseño de nuestras metas cada cuatro años
según la programación individual del gobernante de turno.
Ciertamente los dominicanos hemos demostrado ser
tolerantes, comprensivos y hasta compasivos cada vez que hay voluntad de aumentar
la tarifa impositiva; esto queda evidenciado tras la ausencia de manifestaciones
sociales vigorosas. Son escasas las expresiones contundentes de inconformidad del pueblo,
solo un grupos muy reducido de ciudadanos cuya conciencia no puede quedarse
inmóvil ante tales aprestos, es el que suele airear su desconcierto.
No obstante, en esta ocasión sugerimos se preste
especial atención al hecho de que la población está muy enfadada con el uso que
se entiende se les ha dado a nuestras riquezas en los últimos años. Por los diferentes corrillos de la sociedad no deja de escucharse, y así mucho lo consideran, que fueron muy pocos de los que formaron parte de la cúpula del tren administrativo
del gobierno recién desmontado que no se le haya deslizado la mano para tomar más
de lo que le tocaba.
A este tema se le debe dar respuesta contundente.
En esta ocasión la voz del pueblo reclama que por lo menos antes de aprobar y sea aplicada la
mal querida pero necesaria reforma impositiva se abran los procesos judiciales contra los que han desfalcado al erario y se apliquen las sanciones pertinentes.
Las autoridades deben fijar su observación en este delicado fenómeno porque lo
cierto es que de Herodes a Pilato se llega sin ni siquiera aspirarlo, y no está muy lejos aquello que de tanto apretar la tuerca se pueda correr la rosca.
Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado - Notario.
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