La presidencia de Luis Abinader está marcada, no por las reformas y avances prometidos, sino por un preocupante entramado de contradicciones y prioridades cuestionables. Desde su implicación en los “Panama Papers”, su credibilidad ha sido erosionada al punto de cuestionarse si la transparencia y el “cambio” tan prometido no fueron sino eslóganes vacíos para la opinión pública. Su estructura de 21 empresas en paraísos fiscales, señalada por el economista Andy Dauhajre, revela una notable contradicción: mientras exige sacrificios fiscales a los ciudadanos, se resguarda de sus propias obligaciones. Esta desconexión entre discurso y acción no solo debilita su legitimidad, sino que deja en evidencia un doble estándar inadmisible en un líder.
A esto se suma una dependencia excesiva de la deuda externa, que ha alcanzado los $46,000 millones en apenas cuatro años. Nunca en la historia dominicana se ha manejado tanto dinero en tan poco tiempo, y aun así, las obras de impacto tangible son escasas. ¿A dónde va a parar esta descomunal suma? La falta de transparencia y las falencias en el servicio público –desde los apagones hasta el deterioro de las infraestructuras y los problemas persistentes en el transporte– plantean un serio cuestionamiento sobre la gestión de estos recursos. La ausencia de un plan efectivo para el mantenimiento de las infraestructuras y los retrocesos en áreas claves no son sino síntomas de una administración que, a pesar del caudal financiero a su disposición, falla en rendir cuentas claras a la ciudadanía.
La estrategia de reelección presidencial, basada en el uso de al menos RD$180,000 millones del erario, ha asegurado a Abinader una mayoría absoluta en el Congreso. Esta mayoría, sin embargo, no ha sido ganada en buena lid democrática, sino mediante un evidente despilfarro de recursos públicos. Además, las reformas forzadas al sistema tributario y al Código de Trabajo sin un diálogo real con la sociedad solo revelan la falta de consideración hacia la voluntad popular. Lejos de fortalecer la economía, estos cambios buscan satisfacer intereses privados y apuntalan una agenda que favorece al empresariado dominante, obviando las necesidades de la mayoría.
Otro tema alarmante es el manejo de la crisis migratoria haitiana. A pesar de los “esfuerzos” declarados para controlar esta situación, el flujo migratorio sigue en aumento, con visados otorgados a extranjeros en cifras récord. El país no solo sufre por la débil seguridad en las zonas fronterizas, sino que experimenta una presión social creciente ante la incapacidad del gobierno para implementar una política migratoria coherente y efectiva.
En cuanto a las asociaciones público-privadas, el esquema de concesiones solo fortalece a un sector privado que ya domina la economía nacional. Estas alianzas desbalanceadas se traducen en una transferencia masiva de bienes y derechos del Estado hacia manos privadas, asegurando el control de estos recursos para la élite empresarial. Al hacer esto, Abinader no solo empuja al país hacia una dependencia económica profunda, sino que sienta las bases para que el sector privado determine la elección de futuros presidentes, perpetuando un ciclo de poder elitista que margina cada vez más a los ciudadanos comunes.
La administración de Abinader, que llegó prometiendo una “era de cambio” y prosperidad, ha demostrado ser, en cambio, una gestión de oportunidad para unos pocos. Las palabras de cambio y progreso han quedado vacías, mientras la realidad muestra una nación debilitada por políticas inconsistentes, endeudada, y con un aparato estatal al servicio de una minoría.
Salomón Ureña Beltre
Abogado-Notario
By SANOTHE
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