No era el momento para tramitar ese préstamo, tampoco para su otorgamiento.

Que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado haya sido favorecido con un préstamo otorgado por el Banco de Reservas de la República Dominicana, por un monto que ronda los casi quince millones de dólares, no es cosa que a nadie deba sorprenderle; bien se sabe que éste es uno de los empresarios más próspero con que cuenta la industria inmobiliaria de nuestro país, y que como consecuencia de ello posee los recursos económicos suficientes para garantizar su pago bajo las condiciones normales en que este tipo de operaciones suelen ser contratadas.

Lo que preocupa es que el préstamo haya sido tramitado en un tramo en que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del cual él funge como presidente, se disputaba un proceso electoral precisamente contra el partido oficialista, que por serlo, goza de las potestades fácticas, aunque no bien jurídicas para atribuir competencias, y gestionar lo necesario para su aprobación y desembolso, como en efecto parecer ser que ocurrió.

Las diligencias que promovía, tras bastidores el presidente del partido blanco, lo obnubilaron hasta hacer evidente que no estaba identificado con la causa y proyecto inmediato de su parcela partidaria. El pueblo deduce hoy día que estaba muy concentrado en palanquear los objetivos de sus empresas, hasta dejar sin un norte definido, lo que debió ser su verdadero compromiso, la dirección efectiva de su partido.

Imputación por Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal a la Infanta Cristina.

En días recientes nos enteramos del encausamiento al cual se ha precipitado llevar el juez de la instrucción, José Castro Aragón, a la hija menor del Rey Juan Carlos I de España, por encontrar, según él, elementos indiciarios que comprometen seriamente su responsabilidad penal, por la comisión supuesta de delitos fiscales y de presunto blanqueo de capitales, derivados de las actividades ilícitas encaminadas desde el Instituto Nóos, por su esposo, el ex deportista profesional Iñaki Urdagarin Liebaert.

Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia –infanta Cristina-, se le encausa por ser cooperadora necesaria, cómplice y encubridora de las hechos de su esposo, de cuyos fondos ésta se benefició hasta los límites que la ley interpreta como infracción; se le endosa además, el delito de falta compartida. Se estima que las empresas que regenteaba su esposo generaban unos doce millones de euros de beneficios netos.

Como si fuera poco, desde la oficina tributaria se han acomodado algunas experticias para favorecer los intereses procesales de la Infanta, aceptando facturas que contienen claros y evidentes trastocados, los que han sido considerados por el Juez de la causa, como perversa “manipulación tendenciosa”, este hecho ha generado tal enfado en el juez Castro Aragón, que dispuso emplazamiento a los técnicos que prepararon el informe que luego sometieron al tribunal para que éstos declaren sobre los móviles que los condujeron a actuar de manera tan favorable a la acusada. Es posible que puedan derivarse consecuencias contra estos peritos, si se acumulan las tipificaciones penales luego de las audiciones programadas.