Este es un revés que se le asesta
de manera innecesaria a la aun efímera y débil democracia de los pueblos de América.
Quienes la engendran no dimensionan el daño que acometen y la involución a que
someten a las sociedades Estados donde la practican. En ellos solo reina y
tiene cabida los resultados que fructifican sus ambiciones desmedidas.
Estos acontecimientos cuentan con
el auspicio de fuerzas poderosas que suelen auscultarse sobre su poder económico
e influencia fácticas, las que conocedoras de sus limitaciones, y embriagadas
de sus ansias de poder, no dudan tramar las acciones más inverosímiles y
cuestionables que den al traste con sus perturbadoras maquinaciones.
Llama la atención que utilizando la
figura de un supuesto juicio político, por “mal
desempeño en sus funciones”, el que justificado por la muerte de 17
campesinos que ocupaban ilegalmente unos terrenos, haya iniciado el jueves en
horas de la tarde y ya para el viernes a las cinco y veinte pasado el meridiano,
el Congreso tenía la decisión que presagiaba la nación: la destitución de su
presidente, el primero en sesenta años que había sido elegido por el pueblo,
fruto de una coalición de partidos que adversaba a quienes los gobernaron por
igual tiempo, el Partido Rojo.
Los creadores de estas tramas
suelen resguardarse de supuestos legales que posibiliten la obtención de sus
objetivos, y en efecto, para la especie, sus maquinadores se apoyaron en el Artículo
225 y siguientes de la Carta Sustantiva de Paraguay para cuajar su siniestro
plan, el que quedó concretizado casi a la perfección.
Se justifica que toda la comunidad
internacional se exprese opuesta a esta nueva amenaza que se ha destapado para
prorrumpir el estado social democrático y de derecho que articula la
Constitución de Paraguay.
Recientemente Honduras sirvió como
rata de laboratorio y los golpistas de ese país centroamericano utilizando su
influencia frente a los poderes legalmente constituidos, en este caso ante el
Tribunal Constitucional, lograron destituir a su presidente, José Manuel
Zaleya, y aunque hubo amagos de parte de la comunidad internacional de no
aceptar el capricho de los instigadores que vulneraron su institucionalidad, no
pudieron lograrlo y en cambio los anarquistas se alzaron con el poder, todavía
lo detentan y disfrutan hasta el extremo que se considera como un hecho
cumplido sus desmanes.
Con Paraguay se repite la historia;
han habido reacciones de parte de los países de la región que han adoptado
posiciones muy leves, los unos han mostrado cierta oposición aunque no intransigencia
en no reconocer a los irreverentes que se hacen de la dirección del Estado y
gobernanza del país.
La Organización de las Naciones
Unidas debe activar los mecanismos que hagan retomar la dirección del gobierno
paraguayo a su legítimo titular, el señor Fernando Lugo. Además de utilizar los
mecanismos diplomáticos que son los que deben imperar, deben aplicarse, además,
medidas que vislumbren determinación a que se les impedirá a los golpistas
seguir abrogándose por mecanismos espurios los poderes legítimamente
constituidos en las naciones de americanas.
Algunas de las medidas que podrían
imponerse, sería la exclusión del Paraguay de las sociedades de naciones,
impedirle negociar con países de la región y hasta la imposición de medidas de
embargos a lo interno y fuera de país.
De no ser así, pronto veremos que
Bolivia, que actualmente se debate dentro de un clima de mucha incertidumbre
con la huelga generada por los miembros de la policía, y del propio Ecuador,
que de no ser por el manejo que le dio su presidente a la crisis que hubo de
afrontar en el año dos mil diez, hubiera sido igualmente destituido del
gobierno con la anuencia de un amplio sector empresarial, incluyendo
influyentes medios de comunicación, y hablemos por igual del Perú donde existen
algunos focos de intolerancia hacía su presidente Ollanta Humala. En los dos
primeros países mencionado se ha tratado por varios medios de lograr iguales
resultados que los obtenidos por los asaltantes de los poderes públicos tanto
en Paraguay como en Honduras.
Federico Franco, vicepresidente de
la coalición que llevó a Fernando Lugo a la dirección del gobierno
paraguayo, es un cómplice que merece el repudio de todos, y por tanto no
merece ser reconocido como presidente de aquel país, por prestarse a colaborar
con el grupo de golpistas e inmoderados. Este debió actuar como ente de
moderación para evitar que se produjera este golpe mediático, insistiendo en la
necesidad de mantener vivo el estado de derecho y de democracia que tanto le ha
costado alcanzar a Paraguay.
No nos explicamos porque no se
permitió concluir el periodo de gobierno por el fuera electo el Presidente
Lugo, ya que este culminaba su presidencia el próximo año 2013, máxime cuando
se tiene por cierto que su titular no se presentaría a la reelección
presidencial por estar expresamente prohibida por el Artículo 229 de la Carta
Magna de Paraguay.
Hasta el momento no ha habido un
solo país del grupo de naciones organizadas que haya reconocido “el gobierno de facto” que preside Federico
Franco, y aunque hay elecciones el próximo año en este país, se debe privar de
toda facilidad a que pretenda su gobierno tener acceso.
Se requieren de acciones y
respuestas contundentes que imposibiliten el regreso de los golpes de estados a
nuestra zona, el Mercosur ha tomado una muy buena iniciativa que implica excluir
a Paraguay de su próximo conclave como mecanismo de aislar a estos insolentes
que vulneran la voluntad popular sin miramiento de ninguna índole.
La encerrona convertida en juicio
político a Fernando Lugo le desprovee de la facultad de ser senador vitalicio
de la República de Paraguay, toda vez que el Artículo 189 de la Constitución de
ese país señala que: “Los ex presidentes de la República, electos
democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que
hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No
integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto”.
Salomón Ureña B E L T R E.
Abogado – Notario.
salomonbeltre@gmail.com
809 381 4353
809 353 5353
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