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Recordamos la ola de expropiaciones y
nacionalizaciones de empresas de capital de inversión fundamentalmente
extranjero que hubo en Venezuela, luego del ascenso al poder de su aún actual
presidente, el Coronel Hugo Rafael Chaves Frías.
Pues este fenómeno ha vuelto a rondar
por los países suramericanos a partir de la tercera semana del mes de abril,
cuando el gobierno de la reelecta presidente de Argentina, María Cristina
Fernández de Kirchner, decidió nacionalizar la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), una entidad colateral de Repsol
de España.
YPF es una
empresa constituida bajo las leyes de Argentina dedicada a la exploración,
explotación, destilación de los recursos provenientes del petróleo, de cuya
inversión el cincuenta y uno por ciento de sus acciones corresponde a capital
español. YPF es la subsidiaria más importante con la que cuenta REPSOL, le
aporta anualmente unos 1,400 millones de euros, siendo la empresa que más auge
ha tenido en los últimos años dentro de su matriz.
Mas tarde, el día primero de mayo el
presidente boliviano, Evo Morales, anunció la expropiación de la Distribuidora
Eléctrica de España, justificado en el supuesto hecho de que esta entidad no
había cumplido con el organigrama de inversión proyectado que había sido
acordado con el gobierno central.
En uno y otro caso coincide que ambas
empresas expropiadas y nacionalizadas están constituidas por inversión de
capital español en su mayor parte.
Tanto Argentina como Bolivia son dos
países que se soportan sobre una base democrática de la que se deriva como uno
de sus pabellones fundamentales el respeto a la propiedad privada. Uno y otro
país están regidos por sendas constituciones que preceptúan la figura de la expropiación,
una y otra regulan de manera estricta las formas en que estas deben
realizarse.
La expropiación es una figura
jurídica que es definida como cualquier forma de privación singular de la
propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos,
cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan.
Se sabe que el bien común o la
utilidad pública, como quiera que se le llame, debe prevalecer sobre la
utilidad del propietario. Es sobre este fundamento que la ley ha justificado el
derecho que tiene el Estado de expropiar los bienes pertenecientes a los
particulares sean estos personas físicas o personas morales. Por su naturaleza,
la expropiación solo puede producirse por el Estado y sus funcionarios, nunca
por un particular, por cuya razón se pueden derivar consecuencias legales
contra aquellos que promuevan la nacionalización de entidades sin cumplir con
la obligación previa de reparar el justo precio de lo expropiado.
Sin embargo, el más importante
aspecto a que está sometida la facultad del Estado a expropiar una propiedad
estriba en indemnizar de manera justa al titular del bien expropiado, toda
expropiación implica una indemnización, de no serlo, se convertiría en una
confiscación.
El legislador ha puesto fundamental
interés en procurar que todo propietario antes de ser despojado de su bien, sea
antes resarcido de manera justa, todo en procura de que el Estado no asedie de
manera abusiva o inescrupulosa los intereses patrimoniales de los
particulares.
Incumplir la ley en el sentido de no
pagar las indemnizaciones que correspondan luego de incurrir en expropiación coloca en altísimos riesgos
las inversiones extranjera a futuro en los países donde se produzcan.
Las autoridades argentinas debieron
decretar un Estado Emergencia para justificar la expropiación de YPF, ya que la
Constitución de ese país faculta a las autoridades a no tener que resarcir
previamente a los propietarios de los bienes expropiados siempre que hubiera un
Estado de Emergencia o de Defensa Nacional; aunque han asegurado que garantizan
que los propietarios privados de sus riquezas, esto es los inversionistas de
YPF, serán resarcidos de manera justa y oportuna. Con esta afirmación procuran
las autoridades sembrar cierta confianza en los capitales foráneos de inversión
que se han expresados sentirse amenazados por la posibilidad de que el fenómeno
de extienda a otras empresas. A la fecha de la elaboración de este escrito, no
se han dado señales incontrastables de cumplirse con el requisito fundamental.
Respecto al caso de Bolivia, ha
habido uno que otro funcionario que ha osado decir ante los medios de
comunicación que el gobierno considera que no existen razones que justifiquen
indemnizar a los antiguos titulares de la entidad Distribuidora Eléctrica de
España.
Expropiar bajo el predicamento de no
cumplir con las indemnizaciones correspondientes es incurrir en confiscación.
Esta es una manera indelicada e imprudente de arrebatar los bienes de las
personas. Estas medidas provocan incertidumbre y desconfianza innecesarias
hacías las futuras posibles inversiones que deban hacerse en estos mercados.
Expropiar sin indemnizar previamente
es una violación flagrante a la propiedad privada y a las leyes de la
competencia, amén de que se acentúa la vocación de estos países a ser considerados
consuetudinarios en la práctica de violación del estado de derecho imperante.
La no satisfacción de las
indemnizaciones que corresponden a los expropiados acarrea además que aquellos
funcionarios que las hayan promovido sean luego encausados y perseguidos personalmente
por distracción de bienes privados, según las tipificaciones legales que hayan conquistado
las legislaciones de aquellos países.
La experiencia nos dice que este tipo
de intervenciones sobre los bienes privados de las personas se producen
generalmente para beneficiar los intereses individuales de los políticos más
que los intereses comunes de los ciudadanos.
Tanto Bruselas, los Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá, Francia y ni hablar de España, entre otros países, han
expresado su abierta oposición a estas medidas de linaje francamente violatorio
a la ley, medidas que tienen carácter meramente antojadizos de los gobernantes
de los países que han incurrido en estas cuestionables y desafortunadas decisiones.
A fin de cuentas, este tipo de
medidas que suelen tomar nuestros gobernantes latinoamericanos hacen más mal
que bien a nuestras de por sí muy frágiles economías.
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