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La sensibilidad humana aunada al servicio
social, hace que la solidaridad se abra espacio, que se atisbe la vocación que
debe conjugarse en un político, cuyas muestras deben comenzar a mostrarse con
el sacrificio individual, y el de los suyos.
Quien
ejerza de político, no deberá mostrar como propósito primario ascender social,
o económicamente, o bien granjearse vinculaciones que no sean sino para
utilizarlas a favor de quienes representa, lo otro merecería catalogarse como arribista,
ascensorista, comerciante, como un ventajista. Todo el que aspire pomposas riquezas
debe dedicarse a una de las tantas profesiones liberales permitidas que
existen, nunca a la de político.
Nuestra
Constitución Política, en su artículo 77 instruye a que es deber de todo
ciudadano:
[… Dedicarse a un trabajo
digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia
para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad…]
El servirse con la cuchara grande para
favorecerse individualmente es una característica que abomina esta digna y
noble actividad que bien ejercida permite acercarse a las necesidades de las
grandes mayorías, para luego con la vocación de servicio social interceder ante
los entes públicos y privados necesarios para forjar las bases que disgreguen
el ausentismo de bienestar social de las personas.
En las esferas de influencias de cada político,
existen competencias propias, tal y como les está atribuidas a la de los congresistas,
las que en sus casos se contraen única y exclusivamente a la tarea de legislar
y fiscalizar en nombre de la República, no tienen éstos ninguna otra facultad.
Intentar abrogarse la calidad de proveerse recursos del erario para instaurar
mecanismos de asistencia social, no, no está en su función.
Las
partidas que se reflejan en la Ley de Presupuesto General del Estado
destinadas al Congreso para uso de asistencialismo social, es por tanto una
práctica que debe proscribirse desde ya, este mecanismo no está autorizado por
la ley de leyes, los legisladores al legislar a su favor, como en efecto, comprometen
su responsabilidad moral y personal, en caso de oportunidad, éstos pueden ser
sometidos a la acción de la justicia para que rindan cuentas de estas que
consideramos serías tropelías[i].
Semejante
comportamiento desdice lo que nuestra carta sustantiva acentúa al indicar que
es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la
promoción de una administración pública eficiente[ii].
Peor asunto es cuando el legislador haya hecho
uso de estos recursos de forma poco transparentes, los que así hayan actuado no
merecen repetir en su curul, los electores debemos impedirles el paso a sus
respectivos hemiciclos, y así a cualquier otra instancia de poder y de representación
estatal.
Los escándalos que se han generado, primero de
que las empresas que ganan las licitaciones auspiciadas desde estos litorales
congresuales, son siempre las mismas, así como que algunos legisladores
–diputados- llegaron a vender los tickets del día de las madres, es una
desvergüenza que debe ser rigurosamente sancionada cuando no por decisiones jurisdiccionales,
si morales, o al menos deban serlo con el ausentismo del voto en contra de
éstos políticos que deshonran con su inicua participación esta bella arte.
Parecería que desde las más altas instancias
del poder legislativo dominicano se instaura un colegio de augures, pero de
augures delincuentes, de burdos que utilizan los peores e indignos métodos para
a través de la manipulación y del ingenio puesto a favor de causas perversas,
granjearse espurios beneficios económicos.
Es grosero que algún diputado haya dicho que se
les importa lo que se piense sobre el uso y destino que desde esta instancia se
les dé a los recursos de que son dotados por el presupuesto nacional, y que
tendrán sus críticos que soportar lo que se prepara en este orden para el
futuro: Las partidas de los dineros que se destinaran serán mayores a 118
millones, ahora serán 200 para los padres, otros tantísimos para la escolaridad
y 600 millones para navidad
Es un deber de todo dominicano[iii]
exigirle el uso racional de los recursos públicos a las autoridades, así está
contemplado en nuestra Carta Magna, así se lo exigimos desde Indicios Legales.
El barrilito y los diputados nos hacen llorar
la suerte de nuestra República. Lloramos que el interés privado de éstos prime
ante las necesidades colectivas.
[i] Parte in fine del Art. 77-4 de la Constitución Dominicana: De las
gestiones que realice cada congresista debe rendir cuentas.
[ii] Art. 74-6, Constitución
Dominicana.
[iii] Artículo 75-12 de la Constitución Dominicana [Es deber fundamental de
todo ciudadano… velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio
transparente de la función pública].
Salomón Ureña
BELTRE.
Abogado –
Notario.
Wamcho’s father.
809-353-5353
809-381-4353
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