Salomón Ureña (WA) Abogado/Notario
By SANOTHE
El Estado Dominicano Está en Deuda: Justicia Sí, Pago No
Recientemente, he leído las declaraciones de uno de los abogados privados contratados por el Estado Dominicano para defender sus intereses en el caso de Bahía de las Águilas, donde el patrimonio nacional fue expoliado de manera fraudulenta. Este colega, en representación de un equipo jurídico de primer nivel, se quejaba amargamente del desplante recibido: el Estado no ha honrado los justos y bien ganados honorarios de estos profesionales.
Entre los abogados que lideraron esta histórica defensa se encuentran Manuel Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol, Blas Minaya Nolasco y Laura Acosta Lora, quien trabajó honoríficamente. Sus esfuerzos lograron restituir al Estado la titularidad de una zona estratégica, preparando el terreno para futuras inversiones en turismo y el consecuente beneficio para la economía y calidad de vida de los dominicanos. Sin embargo, parece que al Estado le resulta demasiado reconocer con justicia los sacrificios y el trabajo de estos destacados abogados.
Es inconcebible que, después de años de esfuerzo, distrayendo recursos de sus propios despachos y comprometiendo tiempo personal y familiar, estos juristas aún no hayan recibido la remuneración acordada. ¿Es así como el Estado pretende agradecer a quienes han restituido al patrimonio público lo que a todos nos pertenece?
El trato que han recibido estos abogados por parte del Estado no solo es denigrante, sino que también desacredita los avances hacia una administración pública íntegra y honesta. Mientras el Poder Ejecutivo afirma trabajar por una administración limpia y sanciona a los que traicionan el erario, debería comenzar cumpliendo con quienes han defendido con éxito los intereses del país. La restauración de Bahía de las Águilas no fue un golpe de suerte: fue una victoria contra la corrupción institucionalizada y el despojo de tierras, gracias a la labor titánica de estos abogados.
La frase “Pacta sunt servanda” no es un capricho: los compromisos deben cumplirse. Estos abogados cumplieron con su trabajo; ahora le toca al Estado cumplir con el suyo. La integridad de nuestra administración pública y la credibilidad del Estado de Derecho dependen de ello. Ignorar esta deuda no solo mancilla la imagen de quienes nos gobiernan, sino que pone en entredicho la seguridad jurídica del país.
Me sumo a mis colegas en este reclamo legítimo y exhorto a que se reconozca la labor de estos abogados con los honores que merecen. La justicia no se garantiza solo en tribunales; se demuestra cumpliendo con quienes la sostienen.