Salomón Ureña WA Abogado/Notario
Una Justicia Sin Recursos y Con Castigos: El Caso de la Magistrada Pilar de Lara
Mientras compartía una tarde en un bar junto a mi Wamcho, una noticia en la prensa gallega captó mi atención: la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España había destituido a la magistrada Pilar de Lara, del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Lugo, acusándola de descuidar sus funciones y permitir una mora judicial en su tribunal.
Esta drástica medida del CGPJ, que destierra a una magistrada supuestamente respaldada por su comunidad, merece reflexión. Curiosamente, el propio presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el magistrado Miguel Ángel Cadenas, reconoce las limitaciones de recursos que afectan a la administración de justicia. Según Cadenas, las huelgas previas del personal judicial dejaron secuelas que aún minan el sistema y crean en el ciudadano la percepción de un aparato judicial inoperante.
Cabe señalar que la magistrada de Lara enfrentaba una carga laboral aplastante, sin contar con el personal necesario para responder a las demandas de su tribunal. ¿Hasta qué punto se puede exigir un estándar de eficiencia en un sistema que se niega a dotar de recursos básicos? Se podría pensar que este castigo no es más que la táctica cómoda de un poder que elude sus propias responsabilidades sancionando a sus servidores.
Esta realidad no es ajena a quienes venimos de la República Dominicana, un país donde el Poder Judicial está garantizado en el papel con el 2.65% del presupuesto nacional, aunque en la práctica rara vez ve ese porcentaje. La falta de financiación, al igual que en España, no solo resta eficacia al sistema, sino que socava la confianza de los ciudadanos, que al final sufren las consecuencias de una justicia insuficiente.
Este caso debería servir como una advertencia para ambos sistemas judiciales, en los que se demandan resultados mientras se desatienden las necesidades básicas de los tribunales. La sanción de Pilar de Lara, más que un mensaje de corrección, envía una señal de que el sistema prefiere condenar antes que corregir sus propios errores.
Espero que la magistrada de Lara pueda enfrentar esta injusticia y que el caso sirva como un llamado de atención a quienes gestionan los recursos de la justicia: sin una dotación equitativa de fondos, ningún sistema judicial podrá cumplir su verdadero rol democrático. El castigo sin soporte es un castigo vacío y demuestra una injusticia aún mayor.