Friusa: La Justificación de un Gueto Pro Viabilidad del Turismo

Friusa no es una falla del sistema. Friusa es el sistema. Es la válvula de escape, el patio trasero, el depósito humano donde se archivan las contradicciones de un modelo turístico que exige manos baratas, identidades invisibles y silencios estructurales. Ese gueto haitiano, incrustado con precisión quirúrgica en el corazón mismo del Este turístico, no es un descuido del Estado dominicano, sino su estrategia más honesta.

Allí donde se construyen resorts para los dioses blancos del norte, también se levanta —sin licencia ni escándalo— una arquitectura social diseñada para que el engranaje de la industria no se oxide: trabajadores sin derechos, asentamientos sin urbanismo, niños sin papeles, y seres humanos sin nombre. Friusa no interrumpe el turismo. Friusa lo hace posible.

Lo verdaderamente brillante —si se puede hablar de brillantez en esta miseria planificada— es la cínica coherencia de la política migratoria nacional: dejar hacer, dejar pasar, dejar pudrir. No hace falta una ley cuando se tiene un silencio útil. No hace falta represión cuando se cuenta con abandono. Friusa ha sido la justificación funcional de un orden económico que necesita lo que simula despreciar. El discurso oficial lo camufla con palabras como “operativos”, “regularización”, “ordenamiento urbano”, pero el objetivo siempre ha sido el mismo: mantener disponible una reserva humana precaria, desechable, y perfectamente explotable.

Cuando Friusa comenzó a salirse del libreto —es decir, cuando se hizo demasiado visible, demasiado hablada, demasiado negra—, entonces vinieron los espectáculos: la maquinaria mediática, las cámaras oportunistas, los funcionarios hiperventilando en conferencias. Pero lo que se busca no es solucionar nada. Lo que se quiere es restaurar la estética: hacer que Friusa vuelva a su papel de sombra útil, de cloaca silenciosa, de prueba viviente de que el turismo se sostiene sobre el apartheid social más funcional del Caribe contemporáneo.

Pero lo interesante de este caso no es solo la hipocresía institucional, sino la mutación de la conciencia ciudadana. Por primera vez en mucho tiempo, una parte de la población comienza a observar con sospecha la tolerancia selectiva del Estado. Empieza a preguntarse por qué existen enclaves que parecen repúblicas paralelas, auspiciadas por la inacción deliberada. El problema no es que Friusa exista. El problema es que fue permitida, promovida, incluso aprovechada… hasta que fue mediáticamente insoportable.

Friusa no será eliminada. Solo será reubicada. El modelo la necesita. Solo que ahora será rediseñada para molestar menos. Porque, al fin y al cabo, en la República Dominicana, el derecho a existir depende de si tu presencia daña la postal o si ayuda a venderla.

Salomón Enrique Ureña Beltre

Abogado – Notario Público

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República Bananas: El Cadáver Incómodo del Capitalismo en Bikini

Nadie quiere hablar del cadáver. No del cuerpo en sí, que ya no es más que un souvenir trágico de las vacaciones que no fueron, sino del cadáver institucional que dejó expuesto: un sistema judicial rendido ante el altar del capital y un país que se alquila por noche con desayuno incluido, pero sin dignidad.

Una joven estudiante estadounidense muere en extrañas circunstancias mientras vacacionaba en suelo dominicano. Pero no cualquier suelo: Bávaro, Punta Cana, la Disneylandia tropical del turismo sexual disfrazado de “todo incluido”. Lo que vino después fue una sinfonía de silencios orquestados, de titulares cuidadosamente redactados, de fiscales que no fiscalizan, y de una diplomacia que huele más a servilismo que a soberanía. La investigación judicial fue tratada como si de un buffet se tratara: cada quien sirviéndose lo que más conviene, mientras en la cocina, el acuerdo entre familias —muy probablemente aderezado con dólares— apagaba cualquier fuego de justicia.

Los medios nacionales, entrenados como coristas de lo absurdo, pasaron de la indignación a la indiferencia en tiempo récord. Y es que aquí el dolor importa poco cuando puede costarle al turismo una estrella en TripAdvisor. La tragedia se resolvió “tras bambalinas”, como en las peores obras de teatro: el telón baja, los aplausos se pagan, y el público queda con una amarga sensación de haber sido testigo de una pantomima. La justicia fue, una vez más, un extra mal pagado en este grotesco espectáculo.

Lo verdaderamente perturbador no es que se haya muerto una joven extranjera. Es que también murió la confianza en nuestras instituciones, sepultada bajo acuerdos silenciosos y el espectáculo patético de autoridades más preocupadas por proteger el PIB que la verdad. Y nadie levanta la voz porque, como buen país colonizado mentalmente, preferimos la estabilidad aparente del servilismo al riesgo honroso de la justicia real.

Salomón Enrique Ureña Beltre

Abogado - Notario Público.

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Criminalidad y Corrupción: Un Dúo Perverso que Socava Nuestra Sociedad

Introducción:

En el crisol de opiniones que conforman la realidad dominicana, emerge un debate recurrente: el aumento incesante de la criminalidad. Aunque esta problemática es ampliamente reconocida, a menudo se aborda con una paradójica neutralidad, como si fuera un mal inevitable. Pero, ¿podemos realmente permitirnos la indiferencia ante esta realidad que nos acecha?

El Sentimiento de Inseguridad:

Esta situación genera un profundo sentimiento de inseguridad, arraigado en la experiencia cotidiana, que impide a los ciudadanos de nuestra media isla confiar en la existencia de un entorno mínimamente seguro. Nos sentimos atrapados en un "desafiante estercolero", parafraseando una expresión que refleja la crudeza de nuestra realidad. Esta sensación de anomia, esa falta de normas y valores que describió Durkheim, nos sume en la desesperanza y el temor.

La Corrupción como Motor de la Criminalidad:

Pero, ¿cuál es la raíz de este mal? La corrupción, especialmente en el ámbito de la función pública, juega un papel crucial en el aumento de la criminalidad. La malversación de fondos públicos, destinados a la educación y el desarrollo social, priva a la sociedad de los recursos necesarios para prevenir y combatir el crimen. La impunidad de los actos de corrupción erosiona la confianza en las instituciones y fomenta un clima de ilegalidad, donde el crimen encuentra terreno fértil para prosperar. No podemos ignorar la estrecha relación entre la corrupción y la criminalidad, un dúo perverso que se alimenta mutuamente y socava los cimientos de nuestra sociedad.

El Papel del Estado y la Sociedad:

El Estado, a través de sus funcionarios, tiene la responsabilidad de garantizar la integridad en la gestión de los recursos públicos. La corrupción socava esta responsabilidad y debilita la capacidad del Estado para invertir en políticas públicas efectivas contra la criminalidad. La sociedad, por su parte, debe exigir transparencia y rendición de cuentas a sus líderes. Debemos fortalecer las instituciones de control y justicia, promover la educación en valores y fomentar la participación ciudadana.

La Amenaza de la Inteligencia Artificial:

En este contexto, no podemos ignorar la creciente amenaza de la inteligencia artificial (IA) en la corrupción y la criminalidad. La IA puede ser utilizada para automatizar y ocultar actividades ilícitas, facilitando el lavado de dinero, el fraude y otros delitos. Debemos estar alerta ante esta nueva forma de delincuencia y desarrollar estrategias para combatirla.

Un Llamado a la Acción:

La lucha contra la criminalidad y la corrupción es una tarea urgente que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Es necesario fortalecer el Estado de derecho, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos. No podemos permitir que la indiferencia y la resignación nos paralicen. Debemos actuar con determinación y valentía para construir una sociedad más justa, segura y próspera para todos.

Conclusión:

La criminalidad y la corrupción son males que nos aquejan profundamente. Pero no estamos indefensos. Tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Informémonos, participemos en iniciativas ciudadanas, exijamos cambios a nuestros representantes. Juntos, podemos construir un futuro mejor para nuestra República Dominicana.

Referencias:

• Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
• Concepto de "anomia" de Émile Durkheim
• Estudios recientes sobre la percepción de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana

Palabras clave: Criminalidad, corrupción, República Dominicana, inseguridad, justicia, Estado de derecho, transparencia, inteligencia artificial.

Salomón Enrique Ureña Beltré

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El Vuelo Silencioso: Un Presagio de la Pandemia y la Fractura de la Realidad Global

Febrero de 2019. Un vuelo de regreso desde España. Un detalle inquietante: pasajeros con mascarillas, destino Finlandia. Un presagio inadvertido de lo que estaba por venir. La pandemia de COVID-19, un cataclismo que detuvo la locomotora mundial, desató una vorágine de elucubraciones y especulaciones que, cinco años después, aún resuenan con fuerza.

La Brecha de la Percepción:

El periplo entre aquel vuelo en Madrid y el estallido global de la pandemia reveló una verdad incómoda: la disparidad en la percepción de la realidad. A pesar de los avances tecnológicos, la información no fluye con la misma intensidad y prontitud para todos. La pandemia, una palabra que pasó de la oscuridad del léxico especializado a la luz estridente del uso cotidiano, evidenció esta fractura en nuestra comprensión colectiva.

Un Mundo Transformado:

La pandemia lo cambió todo. La esencia misma de la individualidad, las interacciones sociales, los hábitos alimenticios, las dinámicas laborales, la vida en su totalidad, se vieron alteradas. Dos años de aislamiento, seguidos de cinco años de incertidumbre, dejaron una huella imborrable. Las víctimas, el dolor, la incertidumbre, persisten como un recordatorio sombrío de un fenómeno que aún clama por respuestas.

La Búsqueda de Responsabilidades:

Cinco años después, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente? La búsqueda de responsabilidades, la necesidad de un juicio que esclarezca los orígenes y las consecuencias de la pandemia, sigue siendo una tarea pendiente. La incertidumbre alimenta la especulación, la desconfianza, la necesidad de respuestas.

El Legado de la Pandemia:

La pandemia no solo fue un evento sanitario; fue un espejo que reflejó nuestras vulnerabilidades, nuestras desigualdades, nuestra capacidad de adaptación y nuestra necesidad de respuestas. Nos obligó a replantearnos nuestra relación con la información, con la ciencia, con la verdad.

Un Llamado a la Reflexión:

La pandemia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra realidad, sobre la importancia de la información veraz, sobre la necesidad de la cooperación global. Nos desafía a construir un futuro más resiliente, más equitativo, más preparado para enfrentar los desafíos que aún están por venir.

Conclusión:

El vuelo silencioso de febrero de 2019 fue un preludio de un cambio profundo. La pandemia nos recordó que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un destino común. Nos enseñó que la verdad, la justicia y la responsabilidad son pilares fundamentales para construir un mundo más seguro y equitativo.

Salomón Enrique Ureña Beltré

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Abuso del Derecho y Manipulación Mediática: Amenaza a la Justicia y la Sociedad

En toda sociedad que se precia de estar regida por normas y principios de equidad, la justicia no debería estar sujeta a distorsiones estratégicas ni a manipulaciones malintencionadas. Sin embargo, la realidad demuestra que, con alarmante frecuencia, ciertos individuos utilizan el derecho no como un mecanismo de equilibrio social, sino como un arma para alcanzar sus propios fines, incluso si ello implica vulnerar los derechos de los demás.

El abuso del derecho se manifiesta de múltiples maneras: litigios infundados, instrumentalización de los medios de comunicación para moldear percepciones erróneas, e incluso la tergiversación de la narrativa legal para encubrir invasiones de propiedad, fraudes y actos de desobediencia civil disfrazados de legítima defensa. Este fenómeno, lejos de ser una rareza, ha sido utilizado como estrategia recurrente para dilatar procesos judiciales, desgastar a la contraparte y forzar acuerdos bajo presión mediática y social.

Cuando la Ficción se Viste de Realidad

La manipulación mediática se convierte en un factor determinante en estos escenarios. La presentación selectiva de los hechos, la construcción de relatos emotivos que encubren la ilegalidad de ciertas actuaciones y el uso de discursos que apelan a la sensibilidad colectiva, crean un caldo de cultivo ideal para que la desinformación se imponga sobre la verdad jurídica. La lucha por el derecho se transforma entonces en una contienda de percepciones, donde quien grita más fuerte y logra mayor respaldo popular puede eclipsar incluso las decisiones más contundentes de los tribunales.

El derecho de propiedad, uno de los pilares fundamentales del orden jurídico, no ha escapado a esta tendencia. A pesar de la existencia de títulos legítimos y procesos judiciales que confirman la legalidad de determinadas posesiones, no faltan quienes recurren a la ocupación irregular, la falsificación de documentos y la victimización pública para justificar lo injustificable. El discurso social, en estos casos, es hábilmente moldeado para convertir en “abusadores” a quienes simplemente defienden lo que les pertenece, mientras que los verdaderos transgresores adoptan el papel de defensores de derechos.

El Uso de la Justicia como Mecanismo de Persecución

Otra de las estrategias recurrentes es la interposición de querellas y denuncias sin fundamento, dirigidas no a la búsqueda genuina de justicia, sino a la intimidación de aquellos que representan un obstáculo para los intereses de ciertos grupos. Acusaciones fabricadas, pruebas manipuladas y un abuso deliberado del sistema judicial se convierten en herramientas para forzar negociaciones o minar la reputación de figuras clave en una disputa.

Lo más grave de esta práctica es que no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que socava la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto. Cuando se normaliza el uso de tácticas dilatorias y litigios temerarios, se envía un mensaje peligroso: el derecho deja de ser una garantía para todos y se convierte en un juego de poder donde gana quien tiene los recursos para explotarlo en su beneficio.

El Deber de las Instituciones: Un Llamado a la Responsabilidad

Ante esta realidad, el rol de las instituciones encargadas de impartir justicia es crucial. No basta con dictar sentencias; es imprescindible que estas se hagan cumplir con la firmeza que ameritan. El desacato y la resistencia sistemática a decisiones judiciales no pueden ser tolerados como una opción válida dentro del marco del estado de derecho. La inacción frente a estas prácticas solo fomenta la reincidencia y debilita la seguridad jurídica de todos.

La sociedad, por su parte, tiene el deber de cuestionar las narrativas que le son presentadas, diferenciando entre la defensa legítima de derechos y el uso manipulador de los mismos para alcanzar objetivos particulares a costa de los demás. No todo lo que se presenta como una causa justa lo es en realidad, y la justicia no debe ser una cuestión de simpatías o presiones mediáticas, sino de derecho y hechos comprobables.

Conclusión: Un Llamado a la Verdad Jurídica

El verdadero peligro de estas estrategias no radica únicamente en sus efectos sobre casos particulares, sino en el precedente que sientan para el futuro. Si permitimos que la distorsión de la verdad, la manipulación del discurso público y el abuso del derecho se conviertan en la norma, estamos cediendo a una peligrosa erosión de los principios que sostienen nuestra convivencia. La justicia no puede ser rehén de intereses particulares ni de agendas ocultas; debe ser la salvaguarda de los derechos de todos, sin excepciones ni concesiones a la conveniencia.

La gran pregunta que queda sobre la mesa es: ¿seremos testigos pasivos de esta distorsión o exigiremos que el derecho recupere su verdadera esencia como garantía de equidad y seguridad para la sociedad?

Salomón Enrique Ureña Beltré

Abogado - Notario Público 

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By SANOTHEREAL

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El Defecto Procesal: Entre la Sanción Procesal y la Justicia Real

 En el procedimiento civil dominicano, el defecto —ya sea por falta de comparecer o por falta de concluir— es, a primera vista, una herramienta procesal tan obvia como necesaria. Obvia, porque es la consecuencia lógica de quien, citado regularmente o emplazado en debida forma, decide ignorar el proceso o dejarlo en un limbo. Necesaria, porque la justicia, como el río, no puede permitirse estancarse por la negligencia o el capricho de una de las partes.

Sin embargo, reducir el defecto a un simple castigo procesal es una lectura tan pobre como peligrosa. El defecto no es solamente la “pena” por la inacción, sino un mecanismo que revela, con claridad quirúrgica, la tensión eterna entre la forma y la sustancia del derecho. Aquí no estamos hablando solo de perder la voz en un proceso; estamos hablando de cómo el sistema decide quién tiene derecho a ser oído, y bajo qué condiciones.

El defecto por falta de comparecer implica que la parte ausente renuncia, voluntaria o involuntariamente, a ejercer su derecho de defensa, con la consecuencia de que el tribunal puede continuar el juicio sin ella y dictar sentencia sobre la base de lo aportado por la contraparte. A su vez, el defecto por falta de concluir sanciona a quien, habiendo iniciado su defensa, no cierra el círculo procesal con sus conclusiones formales, quedando, en la práctica, como si no hubiera dicho nada.

En la teoría, ambas figuras garantizan la celeridad procesal y evitan el abuso de maniobras dilatorias. En la práctica, sin embargo, el defecto puede convertirse en un arma de doble filo:

1.- Por un lado, protege al proceso de la parálisis.

2.- Por otro, puede derivar en sentencias que, aunque formalmente impecables, son materialmente injustas porque descansan en una verdad procesal incompleta.

Hay que alejarse del aforismo que con su locuaz sabiduría advierte que “la justicia no busca la verdad; busca cerrar el caso”. En el defecto procesal, esta advertencia encuentra eco: el expediente avanza, la sentencia se dicta, pero no necesariamente se resuelve el conflicto en toda su dimensión. El procedimiento, en su rigidez, puede sacrificar el fondo en el altar de la forma.

Además, el defecto revela otra realidad incómoda: la asimetría de acceso a la justicia. En un país donde la desigualdad socioeconómica es profunda, no siempre la incomparecencia o la omisión de conclusiones responden a desinterés o mala fe; muchas veces son fruto de la falta de recursos, de asesoría adecuada, o del desconocimiento técnico del proceso. Así, el defecto deja de ser un mecanismo neutral y se convierte en una sanción que castiga con más severidad a los débiles procesales que a los litigantes profesionales.

El reto, entonces, no es eliminar el defecto —pues sin él, el procedimiento se volvería rehén de la dilación—, sino aplicarlo con un criterio que equilibre la necesidad de celeridad con el principio de justicia sustantiva. El juez debe recordar que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver un conflicto real entre personas reales.

Como reza el proverbio jurídico: “La forma protege el fondo, pero no puede devorarlo”. El defecto, bien aplicado, garantiza orden y disciplina procesal; mal aplicado, se convierte en un formalismo cruel que dicta sentencias justas en el papel, pero vacías en la conciencia.

Salomón Enrique Ureña Beltre 

Notaría Central, Abogados.

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Delincuencia: El Hijo Bastardo que la Sociedad no Quiere Reconocer

La delincuencia en la República Dominicana no es una epidemia que llegó de fuera ni un virus que se coló por la frontera. Es, para desgracia y vergüenza de todos, un producto artesanal de nuestra propia fábrica social. Un hijo no reconocido, pero gestado y parido en nuestras casas, nuestras calles y nuestras instituciones. Y como todo hijo negado, crece resentido, feroz y dispuesto a recordarnos que existe, aunque sea a punta de pistola.

Los delincuentes —ese “ellos” tan cómodo para la conciencia colectiva— no nacieron de la nada. Son el residuo humano de un sistema que premia la astucia sin ética, que glorifica al vivo y ridiculiza al honesto. Son el resultado de una política pública que, como diría Bauman, es líquida: fluye hacia donde menos molesta, se evapora ante el conflicto y nunca solidifica en justicia. Ellos mismos lo dicen, sin necesidad de micrófonos: “Somos peligrosos, venimos por ustedes, vamos a sembrarles el terror, porque somos los rezagados, los excluidos y, por ende, los resentidos”. Y lo trágico no es que lo digan. Lo trágico es que tengan razón.

En este país hemos cultivado con esmero las condiciones para que la criminalidad florezca: desigualdad obscena, instituciones que funcionan como mercado negro de favores, un sistema educativo que más que formar, expulsa, y un mercado laboral que castiga al que no se alquila por hambre. Después nos escandalizamos de que existan “clanes de maldad” como si no fueran nuestros Frankenstein sociales, ensamblados con piezas de abandono, impunidad y cinismo político.

La sociedad, por su parte, se divide en dos frentes: los que aún se empeñan en vivir mejor y conservar lo poco que la legalidad les concede, y los que han decidido que, si no pueden ser parte del banquete, mejor asaltan la mesa. El problema es que la respuesta oficial a este enfrentamiento suele ser tan torpe como reactiva: más patrullas, más armas, más titulares… y más nada.

Responder a la delincuencia no es simplemente encarcelar cuerpos; es desarmar mentes. No basta con apretar el gatillo de la represión si no se aprieta también el de la reconstrucción social. Respuestas contundentes, sí, pero no solo para que el delincuente tema al Estado, sino para que descubra —casi con sorpresa— que existe un lugar para él en la sociedad que no sea la celda o la morgue.

Como advertía el filósofo Michel Foucault, una sociedad que solo sabe castigar termina fabricando más de lo que pretende eliminar. La nuestra parece decidida a confirmar esa sentencia, exportando graduados en criminalidad desde las cárceles hacia las calles, mientras seguimos fingiendo que no entendemos la raíz del problema.

En este escenario, lo urgente no es elegir entre mano dura o mano blanda. Lo urgente es decidir si seguiremos pariendo hijos que luego queremos matar, o si de una vez vamos a romper la cadena que convierte la exclusión en crimen y el crimen en excusa para más exclusión. Porque si seguimos así, el “ellos” y el “nosotros” se volverán irrelevantes: todos terminaremos del mismo lado de la raya. 

Salomón Enrique Ureña Beltre

Notaría Central, Abogados.

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Puntos de drogas en barrios pobres: anatomía de una injuria social

La proliferación de puntos de venta de drogas en barrios de ascendencia popular no es un fenómeno conjuntural ni una mera cuestión policial. Es la manifestación visible de fallas estructurales profundas: descomposición del tejido social, economía informal que normaliza la ilegalidad, captura parcial del poder por redes clientelares, y una arquitectura institucional que valida la impunidad. Analizar esos puntos exige ir más allá del estereotipo del “vándalo” o del “maleante”: hay actores, incentivos y circuitos que explican por qué esos nodos se instalan, perduran y se reproducen.

Las teorías de la desorganización social muestran que la densidad poblacional, la precariedad habitacional, la fragmentación comunitaria y la erosión de controles sociales informales crean espacios propicios para economías ilícitas. En esos barrios, la falta de oportunidades laborales formales convierte la venta al detalle en una alternativa de subsistencia para sectores juveniles. La economía ilícita ofrece ingresos inmediatos y, en muchos casos, estatus. Mientras las políticas públicas no produzcan vías viables de inserción, la oferta delincuencial encontrará demanda.

La droga es mercancía cuya presencia obedece a leyes de mercado: oferta, demanda, logística y márgenes. Donde la oferta formal y la regulación son débiles, los intermediarios ilegales ocupan el vacío. Los puntos funcionan como microempresas informales: control territorial, cadenas de suministro, mecanismos de protección y flujos financieros que se entrelazan con la economía legal. Identificar y cortar esos flujos, por tanto, exige capacidades financieras, inteligencia patrimonial y cooperación interinstitucional.

Cuando actores conocidos, con poder económico o conexiones políticas, auspician, toleran o se benefician de esos puntos, la respuesta estatal pierde toda eficacia. La complicidad puede adoptar formas variadas: protección policial selectiva, manipulación de procesos judiciales, blindaje mediático o corrupción administrativa. La tolerancia fomenta expansión y arraigo, y transforma a la delincuencia en un fenómeno estructural que erosiona el Estado de derecho.

Los puntos de drogas no solo producen victimización directa; normalizan formas de sociabilidad degradadas, vulneran trayectorias de educación y empleo, y multiplican riesgos de violencia. La exposición temprana a ese ambiente altera expectativas vitales y reproduce ciclos intergeneracionales de marginación. La destrucción del horizonte de futuro de una generación es un costo que la sociedad no puede permitirse.

La respuesta tradicional ha privilegiado la represión policial con escasa prevención social. Eso ha generado ciclos de contención temporal seguidos de reaparición y desplazamiento territorial. Además, las leyes sobre decomiso de bienes, transparencia financiera y reparación a víctimas suelen aplicarse de forma insuficiente. La ausencia de estándares claros de rendición de cuentas permite que quienes lucran con la ilegalidad queden en la penumbra.

Los puntos de drogas son síntoma de un fallo sistémico: el mercado ilícito aprovecha territorios de abandono, la institucionalidad cuando existe es permeable, y la sociedad paga el peaje en vidas y futuro. La solución exige despliegue coordinado: inteligencia financiera, justicia eficaz, inversión social real y una estrategia urbana que restituya la dignidad del barrio. Quien pretenda respuestas rápidas sin estas piezas está eligiendo la continuidad del problema.

Salomón Ureña Beltre

Abogado

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Asociación de Bancos y las Cuentas de los Fallecidos: burocracia que vulnera herencias

El dinero sigue hablando cuando el titular muere. Cuando fallece una persona con cuentas bancarias en la República Dominicana, lo que debería fluir con claridad y respeto a la voluntad patrimonial se convierte en un vía crucis para los herederos. La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) anunció su intención de unificar requisitos y coordinar con el Estado para simplificar estos trámites. La noticia luce prometedora; surge una pregunta inevitable: ¿por qué este esfuerzo llega tan tarde y a quién beneficia en los hechos?

La gestión de fondos de personas fallecidas retrata una contradicción de fondo. El sistema financiero cobra comisiones, intereses y penalidades con eficiencia milimétrica. Cuando llega el momento de entregar lo que corresponde a los sucesores legales, la maquinaria se vuelve lenta e impenetrable. En esa fricción entre agilidad bancaria y pesadez familiar se oculta un capital dormido que, siendo ajeno, permanece retenido como propio.

La ABA habla de simplificación, coordinación y agilidad. La reflexión crítica pide ir más hondo: ¿por qué no se diseñó antes un estándar común? ¿por qué fue necesaria la acumulación de quejas, el desgaste emocional de las familias y la presión pública para que surgiera la urgencia de unificar criterios?

El problema trasciende lo técnico: tiene dimensiones éticas y culturales. El acceso a fondos de un titular fallecido no debe depender de un laberinto de certificaciones, actas y constancias que desgastan a los deudos y favorecen la inercia bancaria. Si la ley reconoce a los herederos como titulares de esos derechos, las entidades financieras tienen obligación legal y también un deber moral de facilitar la entrega, con rutas claras y verificables.

El desafío va más allá de redactar una lista común de requisitos: exige romper con la mentalidad que trata al banco como propietario de lo ajeno hasta que alguien lo reclame. En estos casos el titular no puede reclamar. Cada día de retraso hiere el derecho sucesoral, la propiedad privada y la confianza en el sistema financiero.

La sociedad debe exigir un sistema bancario que actúe como custodio legítimo del patrimonio, con transparencia, plazos perentorios y sanciones efectivas ante la retención indebida. La iniciativa de la ABA representa un paso inicial; demanda continuidad, regulación clara y supervisión real. Persistir en la opacidad mantiene un país donde la muerte arrebata el cuerpo y, además, el patrimonio.

Salomón Ureña Beltre. Abogado. 

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