El dinero sigue hablando cuando el titular muere. Cuando fallece una persona con cuentas bancarias en la República Dominicana, lo que debería fluir con claridad y respeto a la voluntad patrimonial se convierte en un vía crucis para los herederos. La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) anunció su intención de unificar requisitos y coordinar con el Estado para simplificar estos trámites. La noticia luce prometedora; surge una pregunta inevitable: ¿por qué este esfuerzo llega tan tarde y a quién beneficia en los hechos?
La gestión de fondos de personas fallecidas retrata una contradicción de fondo. El sistema financiero cobra comisiones, intereses y penalidades con eficiencia milimétrica. Cuando llega el momento de entregar lo que corresponde a los sucesores legales, la maquinaria se vuelve lenta e impenetrable. En esa fricción entre agilidad bancaria y pesadez familiar se oculta un capital dormido que, siendo ajeno, permanece retenido como propio.
La ABA habla de simplificación, coordinación y agilidad. La reflexión crítica pide ir más hondo: ¿por qué no se diseñó antes un estándar común? ¿por qué fue necesaria la acumulación de quejas, el desgaste emocional de las familias y la presión pública para que surgiera la urgencia de unificar criterios?
El problema trasciende lo técnico: tiene dimensiones éticas y culturales. El acceso a fondos de un titular fallecido no debe depender de un laberinto de certificaciones, actas y constancias que desgastan a los deudos y favorecen la inercia bancaria. Si la ley reconoce a los herederos como titulares de esos derechos, las entidades financieras tienen obligación legal y también un deber moral de facilitar la entrega, con rutas claras y verificables.
El desafío va más allá de redactar una lista común de requisitos: exige romper con la mentalidad que trata al banco como propietario de lo ajeno hasta que alguien lo reclame. En estos casos el titular no puede reclamar. Cada día de retraso hiere el derecho sucesoral, la propiedad privada y la confianza en el sistema financiero.
La sociedad debe exigir un sistema bancario que actúe como custodio legítimo del patrimonio, con transparencia, plazos perentorios y sanciones efectivas ante la retención indebida. La iniciativa de la ABA representa un paso inicial; demanda continuidad, regulación clara y supervisión real. Persistir en la opacidad mantiene un país donde la muerte arrebata el cuerpo y, además, el patrimonio.
Salomón Ureña Beltre. Abogado.
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