Decía Honoré de Balzac que la justicia sin fuerza es impotente, y la fuerza sin justicia es tiranía. Pero hay una forma más sutil de injusticia, casi invisible: la justicia que ignora el valor del tiempo. En la República Dominicana, durante décadas, los tribunales han juzgado con una indiferencia preocupante el impacto económico del paso del tiempo sobre el acreedor que espera. Hasta bien entrada la década del 2010, la imposición judicial del interés compensatorio era una excepción, no una regla.
El interés compensatorio judicial —ese que busca resarcir el perjuicio económico derivado del uso o retención del capital ajeno mientras se litiga— ha sido históricamente marginado del discurso jurídico dominicano, tratado como una cortesía en vez de una obligación judicial. Este artículo pretende no solo explicar la figura, sino interpelar su relegación, y proponer una visión más íntegra del daño temporal en las relaciones obligacionales.
A diferencia del interés moratorio, que sanciona el retardo en el cumplimiento, el interés compensatorio busca resarcir el uso del capital durante el tiempo en que ha estado en manos del deudor o retenido indebidamente. Es, en esencia, una indemnización por el valor de oportunidad perdido.
En palabras de René Savatier, “el dinero tiene tiempo, y el tiempo tiene precio.” En una economía donde todo capital genera rendimiento, la falta de pago durante años no puede ser considerada neutral. Negarse a reconocer los intereses compensatorios judiciales equivale a institucionalizar la gratuidad del incumplimiento.
Hasta el año 2012, nuestros tribunales eran parcos, conservadores e incluso hostiles a la inclusión de intereses compensatorios judiciales. La cultura judicial mostraba una tendencia a evitar cualquier condena accesoria que no estuviera explícitamente pactada por las partes.
Esta práctica contradecía no solo la lógica del Derecho de obligaciones, sino también el principio de reparación plena consagrado en el artículo 1382 del Código Civil. La justicia se contentaba con ordenar el pago del capital adeudado, como si el tiempo no erosionara valor, ni el dinero perdiera poder adquisitivo.
A partir del 2012, se comienza a ver un giro progresivo en la jurisprudencia dominicana, con algunas sentencias emblemáticas que reconocen el interés compensatorio como una herramienta legítima para proteger al acreedor frente a la inercia judicial y el abuso del litigio como forma de financiarse gratuitamente.
Tribunales comenzaron a citar el artículo 1153 del Código Civil (que establece que el deudor de buena fe no está obligado a intereses, salvo mora) como base para imponer intereses compensatorios desde la demanda, no como castigo, sino como compensación objetiva por el retardo en la ejecución de la obligación.
Este cambio aún es tímido, pero marca una transformación en la comprensión judicial del tiempo como factor de daño.
Una de las preguntas clave es: ¿debe el juez imponer intereses compensatorios aún si no han sido expresamente solicitados?
El artículo 1146 del Código Civil sugiere que sí: “El acreedor tiene derecho a los daños y perjuicios que haya sufrido por el incumplimiento.” En ese sentido, el interés compensatorio es parte natural de esa indemnización, más aún cuando el acreedor no ha podido usar su dinero durante el proceso judicial.
Negar este derecho por “falta de petición expresa” es una formalidad destructiva, que sacrifica la justicia en el altar del procedimiento. Como señaló Radbruch, “cuando la ley contradice el derecho, debe ceder la ley.”
La omisión del interés compensatorio judicial produce un efecto perverso: el deudor que litiga, gana tiempo, y no paga un centavo por ello. No solo incumple, sino que se capitaliza del sistema judicial. Esa dinámica constituye un enriquecimiento sin causa, en violación del principio universal según el cual nadie puede beneficiarse del perjuicio ajeno.
Instaurar el interés compensatorio judicial como una práctica obligatoria, no discrecional, no es una extravagancia doctrinal. Es una forma de rescatar la integridad económica del crédito, proteger al acreedor diligente, y desincentivar el uso estratégico del proceso judicial como refugio del incumplidor.
La seguridad jurídica no solo exige que las obligaciones se reconozcan, sino que su ejecución respete el valor del tiempo.
Negar el interés compensatorio es negar que el tiempo tiene valor, que el dinero sirve para producir, y que el Derecho debe resarcir, no solo reconocer. La justicia que calla sobre el tiempo es una justicia incompleta.
En un mundo donde el tiempo es oro, no condenar intereses compensatorios es permitir que el oro se oxide.
Salomón Enrique Ureña Beltre
Abogado y Notario Público