Puntos de drogas en barrios pobres: anatomía de una injuria social

La proliferación de puntos de venta de drogas en barrios de ascendencia popular no es un fenómeno conjuntural ni una mera cuestión policial. Es la manifestación visible de fallas estructurales profundas: descomposición del tejido social, economía informal que normaliza la ilegalidad, captura parcial del poder por redes clientelares, y una arquitectura institucional que valida la impunidad. Analizar esos puntos exige ir más allá del estereotipo del “vándalo” o del “maleante”: hay actores, incentivos y circuitos que explican por qué esos nodos se instalan, perduran y se reproducen.

Las teorías de la desorganización social muestran que la densidad poblacional, la precariedad habitacional, la fragmentación comunitaria y la erosión de controles sociales informales crean espacios propicios para economías ilícitas. En esos barrios, la falta de oportunidades laborales formales convierte la venta al detalle en una alternativa de subsistencia para sectores juveniles. La economía ilícita ofrece ingresos inmediatos y, en muchos casos, estatus. Mientras las políticas públicas no produzcan vías viables de inserción, la oferta delincuencial encontrará demanda.

La droga es mercancía cuya presencia obedece a leyes de mercado: oferta, demanda, logística y márgenes. Donde la oferta formal y la regulación son débiles, los intermediarios ilegales ocupan el vacío. Los puntos funcionan como microempresas informales: control territorial, cadenas de suministro, mecanismos de protección y flujos financieros que se entrelazan con la economía legal. Identificar y cortar esos flujos, por tanto, exige capacidades financieras, inteligencia patrimonial y cooperación interinstitucional.

Cuando actores conocidos, con poder económico o conexiones políticas, auspician, toleran o se benefician de esos puntos, la respuesta estatal pierde toda eficacia. La complicidad puede adoptar formas variadas: protección policial selectiva, manipulación de procesos judiciales, blindaje mediático o corrupción administrativa. La tolerancia fomenta expansión y arraigo, y transforma a la delincuencia en un fenómeno estructural que erosiona el Estado de derecho.

Los puntos de drogas no solo producen victimización directa; normalizan formas de sociabilidad degradadas, vulneran trayectorias de educación y empleo, y multiplican riesgos de violencia. La exposición temprana a ese ambiente altera expectativas vitales y reproduce ciclos intergeneracionales de marginación. La destrucción del horizonte de futuro de una generación es un costo que la sociedad no puede permitirse.

La respuesta tradicional ha privilegiado la represión policial con escasa prevención social. Eso ha generado ciclos de contención temporal seguidos de reaparición y desplazamiento territorial. Además, las leyes sobre decomiso de bienes, transparencia financiera y reparación a víctimas suelen aplicarse de forma insuficiente. La ausencia de estándares claros de rendición de cuentas permite que quienes lucran con la ilegalidad queden en la penumbra.

Los puntos de drogas son síntoma de un fallo sistémico: el mercado ilícito aprovecha territorios de abandono, la institucionalidad cuando existe es permeable, y la sociedad paga el peaje en vidas y futuro. La solución exige despliegue coordinado: inteligencia financiera, justicia eficaz, inversión social real y una estrategia urbana que restituya la dignidad del barrio. Quien pretenda respuestas rápidas sin estas piezas está eligiendo la continuidad del problema.

Salomón Ureña Beltre

Abogado

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Asociación de Bancos y las Cuentas de los Fallecidos: burocracia que vulnera herencias

El dinero sigue hablando cuando el titular muere. Cuando fallece una persona con cuentas bancarias en la República Dominicana, lo que debería fluir con claridad y respeto a la voluntad patrimonial se convierte en un vía crucis para los herederos. La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) anunció su intención de unificar requisitos y coordinar con el Estado para simplificar estos trámites. La noticia luce prometedora; surge una pregunta inevitable: ¿por qué este esfuerzo llega tan tarde y a quién beneficia en los hechos?

La gestión de fondos de personas fallecidas retrata una contradicción de fondo. El sistema financiero cobra comisiones, intereses y penalidades con eficiencia milimétrica. Cuando llega el momento de entregar lo que corresponde a los sucesores legales, la maquinaria se vuelve lenta e impenetrable. En esa fricción entre agilidad bancaria y pesadez familiar se oculta un capital dormido que, siendo ajeno, permanece retenido como propio.

La ABA habla de simplificación, coordinación y agilidad. La reflexión crítica pide ir más hondo: ¿por qué no se diseñó antes un estándar común? ¿por qué fue necesaria la acumulación de quejas, el desgaste emocional de las familias y la presión pública para que surgiera la urgencia de unificar criterios?

El problema trasciende lo técnico: tiene dimensiones éticas y culturales. El acceso a fondos de un titular fallecido no debe depender de un laberinto de certificaciones, actas y constancias que desgastan a los deudos y favorecen la inercia bancaria. Si la ley reconoce a los herederos como titulares de esos derechos, las entidades financieras tienen obligación legal y también un deber moral de facilitar la entrega, con rutas claras y verificables.

El desafío va más allá de redactar una lista común de requisitos: exige romper con la mentalidad que trata al banco como propietario de lo ajeno hasta que alguien lo reclame. En estos casos el titular no puede reclamar. Cada día de retraso hiere el derecho sucesoral, la propiedad privada y la confianza en el sistema financiero.

La sociedad debe exigir un sistema bancario que actúe como custodio legítimo del patrimonio, con transparencia, plazos perentorios y sanciones efectivas ante la retención indebida. La iniciativa de la ABA representa un paso inicial; demanda continuidad, regulación clara y supervisión real. Persistir en la opacidad mantiene un país donde la muerte arrebata el cuerpo y, además, el patrimonio.

Salomón Ureña Beltre. Abogado. 

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El Guardián Procesal: Entre la Custodia Legal y la Inercia Burocrática

En el Derecho Procesal Civil dominicano, el guardián en la ejecución de embargos ocupa un lugar tan silencioso como decisivo. Silencioso, porque su intervención suele pasar desapercibida en el debate público; decisivo, porque es el eslabón humano que, en teoría, garantiza que los bienes embargados no se deterioren, oculten o desvíen antes de que se materialice la venta judicial.

A la luz del Código de Procedimiento Civil, su designación es una medida de prudencia jurídica: nombrar a una persona que, investida por el mandato judicial, custodie lo embargado para asegurar que, llegado el momento de la subasta pública, precedida de la licitación, adjudicación y demás formalidades, el acreedor pueda satisfacer su crédito sin que se alegue la famosa excepción de “enriquecimiento sin causa” o la pérdida del objeto embargado.

Sin embargo, en la práctica, esta figura se enfrenta a un dilema estructural: el guardián es tan fuerte como el control que se ejerza sobre él, y tan inútil como la inercia de un sistema que lo nombra, pero no lo fiscaliza. En demasiados casos, el guardián termina siendo un adorno procesal, una firma en un acta, un “responsable” que no responde. Y así, bienes que deberían ser custodiados con celo acaban deteriorados, devaluados o, en el peor de los casos, “desaparecidos” como por arte de magia.

La esencia de su función —prevenir el deterioro y proteger el valor de la garantía— se diluye si no se combina con publicidad suficiente del procedimiento, con reglas claras para el acceso, revisión y verificación de los bienes, y con sanciones reales para el guardián negligente. El mismo Código, al referirse a los actos de licitación, adjudicación, reparos y venta (arts. 690 y 691), presupone un bien custodiado en condiciones óptimas. Si el guardián falla, todo el andamiaje procesal se tambalea.

Un viejo axioma procesal dice que “la ejecución no es justicia si no preserva el valor de lo ejecutado”. De ahí que un guardián eficaz no sea un lujo procesal, sino un requisito indispensable para que la ejecución cumpla su finalidad sin agraviar ni al acreedor ni al deudor. Porque si el bien se pierde o se deteriora, la ejecución puede convertirse en un absurdo: un procedimiento impecable en forma, pero estéril en resultado.

En este sentido, replantear el paradigma del guardián es urgente. No basta con nombrarlo; hay que dotarlo de deberes específicos, mecanismos de control y responsabilidad efectiva. Solo así esta figura dejará de ser un mero trámite y se convertirá en lo que el legislador pretendió: un garante real de la integridad de los bienes en litigio, y, por extensión, de la legitimidad del proceso de ejecución.

En un país donde los procedimientos civiles ya sufren de excesiva formalidad, el guardián debería ser ejemplo de funcionalidad y transparencia, no un eslabón débil que, en silencio, sabotea el resultado de todo el proceso.

Salomón Enrique Ureña Beltre 

Notaría Central, Abogados.

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Estado de Derecho y Garantía del Derecho de Propiedad

Casuística sobre la República Dominicana.-

El derecho de propiedad en la República Dominicana se encuentra bajo amenaza constante y sistémica, en un contexto donde los poderes públicos —en abierta omisión o contubernio— han fallado en garantizar su defensa efectiva. Esta situación compromete gravemente la seguridad jurídica, afecta la estabilidad social y representa un desincentivo directo a la inversión extranjera y nacional, provocando la fuga de capitales y el traslado de iniciativas productivas hacia jurisdicciones más estables.

Este fenómeno, profundamente preocupante, evidencia que la desconfianza estructural en las instituciones del Estado ha llevado a que parte del patrimonio privado de los dominicanos y de inversores se resguarde en el extranjero. La causa es tan clara como dolorosa: el Estado dominicano no garantiza adecuadamente uno de los derechos más fundamentales consagrados en nuestra Constitución —el derecho de propiedad—, el cual, junto con la vida, la familia y la salud, forma parte del núcleo esencial de las prerrogativas humanas.

La debilitación de este derecho se manifiesta tanto por acciones directas del legislador, como por ejemplo, la promulgación de leyes como la Ley de Extinción de Dominio, cuyo uso excesivamente discrecional puede abrir la puerta al abuso, como por la ineficiencia o negligencia de las autoridades ante la ocupación ilegal de terrenos y viviendas. El Estado, en múltiples casos, no solo fracasa en prevenir invasiones, sino que tampoco garantiza la restitución efectiva a favor de las víctimas.

Los invasores, conscientes de la debilidad institucional y la complicidad de actores públicos, actúan con impunidad. Ocupan inmuebles, alteran el uso del suelo, destruyen mejoras legítimas, y en muchos casos los convierten en centros de operaciones delictivas. Esta práctica se ha extendido de forma tal que ya no distingue barrios ni niveles socioeconómicos, afectando desde comunidades marginadas hasta urbanizaciones de clase media y alta.

La criminalidad ha adoptado nuevas estrategias: identificar propietarios con cierto número de bienes inmuebles para expropiarlos de facto mediante la fuerza, bajo el silencio cómplice o la inoperancia del sistema. En muchos casos, los inmuebles invadidos son convertidos en centros de distribución de drogas, refugios de pandillas y zonas de actividad ilícita constante. El Estado, desbordado o indiferente, no actúa con la fuerza que la ley le concede para proteger a los ciudadanos.

Este panorama genera una sensación colectiva de abandono y desesperanza, que empuja a muchos ciudadanos a considerar la justicia por mano propia, con las devastadoras consecuencias que eso implica: violencia, inseguridad jurídica, debilitamiento del régimen democrático y ruptura del contrato social.

Lo advertimos sin eufemismos: la inacción estatal no solo erosiona la garantía constitucional del derecho de propiedad, sino que además socava la confianza pública en el Estado de derecho. Esta negligencia no es inocua: empodera al crimen, desalienta la inversión, destruye tejido social y puede conducir al colapso de la convivencia pacífica.

Es imperativo que las autoridades —Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional— comprendan la gravedad de esta situación. El respeto al derecho de propiedad no es un favor, ni una opción política: es un mandato constitucional obligatorio, sin el cual no puede hablarse ni de democracia, ni de Estado de derecho.

Mientras la propiedad privada continúe siendo tratada como un derecho de segundo orden, ningún otro derecho estará a salvo. Porque allí donde se derrumba la garantía sobre lo que es legítimamente tuyo, se abre la puerta al caos, al miedo y al fin del orden social.

Salomón Enrique Ureña Beltre

Abogado - Notario Público

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Maternidad y Trabajo Doméstico: Lo que Debes Saber sobre Licencias y Beneficios

La legislación laboral dominicana reconoce y protege los derechos de las trabajadoras domésticas embarazadas, asegurándoles acceso a licencias pagadas conforme al Código de Trabajo y las regulaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El artículo 236 del Código de Trabajo establece que toda trabajadora embarazada tiene derecho a un descanso de catorce semanas (98 días), dividido en períodos prenatales y postnatales. Durante esta licencia, la trabajadora debe recibir el salario correspondiente, el cual es financiado a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social y pagado directamente por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). De esta manera, el empleador no incurre en el costo directo del pago de este beneficio, ya que el SDSS se encarga de dicha compensación.

En cuanto a licencias es importante destacar que, si no están específicamente relacionadas con la licencia de maternidad establecida por ley, estas no gozan de una cobertura automática por el SDSS. Dichas licencias podrían depender de acuerdos específicos entre el empleador y la trabajadora, o de una recomendación médica documentada que justifique su necesidad.

Si las licencias no forman parte del período oficial de descanso por maternidad, el empleador no está legalmente obligado a asumir el pago de estas. No obstante, el derecho a la licencia por maternidad debe ser gestionado y garantizado a través de la Seguridad Social, como un beneficio fundamental de toda trabajadora embarazada en el servicio doméstico.

Notaría Central, Abogados

Salomón Ureña Beltre

Abogado - Notario.

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Luís José Bourget Frometa: El Legado de un Maestro en el Derecho.

Con profundo respeto y admiración, me uno al dolor que embarga a quienes tuvieron el privilegio de conocer y aprender de nuestro querido profesor Luís José Bourget Frometa. Su partida no solo deja un vacío en nuestras aulas y corazones, sino que nos invita a reflexionar sobre el papel de los seres humanos en este tránsito por la vida y el legado que dejan en quienes los rodean.

El profesor Bourget Frometa fue un faro en el estudio del derecho civil, un hombre cuya erudición y comprensión del derecho positivo trascendían las fronteras, actualizándonos con el rigor y la frescura de las corrientes jurídicas más avanzadas. Su vasto conocimiento, arraigado en la historia del derecho romano y en la tradición del derecho francés, hacía de cada clase un verdadero viaje intelectual. En las aulas de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, su presencia no solo impartía conocimientos; inspiraba respeto y una profunda reflexión sobre la práctica del derecho y la justicia.

Bourget Frometa no solo enseñaba con dedicación; compartía todo lo que sabía sin reserva, revelándose como un maestro genuino, de esos que son difíciles de encontrar. Nos brindaba no solo un entendimiento técnico, sino una perspectiva humanista y ética, fundamentando en cada lección los valores que nos guiarían en nuestra práctica y en la vida misma. Su habilidad para transmitir su profundo saber y su pasión por la docencia dejaron una marca imborrable en quienes tuvimos el honor de aprender de él.

Aunque hoy nos despida la tristeza, el legado del profesor Bourget Frometa permanece vivo en cada uno de nosotros. Su espíritu de enseñanza, su compromiso con el conocimiento y su respeto por la verdad seguirán inspirándonos, y su influencia se extenderá, sin duda, más allá del tiempo. Paz a su alma.

Gracias, profesor, por haber compartido su luz con nosotros.

Salomón Ureña Beltre

Abogado - Notario

By SANOTHE.

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Reflexiones sobre la Política Fiscal y el Futuro de la República Dominicana

El presidente Luis Abinader inició su gestión ofreciendo un proyecto de gobierno basado en la eficiencia y el uso racional de los recursos. Afirmó que no sería necesario instaurar nuevos impuestos ni reformas tributarias, pues las mejoras en la recaudación bastarían para fortalecer el erario. Estas propuestas alentaron a una ciudadanía deseosa de cambios concretos y sustentables. Sin embargo, la experiencia de su mandato ha evidenciado un panorama más complejo de lo esperado.

En un momento dado, se planteó un anteproyecto de ley para ampliar la base del ITBIS hacia un IVA más amplio, lo cual generó inquietudes, especialmente porque no se concretó el diálogo y consenso social que una propuesta de tal magnitud requiere. Si bien las intenciones oficiales se basaban en aumentar los ingresos del Estado, la reacción de diversos sectores mostró que existía una brecha significativa entre lo planeado y lo socialmente aceptable.

El intento de gravar rubros de la canasta básica y de presionar fiscalmente a la clase trabajadora suscitó un fuerte rechazo, evidenciando la necesidad de políticas más incluyentes y consensuadas. A pesar de ello, se retiró el proyecto sin una hoja de ruta clara para atender las necesidades de financiamiento de servicios esenciales. Casi simultáneamente, se aprobó un préstamo de 625 millones de dólares destinado a afrontar los apagones eléctricos y el cambio climático, lo que refleja una dinámica gubernamental que levanta interrogantes sobre el manejo de la deuda pública y el bienestar de las futuras generaciones.

Preocupa la aparente improvisación que rodea estas decisiones. El país requiere soluciones a largo plazo, basadas en un diálogo constructivo y en la transparencia de las acciones estatales. La ciudadanía merece saber cómo y cuándo se verán resultados concretos, especialmente en áreas clave como la educación, la salud y la estabilidad económica.

Señor presidente, su gestión representa la oportunidad de marcar un antes y un después en la historia política de la República Dominicana. Cumplir las promesas y trabajar en conjunto con todos los sectores de la sociedad no solo es deseable, sino imprescindible para afianzar la confianza en las instituciones y forjar un futuro sostenible. Mi llamado es a mantener un compromiso sincero con las necesidades de la gente, centrado en programas y políticas que equilibren la responsabilidad fiscal con la justicia social.

Al final, todos ansiamos una República Dominicana próspera, estable y capaz de brindar oportunidades reales a su población. Solo mediante un manejo responsable de los recursos, un diálogo abierto y la mirada puesta en las generaciones venideras podremos avanzar hacia ese objetivo. La urgencia de estos temas exige decisiones claras y coherentes, con el bienestar colectivo como pilar inquebrantable de toda acción gubernamental.

Salomón Enrique Ureña Beltre

Abogado - Notario Público

salomon@notariacentral.com

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Una Visión Crítica del Gobierno Actual: Reflexiones y Preocupaciones

La presidencia de Luis Abinader prometió cambios de gran alcance y una gestión transparente. Sin embargo, han surgido inquietudes en diversos ámbitos que merecen atención y un debate constructivo:

1. Cuestionamientos sobre Transparencia Financiera

Diversos analistas, incluyendo el economista Andy Dauhajre, señalan la existencia de empresas en paraísos fiscales vinculadas al presidente. Esta situación genera una percepción de incoherencia entre el discurso oficial, que solicita sacrificios fiscales a la ciudadanía, y la práctica de resguardo de capitales. Es fundamental que toda duda sea esclarecida, en beneficio de la confianza pública.

2. Elevados Niveles de Endeudamiento

El aumento acelerado de la deuda externa (alrededor de 46,000 millones de dólares en cuatro años) plantea interrogantes sobre el destino y la eficacia en el uso de estos recursos. La ciudadanía demanda rendición de cuentas más exhaustiva, especialmente cuando persisten falencias en servicios básicos como energía eléctrica, transporte e infraestructura.

3. Participación Democrática en las Reformas

Reformas como la del sistema tributario y del Código de Trabajo requieren un diálogo abierto, que involucre a todos los sectores. La impresión de que dichas medidas se impulsan sin el consenso social adecuado puede llevar a un clima de desconfianza y polarización.

4. Manejo de la Migración

El incremento en la concesión de visados y la ausencia de una política migratoria clara generan preocupación por la presión social y económica en zonas fronterizas. Para abordar eficazmente la cuestión, se hace imprescindible un enfoque estructurado, coordinado y transparente.

5. Asociaciones Público-Privadas

Las alianzas entre gobierno y sector privado pueden ser útiles para impulsar proyectos de interés nacional, siempre que exista equilibrio en la distribución de beneficios. No obstante, cuando el esquema favorece desproporcionadamente a un grupo privilegiado, surge la sensación de que el interés colectivo queda relegado.

En síntesis, aunque se reconocen avances en algunos campos, muchos dominicanos manifiestan la necesidad de mayor claridad y apertura en la toma de decisiones gubernamentales. Mantener el diálogo, fortalecer la transparencia y asegurar una distribución justa de los recursos son pasos esenciales para consolidar una democracia incluyente y un futuro próspero para todos.

Salomón Enrique Ureña Beltré

Abogado - Notario Público 

⎮ salomon@notariacentral.com 

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La Obstrucción a Donald Trump en su Camino a la Presidencia ¿Fábula o Realidad?

La política estadounidense contemporánea se encuentra en un estado de guerra ideológica, donde la estrategia primordial es obstruir a Donald Trump a cualquier costo. Con cada intento de asfixiar su candidatura mediante maniobras políticas y ataques judiciales, el sistema estadounidense desnuda su verdadera faceta: un espectro de intereses corporativos, de medios y políticos que aparenta ser democrático, pero que no duda en demonizar al que osa desafiarlo. La persecución que ha sufrido Trump es la máxima expresión de una política que busca borrar del mapa a cualquier individuo que amenace el status quo.

La resistencia del exmandatario no es casual. Su resiliencia desafía la maquinaria que, con un afán grotesco, intenta imponer la imagen de una “democracia” que realmente está más preocupada por controlar a quien considera “incontrolable”. Con su insistencia en postularse, Trump simboliza, para bien o para mal, la cara de una democracia desfigurada, donde las élites no titubean en recurrir al desprestigio, la desinformación y la vil difamación para enterrar cualquier disidencia bajo toneladas de bajeza moral.

La supuesta preocupación por la salud mental de Trump no es sino el pretexto cínico que utiliza una jauría insaciable para erosionar su credibilidad. Pero la ironía de este juego es que, al intentar descalificarlo, lo que se evidencia es un sistema político carente de verdaderos ideales democráticos. En lugar de un debate de ideas, asistimos a un circo donde los grandes intereses manipulan las reglas y tratan de moldear al electorado mediante el miedo y la desinformación.

Vivimos en el llamado “mundo libre”, en el que se proclaman los valores de la democracia y la libertad, pero los guardianes de esos valores han preferido desviar la vista de cualquier principio, asumiendo que el poder lo justifica todo. Se nos ha olvidado que, en una verdadera democracia, la última palabra la tiene el pueblo, y no los titiriteros de la información y el capital. Estos últimos, embriagados por la impunidad, han olvidado que la democracia implica respeto a la voluntad ciudadana, aun cuando esta no sirva a sus intereses.

Es indignante que, en lugar de defender el sistema de elecciones libres, las fuerzas políticas de Estados Unidos se han inclinado hacia la eliminación del opositor, convirtiendo la competencia en un campo de batalla sin reglas donde la democracia es la primera víctima. Al atacar sin tregua a Trump, se ha desfigurado el bipartidismo, degenerándolo en bloques ideológicos irreconciliables, envenenados por la imposibilidad de convivir sin recurrir a las artimañas más oscuras y mezquinas.

Si el sistema continúa así, los estadounidenses se verán forzados a asumir que su voto es simplemente un simulacro. La obsesión por impedir el avance del candidato republicano solo anuncia un horizonte oscuro, donde la desesperanza se convierte en un reflejo del fracaso de una democracia que, al negarse a escuchar la voluntad popular, se transforma en la caricatura de sí misma.

Quienes observamos, perplejos, la artimaña tras artimaña, sabemos que este desprecio por la voluntad popular tendrá consecuencias. Las lecciones de la historia son claras: ningún poder sobrevive si reprime al pueblo. La democracia americana está en una encrucijada, y si no se permite que los ciudadanos elijan a sus líderes, estamos firmando la sentencia de muerte de aquello que llamamos libertad.

Salomón Ureña Beltre

Abogado - Notario.

By SANOTHE

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