Mucho se le puede cuestionar a Donald Trump en el plano político, institucional y discursivo. Sin embargo, desde una lectura estrictamente funcional del poder estatal, ha evidenciado una forma de ejercicio político directo, confrontativo y escasamente condicionado por los filtros tradicionales de legitimación mediática o diplomática.
Su actuación en el ámbito internacional no parece orientarse a la preservación del equilibrio multilateral, sino a la ejecución de objetivos estratégicos previamente anunciados en su programa de gobierno. Esta lógica, criticable o no, responde a una visión del poder centrada en la soberanía nacional entendida como capacidad de decisión unilateral, incluso frente a estructuras de cooperación internacional que históricamente han condicionado la actuación de los Estados Unidos en el escenario global.
El caso de Groenlandia, por ejemplo, vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la militarización preventiva como instrumento de disuasión geopolítica. La posibilidad del despliegue de fuerzas con fines estratégicos en territorios de alto valor geoeconómico revela una dinámica que tensiona el derecho internacional contemporáneo, particularmente en lo relativo a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza consagrada en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, una Europa que aún no redefine con claridad su arquitectura de defensa común parece oscilar entre la dependencia histórica del paraguas de seguridad estadounidense y la aspiración de una autonomía estratégica que, hasta el momento, no ha logrado materializarse institucionalmente. Esta ambivalencia condiciona su capacidad de reacción frente a decisiones unilaterales adoptadas desde Washington que impactan directamente en su perímetro de seguridad.
La cuestión que subyace no es la simpatía o rechazo hacia una figura política determinada, sino la constatación de que el modelo de gobernanza internacional basado en consensos multilaterales enfrenta tensiones crecientes frente a estrategias estatales que privilegian la inmediatez decisional sobre los mecanismos tradicionales de legitimación internacional.
El debate, por tanto, se desplaza desde la persona hacia el paradigma: ¿hasta qué punto el derecho internacional vigente posee capacidad real para contener decisiones soberanas de naturaleza estratégica adoptadas por potencias con superioridad militar efectiva?
Salomón Ureña Beltre
Abogado.
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