La sangre no se fabrica. No se importa con rapidez cuando falta. No admite improvisación. Depende de organización, trazabilidad y voluntad pública sostenida. Sin un protocolo nacional eficaz de colecta, procesamiento y distribución, el sistema sanitario queda expuesto a una fragilidad que se revela en el peor momento: cuando una madre necesita transfusión, cuando un niño requiere cirugía, cuando un accidente desborda la capacidad hospitalaria.
El problema no es retórico. Es estructural. La red pública de salud carece de un esquema unificado y operativo que garantice disponibilidad oportuna, calidad certificada y acceso equitativo a componentes sanguíneos en todo el territorio. Existen esfuerzos dispersos, campañas periódicas y bancos hospitalarios que operan con compromiso. Lo que falta es integración real: un protocolo obligatorio, coordinado y fiscalizable que estandarice la captación de donantes, el procesamiento seguro, el almacenamiento adecuado y la distribución bajo criterios técnicos transparentes.
Un sistema serio de sangre exige de pilares como de colecta voluntaria, periódica y no condicionada, con campañas permanentes y educación sanitaria sostenida, de procesamiento y control de calidad uniformes, con trazabilidad completa desde el donante hasta el receptor y de distribución basada en necesidad clínica y no en capacidad de pago o relaciones personales.
Cuando el abastecimiento depende de la urgencia familiar, “consiga donantes y luego operamos”, el Estado abdica de su función primaria de protección. La donación de reposición, práctica extendida, traslada a las familias una carga que corresponde a una política pública estructurada. La consecuencia es desigualdad: quien tiene redes consigue; quien no las tiene espera.
La urgencia no admite más diagnósticos tibios, el sistema requiere instauraron protocolo nacional vinculante, con estándares técnicos obligatorios para todos los centros, públicos y privados, registro único de donantes voluntarios, interoperable y actualizado, red nacional de bancos de sangre integrados, con inventario en tiempo real, financiamiento estable, auditado y sujeto a control ciudadano y un régimen de supervisión y responsabilidad administrativa, para evitar desvíos, opacidad o privilegios.
Existen intereses que prefieren la fragmentación: la dispersión facilita discrecionalidad y zonas grises. Pero la sangre es un bien público crítico. La regulación no puede quedar subordinada a dinámicas particulares cuando está en juego la vida.
El estado de necesidad es evidente. Cada retraso cuesta riesgos médicos evitables. Cada vacío operativo erosiona confianza. La protección efectiva del derecho a la salud pasa por asegurar que la sangre esté disponible cuando se necesita, sin condiciones ajenas al criterio clínico.
La donación voluntaria es un acto solidario. El protocolo que la sostiene es un deber estatal. Esa combinación salva vidas. La ausencia de esa estructura las pone en peligro.
Salomón Ureña Beltre
Abogado.
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