(II) El Funcionario Como Instructor: Cuando la Institución se Vuelve Trinchera de la Impunidad

No hace falta ser experto en derecho constitucional para entender lo que significa violar el debido proceso. Aunque, por lo visto, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ni los titulares, ni sus asesores legales, ni su aparato policial lo tienen claro. El acto cometido contra REEP no solo fue moralmente ruin; fue jurídicamente obsceno. Sin notificación válida, sin garantía judicial, sin protocolo de conciliación ni procedimiento de amparo. Pero con metralletas. Y con hambre de castigo. Porque así actúa el poder cuando se siente impune: no administra justicia, impone castigos ejemplares.

¿Exageración? ¿Hipérbole? ¿Relato inflamado? ¡No! Realismo puro. Testimonio documental. Verificable y reincidente. La propiedad demolida fue víctima de un Estado en modo comando, no en modo institucional. El derecho de empresa violado sin explicación. El derecho a la defensa ignorado como si fuera un chiste. El principio de legalidad convertido en anécdota. Y todo por haberse atrevido a demandar lo justo. A ejercer la ciudadanía con plenos derechos. Como si ser pobre y valiente fuera una provocación intolerable.

El artículo 148 de la Constitución es claro: el Estado responde por los daños causados por la actuación irregular de sus agentes. Pero a los funcionarios les da risa. Porque no creen que pueda pasarles nada. Viven en su burbuja de asesores incompetentes, de impunidad técnica y de ignorancia disfrazada de protocolo. Pero yo les tengo una mala noticia: hay abogados que sí sabemos leer, que sabemos argumentar, y que no necesitamos llamar a la prensa para hacer justicia: solo necesitamos un expediente.

REEP será indemnizada. El daño será cuantificado. Y los funcionarios que orquestaron esta salvajada urbana van a responder. No por venganza, sino por justicia. Porque no se puede construir un Estado de Derecho sobre los escombros de sus principios fundacionales. Porque no se puede permitir que una ciudadana sea tratada como trapo viejo por querer cobrar lo que le corresponde. Porque no es posible que la administración pública se convierta en franquicia del atropello.

Este caso no termina en el polvo de los bloques derrumbados. Comienza ahí. Y se proyecta como advertencia: ningún ciudadano está a salvo mientras los bárbaros con placas, sellos y firmas sigan creyendo que sus cargos son licencias para la atrocidad.

A REEP le arrebataron su espacio. Pero no su dignidad. Y a mí, como su abogado, me honra representarla. Porque esta no es una batalla legal. Es una cruzada institucional. Y vamos a darla hasta que el miedo cambie de bando.

Salomón Enrique Ureña Beltre

Abogado - Notario Público

By SANOTHEO