Era viernes, y el reloj no había marcado siquiera las nueve de la mañana cuando recibimos la noticia en Notaría Central. Un pelotón del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se apersonaba frente a la propiedad de REEP. No para conversar. No para cumplir con un protocolo. No. Se presentaban para ejecutar un desalojo y demoler todo lo que una mujer había construido durante veintinueve años de trabajo incansable. La orden venía firmada con el garabato invisible del desprecio institucional: la fuerza como argumento, el ruido de retroexcavadoras como sustitutivo del diálogo, y la metralla apuntando a la dignidad ciudadana.
Esta no es una historia de expropiación. Es una historia de exterminio legal. Porque lo que allí ocurrió fue más que una demolición física: fue la expresión más cínica del Estado primitivo disfrazado de modernidad. Fue la manifestación sin rubor de un aparato público que desconoce, ignora o simplemente pisotea la Constitución del 2010, esa que en su artículo 7 reconoce el Estado Social, Democrático y de Derecho y que, en el artículo 51, garantiza el derecho de propiedad como inviolable. ¿Derecho de empresa? ¿Protección a la iniciativa privada? ¿Principio de legalidad? ¡Por favor! Todos fueron lanzados al piso, junto con las mercancías, los ajuares, los estantes de la farmacia y las provisiones del colmado.
La señora REEP, empresaria por mérito propio, había solicitado un compás de espera para desocupar su inmueble. ¿Resultado? Una respuesta orquestada con saña quirúrgica. ¡Claro que sí! Porque atreverse a usar los tribunales, a solicitar medidas cautelares, a invocar derechos fundamentales, eso no se perdona. Eso, en el diccionario de la barbarie institucional, se traduce en “ajuste de cuentas”.
El comando del MOPC irrumpió como lo haría cualquier tribu posmoderna: altivos, soberbios, blindados en la supuesta legalidad del cargo, pero profundamente ajenos a la legalidad del derecho. Alguno, eso sí, intentó resistirse a la lógica de la jauría. A ellos, nuestro respeto profesional. Pero su voz fue sepultada bajo el estruendo de la maquinaria, y su presencia, irrelevante frente a la voluntad del ministro, su consultor jurídico y su brazo militar.
La escena fue grotesca: la demolición de una vida. Pero lo más grave, lo realmente abominable, fue lo que vino después: el saqueo. La zona no fue resguardada. La seguridad estatal se convirtió en guardián del vacío. Lo que no destruyó la pala mecánica, lo arrasaron los “civiles espontáneos” que actuaban, al parecer, con permiso tácito del mismo Estado. Y no, no estamos hablando de un incidente aislado. Estamos hablando de una práctica en expansión. Lo que le pasó a REEP, mañana se ensayará en otra víctima.
Y ahí es donde entra mi rol. Porque no basta con denunciar: hay que litigar. Y como abogado de REEP, mi presencia no fue decorativa. Fue y es instrumental. El caso ha sido documentado con precisión quirúrgica, las pruebas conservadas, la estrategia legal ya en marcha. A quienes les duela mi presencia y autoridad técnica en este proceso, les informo con serenidad: la ley también puede doler. Y cuando se usa como espada, hiere profundo.
Mi respeto a los que en medio del caos quisieron hacer lo correcto. Pero a los demás, los que organizaron esta coreografía de brutalidad y cobardía, les anuncio desde ya: el Derecho no ha muerto. El Estado Social, aunque secuestrado, sigue existiendo. Y desde la ley, vamos a recuperar cada centímetro de dignidad que ustedes enterraron bajo escombros.
Salomón Enrique Ureña Beltre
Abogado - Notario Público
By SANOTHEO
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