Mis Temores por Cataluña

A veces nos da la impresión que al gobierno presidido por el señor Mariano Rajoy le es incomprensible o al menos desconoce la real dimensión que cada vez más cobra el movimiento independentista de Cataluña, cuyo auge se ha incrementado precisamente en los últimos cuatro años en los que ha dirigido con altibajos el presidente de procedencia gallega, el destino de todos los españoles.

A nuestro entender, son muy pocas las preocupaciones que haya podido mostrar el gabinete de Rajoy en relación a Cataluña. No obstante disponer de herramientas legales para actuar con mayor contundencia, como lo es el Art. 155 Constitución española que expresamente dispone que: 

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Sin embargo, desde la dirección general del Estado no se hacen aprestos que conduzcan a reducir los ánimos de los delirios independentista de Arthur Mas, presidente de la Generalitat. No es suficiente el solo escuchar decir que durante su gobierno, el de Rajoy, España no se desmembrará.

Salvo las constantes, y para nosotros muy equilibradas posiciones adoptadas por el presidente del Gobierno Español, es muy poco lo que se puede lucir para asegurarle al pueblo español que se tiene dominado el escenario para enfrentar y neutralizar los fulgores del movimiento independentista Catalán.

“España no se desmembrará, eso no pasará en un gobierno del Partido Popular”, es lo que una y otra vez expresa Mariano Rajoy. Este antídoto es insuficiente,  a estas altura se ha debido tener activado todo el tinglado estatal que reduzca cualquier interés de romper la unidad del territorio español.

Se ha tratado a través de un anteproyecto de ley sometido por el gobierno al Congreso, que las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional conlleven la imposición de sanciones para aquellos que la vulneren, en franca alusión a Arthur Mas, quien luego de la decisión que declarara fuera de la ley el llamado a elecciones presbicitaria del 9N del año pasado, y que lo conminó a cumplir con la Constitución del 1978, éste no ha hizo sino obviar su cumplimiento. 

Luego de la demostración de fuerza que han logrado Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, Raul Romeva, y el propio Arthur Mas, en la Diada 2015, es para preocuparse de que el proyecto de secesión va muy en serio, más cuando para el 27 de septiembre, fecha para la cual están fijadas las elecciones autonómicas, las mismas han sido identificadas a interés de los independentistas como el buque insignia del proceso, al extremo que éstos, los tres jinetes más activo del proceso, las han propuestos como prebiscitarias. 

Es indudable que la propuesta independentista ha ido sumando más adeptos, al extremo que sus proponentes han logrado rebasar a las demás fuerzas políticas que se debaten el poder en España. Las fórmulas hasta ahora planteadas por la oposición parecen no encontrar apoyo de los electores que las asuman.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por ejemplo, no ha sabido exponer con claridad sus proposiciones, la que se contraen esencialmente a una modificación constitucional que invite a adoptar un sistema federal para toda España. A la mayoría de la población se le hace incomprensible el significado de esta propuesta.

Sinceramente desde nuestras latitudes pareciera que el PSOE no es explícito o al parecer, la dirigencia de este partido no sabe claramente como jugar su papel en esta disyuntiva. No quisiéramos pensar que también en España al igual que en nuestros países en vía de desarrollo, sus políticos se aventuren a poner en peligro sus instituciones, solo por favorecerse en lo inmediato de las ventajas que circunstancialmente las mismas podrían conferirles.

Nos parece algo canallesco que se actúe con ligereza ante las amenazas que encierra la posibilidad de que este importante bastión territorial se desligue de la Madre Patria solo para obtenerse provecho electoral.

Recientemente hubo un intercambio de cartas públicas entre tres de los líderes políticos importantes españoles, decimos el ex-presidente del gobierno Felipe González, Joseph Antoni Duran I Lleida y Arthur Mas. Este periplo nos pareció un excelente escenario a partir del cual se pudo haber abierto un debate nacional que involucrara un mayor número participantes, se centrara en ella toda la atención necesaria que permitieran identificar las propuestas que definitivamente implicaran la solución al entuerto independentista.

No se nota a un gobierno tomando decisiones agresivas, atando cabos que puedan contrarrestar el avance de los partidarios de una Cataluña libre. Todo parece que el gobierno ha dejado el camino abierto, esperanzado en que las amenaza de un futuro incierto para los catalanes seria lo que los haría reaccionar, e ir a votar en masas a las elecciones del 27 de septiembre. Mientras tanto el Junts Pel Si, sigue su curso actuando con toda la libertad. El discurso incendiario ha ido escalando, son más los que se anexan a su proyecto, se maneja la hipótesis de que para proclamar la independencia, no es necesario siquiera sumar la mayoría absoluta en las esperadas elecciones.

Urge identificar los métodos que conlleven un acuerdo categórico que resuelva de una vez y por toda las aspiraciones de una Cataluña independiente, debe pues el Gobierno central obrar con mayor determinación y carácter, aunque ello implique el uso de la fuerza que le confiere la Constitución.

Vale la pena el sacrificio antes de que el proceso se extienda más, y llegue a afectar a otras comunidades como la valenciana que está en el ojo de miras de los Catalanes para ampliar hasta allí sus aspiraciones.

Salvo las constantes, y para nosotros pocas categóricas posiciones adoptadas, es muy poco lo que puede lucir el actual inquilino de la Moncloa para asegurarle al pueblo español que se tienen bien diseñadas las políticas que inviten a neutralizar el ánimo determinado de proclamar la independencia de Cataluña.

Salomón Ureña BELTRE. 
Wamcho’s father.

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Contra ti delincuencia, vector infernal de mis contemporáneos…

Por Franchesca Lugo…

No me sale de la cabeza la figura de esta lozana, de bien dotadas y excelsas virtudes, tanto que a su corta edad podía exhibir el rumbo que esperanzada pretendía transitar en su vida, que parecía poder coronar de éxitos.

Pero la suerte le hizo una mala jugada, espacio y tiempo coincidieron para acercarla a esta lacra arrasante, y desoladora a la que muy pocos, incluyendo a quienes tienen la estricta responsabilidad de encararla, pecan de no prestarle la debida atención, ella que actúa sin discernimiento ni contemplación, que no discrimina para plantar en sus víctimas, sus más crueles derivaciones, y que tremebunda como es, de boca de uno de sus promotores, te aceleró tu partida terrenal, tras el simple grito de: “mátala, mátala, mátala…”.

... y volviste a vencer, oh tu delincuencia feroz y devoradora… hasta cuándo te lo vamos a seguir tolerando?

Llantos, dolor, pesar y quejas, dejas a tantas familias por causa de una que no tenía porque sufrir tus aspavientos, ahora te llevaste a Franchesca, por quien me lamento al pensar que no pudo alcanzar lo que soñó ser, que nunca más será... 

Escozor, y además rabia nos salpica, por ser parte de una sociedad que por su desidia, permitió que te fueras de nuestro entorno contemporáneo…

Los tormentos que han de estar sufriendo tus padres, por no tenerte en sus regazos.., lo propio, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de estudios, tus profesores, han de ser de insospechadas proporciones...

Que pena que tu rostro aun infantil, ese que risueño mostraba la jovialidad de pubertad prematura, que se ensimismaba en la caricia tierna evocadora de la esperanza de un merecido buen futuro, y que se ve apagado por la arrogancia de unos que, a lo mejor, no aprendieron a hacer otra cosa que no fuera salir a expresar el desprecio por sus iguales, a sembrar el terror, a imponerse tras la soberbia encarnada en la cobardía de sus miserias humanas, a templar el odio en un entorno que se resiste a no darle la oportunidad de ser útiles, a ser piadosos… 

Cuanto lamentamos que tus frondosas inquietudes, propias de los de tú tierna edad, se hayan apagados, así no más… 

Llegará el momento en que tu presencia será invocada con desesperación, más asfixiará por fatiga a esos que debieron actuar para impedir, como ocurrió, tu partida...

Franchesca, tu asesinato debe ser la llave que abra la sensibilidad de todos los que aun nos conformamos con este estado de cosas que nos arrebata los talentos como los tuyos, nos desmorona quitándonos la paz, y que no se conforma sino con amenazas latentes de continuar con aspavientos descomponiéndonos.

Ante ocurrencias como las actuales que propiciaron tu desventura, es que redescubrimos como nuestra clase dirigencial actúa sin brújula, carente de sentido y de responsabilidad, imbuidos por sembrar en sus horizontes, virtudes no más halagadoras que el hedonismo…

Por ti Franchesca, no obstante, llegará el momento en que sumemos voluntades para unificar criterios en torno a la solidificación de una sociedad más racional, apreciadora consciente de miembros que como tú nunca han debido dejar de existir por las causas como las que te llevaron de este mundo.

Tras tu desaparición física, no solo tu familia encuentra el luto, también la nuestra, y la de todos que aspiramos ver un resurgir de la esperanza que tenga como su principal objetivo, el cuido de la vida, por la vida misma.

Hasta luego Francesca, joven esperanza marchitada…

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado - Notario Público.

Wamcho's father.

Agosto 22, 2015.

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Tragedia de un Obrero en la Plaza de la Salud.

“…La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”. 

Ernest Hermingway. 

Amen del desaliento y la frustración que nos causa saber que cuarenta y ocho horas después de haber caído en un filtrante un obrero que trabajaba para las empresas contratistas privadas que operan la remodelación de la Plaza de la Salud, los bomberos deciden suspender definitivamente su búsqueda, disminuyendo toda posibilidad de encontrarlo con vida y aun, de por lo menos, identificar su cuerpo.

Alegando falta de herramientas, de maquinarias y de otros recursos técnicos con que serían posible realizar las perforaciones para abrir una trinchera hasta el interior por donde se disponen las aguas subterráneas que están a escasos metros de la superficie, tanto sector público como privado, justificaron y optaron irse por la vía más fácil, la más económica, pero también la más deshonrosa, desconcertante, e inhumana.

El asunto no trascendió lo suficiente en los medios, bastó que se declarará su muerte, ningún otro organismo de la esfera nacional o extranjera hizo esfuerzo en solicitar cooperación, y mostrarse en disposición de colaborar para lograr resultados más concluyentes, no dio tiempo siquiera para que se declarase su desaparición en términos judiciales.

En momento en que la humanidad cuenta con medios tecnológicos de avanzada, con los recursos económicos y de transportes que pudieran movilizar desde un extremo del planeta al otro en cuestión de tiempo relativamente oportunos cualquier herramienta como la utilizada en la mina de Chile donde 33 mineros quedaron literalmente atrapados por un alud que se les vino encima en el 2010, permaneciendo por 70 días, y que gracias a las repercusiones que a nivel internacional cobró el tema, no se escatimó implementar recursos e identificar los mecanismos que pudieran dar las respuestas favorables que al efecto resultaron al rescatarse con vida todos los afectados.

En esta ocasión tanto el gobierno, intereses privados, y la propia empresa para la cual trabajaban los mineros se unificaron, logrando alcanzar la mayor proeza que haya vivido la humanidad en término de rescate tras siniestros de tales envergaduras.

Quién no ha de imaginarse que nuestro obrero, a la hora de este escrito, aun permanezca con vida aislado en una gruta interna donde le llegue oxigeno, pero que las corrientes de aguas le impidan desplazarse hasta donde logre ser visto desde el exterior?

Cómo es posible que se hayan vencido esos espíritus batalladores con que suelen estar revestidos los miembros de instituciones de socorros, como el de los bomberos, sin agotar todos los esfuerzos que hayan válido la pena realizar para satisfacción del estado de necesidad de esta víctima, del aliento esperanzador de sus familiares y de una sociedad que aspira airearse de expresiones de solidaridad y hermandad social?

Que lastima que no se haya planificado y asegurado el área  de trabajo desde la cual se deslizó hasta al vacío este obrero, y peor que no se hayan hecho los reconocimientos debidos ingresando la búsqueda de lugares de acceso, haciendo uso de los recursos humanos y logísticos con que contamos como una forma de demostrarnos aferrados y consonos con la dignidad humana. 

Nos imaginamos la aflicción que acusan los familiares de la persona afectada al saberse incomprendidos gracias a la ligereza con que obraron las empresas para la cual trabajaba, y mucho más, por las autoridades que optaron por la vaguedad, por el improperio e irrespeto a la vida humana, al dejarlo todo en una simple declaratoria de muerte.

Cada días más nos convertimos en aduladores de lo insano, en insensibles prohijares de un estado de cosas que nos distancian del amor al prójimo.

Las campanas doblan por ti...

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado - Notario Público.

Wamcho’s father.

Agosto 10, 2015

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Otra Vez el Tema del Auxilio de la Fuerza Pública.

El 4 de julio del 2013, el Tribunal Constitucional (TC) a propósito de un recurso de inconstitucionalidad por vía directa elevado por la Asociación Dominicana de Alguaciles, dictó la sentencia número 110/13, mediante la cual declaró contrario a la Constitución la Resolución número 14379-5 emanada de la Procuraduría General de la República, y la circular del 4 de abril del 2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia, con la que se pretendía regular el auxilio de la fuerza pública. 

No entendemos porqué no se incluyó el Oficio número 11-0401, que también intentó regular la fuerza pública, emitido durante la gestión del actual miembro de la Segunda Sala -Penal- de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Alejandro Moscoso Segarra, mientras este fungió como Procurador Fiscal del Distrito Nacional.

Entendió el TC que las indicadas normas vulneraban los artículos 40, numeral 15;  68, 69,  93, letra (q) y 149, párrafo I, de la Carta Magna, y dispuso de manera especifica en los ordinales 4to., y 5to, respectivamente de su decisión, lo siguiente:

“… CUARTO: EXHORTAR al Congreso Nacional para que en un plazo no mayor de dos (2) años, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, legisle sobre el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional que dimana del párrafo I, del artículo. 149 de la Constitución, para lo cual deberá votar una ley orgánica al tratarse de una de las materias previstas por el artículo 112 de la Constitución de la República, dado que la ejecución de las sentencias participa del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

QUINTO: Si al vencimiento del plazo consignado en el ordinal TERCERO del dispositivo de la presente sentencia el Congreso Nacional no ha dictado la legislación correspondiente, la Resolución núm. 14379-05, de del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República devendrá inconstitucional con todos sus efectos”.

En su decisión, esta instancia de reciente presencia entre nosotros, pero creadora de una prolífica ola de principios de inobjetable cualidades favorables, exhortó al Congreso Nacional que dentro de un plazo de dos años a partir de dictar su sentencia procediera a elaborar una normativa con carácter orgánico sobre la cual se rigiera el uso de la fuerza pública. 

Fíjese que la sugerencia invocada por EXHORTACIÓN es hecha de manera categórica por el TC al Congreso y no a ningún otro estamento del Estado.

Pasado el tiempo, solo un legislador se preocupó por observar la exhortación del TC en esta materia. En efecto, correspondió al diputado Vinicio Castillo Semán, quien sucediera en su curul a su hermano Pelegrin Castillo Seman, luego de haber sido nombrado por el presidente Danilo Medina Sánchez como el primer encargado del recién creado Ministerio de Minas de la República, el que de manera rauda, pero con todo el tiempo en su contra, depositara un anteproyecto de ley con la esperanza de lograr su trámite de manera urgente y así evitar que el país quedara desprovisto de un marco regulatorio en la ejecución de las sentencias y actos que reclamen su cumplimiento bajo el amparo y protección del Estado.

Para el desconcierto del legislador de marras, y el de la comunidad jurídica nacional, pero sobretodo para los ciudadanos que aspiran ser gobernados con reglas claras, oportunas y de incuestionable legitimidad, tal pieza legislativa no pudo ser aprobada sino exclusivamente por la Cámara de Diputados, más no así por el Senado, por lo que no pudo completar el debido trámite legislativo, por haberse cerrado la legislatura correspondiente, sobreviniendo para desdicha, el desamparo legislativo que se procuraba evitar.

Tras este vacío legal, el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), descontextualizando la exhortación invocada por el TC, contrario al espíritu de la norma que le rige, la ley 133-11, y acudiendo al amparo supuesto de la Constitución, en fecha 3 de agosto del 2015 se abrogó la facultad de dictar el reglamento 17/2015, para que en ausencia de la norma que debió ser emanada del Poder Legislativo, haga las veces de regulador del uso de la fuerza pública en embargos, desalojos, lanzamientos de lugares, entre otros, condicionando su uso a que sea aprobado por el ministerio público. 

Lo actuado por el CSPJ es nada más que inverosímil, toda vez que trunca el avance de nuestras instituciones del ámbito jurisdiccional, postra sus desempeños, al asirse de poderes usurpados para lograr maniobrar en el desempeño efectivo de los diferentes estamentos y órganos del Estado, en sentido general. 

Es función esencial de todos los órganos públicos y de la administración apegarse en el desempeño de sus funciones al milímetro de sus atribuciones legales, aunque su accionar conlleve evitar ciertos males, que al parecer es lo que ha llevado al CSPJ a reaccionar como lo ha hecho, con lo que lamentablemente nos excluye del ambicionado estado social democrático de derecho al cual todos aspiramos.

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado - Notario Público.

Wamcho’s father.

@salomonbeltre

09 agosto 2015

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Las Leyes que Rigen el Espectro Migratorio Dominicano.

Un descontrol de la política migratoria conlleva inefectividad sobre las diversas variables que influyen en el devenir operativo y funcional de los diversos renglones estales. Así, por ejemplo, la economía y los sub-sectores que la constituyen no podrán fluir positivamente si no se manejan a discreción de las autoridades el tránsito, y permanencia de personas en un determinado territorio.

Y es que al no tener un control absoluto de la población total con que se cuenta, ni las condiciones bajo las cuales las mismas habitan en el territorio impide saber como hacer uso eficiente de los recursos disponibles. Para administrar la capacidad productiva del país, para trazar el diseño del sector laboral, saber cuantas escuelas, viviendas, hospitales hacen falta y donde deben construirse, es necesario tener un control meridiano de los habitantes del país.

Estos factores propician las razones a considerar para justificar el porqué no está de más que todas las naciones del globo implementen sistemas efectivos sobre como regularizar la migración hacia y desde sus fronteras.

El Estado Dominicano aunque ha procrastinado por décadas el tema de la migración, ha asumido empero, en los últimos tres años, el desafío de encarar con la instauración de normativas positivas que afiancen respecto a la legislación constitucional vigente, su regularización.

En la especie, para cumplir con este propósito las autoridades nacionales han tenido que partir primafacie, no del hecho de examinar quienes están residiendo legalmente en el país, sino del criterio de discriminar quienes de los que habitamos en este territorio merece ser o no calificado como dominicano, decisión que le ha valido la amenaza latente de su propia viabilidad, inclusive, por cuanto en sentido general, la comunidad internacional no ha aceptado la autodeterminación que como Estado libre, soberano e independiente le corresponde adoptar a la República Dominicana.

En todas partes del mundo, ha sido común descansar en los aspectos relativos a la sangre o la vinculación al suelo, las bases más próximas para discriminar las causales que atribuyan el derecho a la nacionalidad de las personas. Es lo que se ha dado por llamar el jus sanguinis y el jus soli, este último ingeniado por el naciente Estado norteamericano del 1776 para defenderse de la influencia que pretendía ejercer la corona inglesa sobre sus ciudadanos que fueron a ultramar en busca de asentarse bajo un estado de cosas diferentes al que dejaban detrás, y que pretendían distanciarse de sus origines que los relacionaban estrechamente con Inglaterra, la que a su entender podía decidir sobre ellos por considerarlos sus ciudadanos. 

Nuestro país, por derivación de los artículos 18 y siguientes de la Carta Sustantiva Dominicana, ha optado aplicar ambos sistemas, esto es que tanto influye el jus sanguinis como el jus soli para determinar si una persona es o no dominicana.

Estas manifestaciones se extrapolan a la Ley #285-04 sobre Migración del 15 de agosto del 2004, promulgada por el saliente presidente de la República, el ingeniero Hipolito Mejía Dominguez, y que fuera archivada por las autoridades posteriores durante siete años, plazo en durante el cual no se hicieron las diligencias para preparar el reglamento de aplicación que la misma ordenaba para su entrada en vigencia y aplicación.

Algunos otros acontecimientos futuros propendieron a fijar aún más la atención del Estado en este tema, así algunos reclamos promovidos por intereses privados ante los tribunales dominicanos, provocaron que sus decisiones repercutieran trazando la ruta a seguir de lo que se ha convertido en el más importante tema con que ha tenido que lidiar el actual período de gobierno constitucional, presidido por el licenciado Danilo Medina.

En efecto, la Sentencia número 168-13, fue la primera decisión jurisdiccional que planteó las modalidades puntuales sobre las cuales debía regirse en el futuro la política migratoria que extendió su concentración hasta el tema de la nacionalidad en la República Dominicana.

Posteriormente, con el propósito de solucionar algunos escollos que creó la sentencia 168-13, el Poder Ejecutivo se hizo aprobar del Congreso Nacional, la ley número 169-14, sobre regularización de extranjeros, que al no ser cumplida por aquellos contra los cuales fue aprobada, en los plazos mandatorios, los que vencieron el pasado día 17 de junio de 2015, provocó que el gobierno propiciara otras alternativas que favorecieran a los afectados.

El Consejo Nacional de Migración se ideó, al no cumplirse cabalmente los propósitos de la normativa 169-14, el famoso Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular Radicados en la República Dominicana, el que fue aprobado por el Poder Ejecutivo, y permitió la inscripción de otros extranjeros que finalmente serán favorecidos con la naturalización dominicana.

La aplicación de este conjunto de normativas migratorias ha conllevado se resuelva el problema causado por más de nueve décadas por deficiencia de las autoridades dominicanas, beneficiando a unos 55 mil personas a las que se les ha reconocido el derecho de disfrutar de los derechos que atribuye la nacionalidad a los nuevos dominicanos, además que ha permitido la inscripción de otros once mil más cuyos expedientes están actualmente en proceso de validación y aprobación.

Todos estos esfuerzos se pudieron evitar con solo haberle dado cumplimiento a la ley número 14 del 1938, mediante la cual Haiti y la República Dominicana pretendieron resolver el conflicto migratorio que se había suscitado en el año 1937, que establece in concreto, que: 

“Art. 10: Para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan:  Primero:  Que cada uno de los dichos gobiernos adoptarán todas las medidas que fueren necesarias para impedir que cada uno de sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro Estado sin el permiso de la autoridad competente de éste.

Segundo: Que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional se procederá a la repatriación de los nacionales de cada Estado que se encuentren en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este o que fueren declarados indeseable por las autoridades competentes del mismo”.

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado - Notario Publico.

Wamcho’s father

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Corralito en Grecia, La Unión Europea en Cuidados Intensivos

Fue en diciembre del año 2001 cuando por vez primera nos percatábamos como se restringía la libre disposición de dinero propiedad de los depositantes en una economía estatal. El Corralito se llamó. Fue concebido en la Argentina durante el gobierno presidido por Fernando de la Rúa, de quien nos llega a la memoria las imágenes transmitidas por televisión que mostraban como huía despavorido en un helicóptero dejando acéfala la Casa Rosada, temeroso de ser alcanzado y quedar a merced de los ciudadanos que parapetados al frente del solio presidencial daban muestras de penetrar a su interior con el intencionado propósito de exigirle cuentas del destino de sus recursos.

En efecto, la economía argentina llegó a niveles de crisis tan profundas que el sistema bancario de la nación se vio prácticamente colapsado. Se sembró la base de lo que luego pasó a ser denominado el Corralón, una especie de patrocinio de medidas más radicales en torno al manejo del dinero de los ahorristas, provocando una inestabilidad política de tal magnitud, que en apenas meses se sucedieron en cascadas cinco gobiernos, ninguno de los cuales pudo soportar la presión que ejercía la sociedad que reclamaba puntuales respuestas en torno a sus recursos económicos.

Se les impuso a los usuarios del sistema bancario solo poder liberar unos US$250.00 diarios, que para la fecha estaba a la par con su moneda de circulación nacional, el peso.

Pérdidas de vida humanas, manifestaciones sociales, alteración del orden legalmente establecido, daños a la propiedad pública y privada, desafío a las autoridades y recrudecimiento de medidas antisociales fueron apenas algunos de los resultados que causaron las restricciones adoptadas por los gobiernos que presidían la dirección del Estado de esta nación sudamericana entre los años 2001 al 2002.

Los que han analizado con mayor conciencia y que más versados son sobre el tema, sugieren que fue durante los gobiernos de Carlos Saúl Menén que se sentaron las bases que encausaron estos lacrimosos episodios de la vida política y económica de la Argentina, al provocar un déficit fiscal de cerca de US$7,500 millones durante el decenio del 1989 al 1999.

La especie cambia de escenario, y se reproduce en un continente donde era impensable que semejante fenómeno se reprodujera; se da catorce años después en las tierras más prósperas de nuestro planeta, en Europa, la misma que se ufana por tener los mejores niveles de vida alcanzados a favor de sus ciudadanos, la que mejor administra y distribuye sus riquezas, la que airea ser celosa del cuidado del estado de bienestar colectivo; pero que sin embargo, es la misma que ha sido castrada por gestores de una economía que ha estado dando todo tipo de traspiés sin saber dónde y cómo exactamente aplicar satisfactoriamente sus recetas financieras, hasta el extremo que ha llevado al vía crucis más tormentoso e insalubre de un Estado como el greco, el que de donde todos venimos, al decir de Cicerón, arrodillando a más de diez millones de habitantes tras la muestra de su falta de capacidad de pago de su deuda externa.

Hoy la economía greca diluye por sus venas el desangre de un estado de bienestar que le fue ofertado a cambio de llevar una vida pública estatal desordenada, incapaz de haber renovado sus estructuras de producción, y de innovar hacia medios alternativos que le procuraren crecimientos sostenibles de sus riquezas a largo plazo, todo a cambio de asumir una vida placentera sostenida sobre el endeudamiento público exorbitante que hoy la postra como lastre merecedora de un destino incierto.

Con una economía que puede volcar a la gente a expresarse contra el status quo, alterándolo a extremos que pueda llegar a ser considerada por sus pares como una nación inviable, y por consecuencia inelegible para formar parte de la gran Comunidad Económica Europa.

A Grecia ha llegado el corralito abriéndose espacio en la banca, a partir de la cual comienza a generar su influencia con medidas prohibitivas que van desde impedirle a los usuarios del sistema hacer uso restringido de sus propios recursos depositados, los que solo podrán acceder a retirar sesenta euros diarios, así como sufrir el aumento sobre el cien por ciento en las tasas impositivas de importantes tributos, además de asumir la disminución palmaria de las subvenciones debidas por concepto de pensiones y retiros, tras la reestructuración por modificación de las leyes en esta materia.

Con esta muestra del nuevo sistema de corralito ampliado es que tienen que convivir los nuevos pobres europeos. 

No nos extrañemos ver en pocos días como comienza a desmoronarse la paz social en Grecia, lo que ocurrirá en la medida que comiencen a tener efectos las nuevas políticas económicas a ser aplicadas por el Primer Ministro Alexis Tsipras, las que procuran esencialmente asegurar el pago a sus acreedores, a los que que se les deben cerca de 307 mil millones de Euros, e impedir la salida, casi inminente, del país de la Eurozona.

Los aprietos por los que atraviesa Grecia acorralan a sus ciudadanos de manera más contundente que como vivieron en su tiempo los argentinos la propia, amén de que las amenazas que se ciñen sobre la estabilidad, permanencia, e integración de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, por causa del país heleno, alcanzan niveles de desconfianza alarmantes, cuyas derivaciones pudieran producir el desmembramiento de esta comunidad de naciones, la más importante que ha alcanzado la humanidad, lo que de producirse afectaría de manera directa la vida de sus más de 500 millones de personas, población sobre la cual gravita la influencia de sus 27 naciones unidas, que mancomunadas como están, constituyen el bloque económico, militar, y político más poderoso e influyente del mundo. 

La experiencia nos dice que de un corralito se puede pasar a un corralón, más uno y otro pueden conducir a una crisis política y económica de insospechadas derivaciones. 

¿Cuáles serán las medidas que adoptará finalmente la Europa unificada de frente a la crisis greca, cuáles serán las ramificaciones que a lo interno de Grecia suscitarán estos eventos? 

Esperemos, estemos atentos…

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado - Notario.

Wamcho’s father.

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El Divorcio por Mutuo Consentimiento.

El divorcio por mutuo consentimiento, es un procedimiento mediante el cual los cónyuges, sin necesidad de juicio previo, deciden, por su perseverancia, poner fin al matrimonio.

Le ley que rige esta forma de disolver el casamiento en nuestro país, es la 1306-Bis de fecha 31 de mayo del 1937, publicada en la Gaceta Oficial No. 5034, destacado a partir de sus artículos 26 y siguientes.

Esta normativa dispone como requisito esencial para la admisión de un procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo, que los cónyuges tengan dos años de casados, además que no hayan cumplido los treinta años de convivencia común, y el esposo no haya cumplido los sesenta años de edad, ni la mujer cincuenta años.

El procedimiento se inicia presentándose los esposos ante un Notario Público, al que le expondrán su determinación de ponerle término a su matrimonio. Éste le asesorará en lo relativo a los aspectos antes descritos, los que de cumplir con cada uno de ellos, instruirán se prepare una acta autentica que contenga las estipulaciones sobre las cuales versarán las condiciones de su disolución. 

Entre otras de las formalidades a ser cubiertas en el acta de estipulación y convenciones, se hará constar el tribunal al cual los esposos le atribuirán competencia para que decida sobre la homologación de la misma, y además, la Ley 1306-Bis, en su artículo 28, le impone a los esposos, antes de presentarse al juez, hacer constar en el indicado acto autentico, las siguientes formalidades:

1.- Formalizar un inventario de todos sus bienes muebles o inmuebles; 

2.- Convenir a quien de ellos confía el cuidado de los hijos nacidos de su unión, durante los procedimientos y después de pronunciado el divorcio; 

3.- Convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el procedimiento, y cuál la cantidad que, como pensión alimenticia, deberá suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia sentencia definitiva.

Los esposos deberán proveer un certificado del matrimonio expedido por la Oficialía del Estado Civil correspondiente que acredite la celebración del matrimonio. De igual manera deberán ser aportados los certificados de nacimiento de los hijos del matrimonio, así como de cualquier otro documento que avale derecho de uno u otro de los esposos.

Una vez preparado el acto autentico en que consten las estipulaciones y convenciones, el abogado apoderado preparará una instancia que dirigirá al tribunal que conocerá de su homologación, lo cual, en la práctica, se ha tornado su realización, por vía administrativa. 

En la actualidad, los tribunales al conocer de los casos de divorcio por mutuo consentimiento, no requieren la presencia de ninguno de los esposos, salvo en los casos de divorcios que se erijan en virtud al vapor, Hay otras legislaciones como la española, en las que se requiere la presencia de uno, por lo menos de los esposos para tomarle la declaración y deducir sobre si persiste, y si reposan en justas causas formales, el divorcio demandado.

Cuando el divorcio sea admitido uno de cualquier de los esposos deberá hacerlo anunciar en un periódico de la localidad, una copia del cual se depositará en la secretaria del tribunal dentro de los ocho días a partir de la fecha de haber tenido conocimiento de la sentencia que lo ordena.

Optar por esta vía de procedimiento para demandar la disolución del matrimonio, le facilitará a los esposos poder compartir los gastos, los que serán menos onerosos, además de poder disponer de ciertas ventajas procesales, jurisdiccionales y de tiempo.

Somos de opinión que nuestro legislador debe volcarse a modificar la norma que rige el divorcio por mutuo consentimiento en la República Dominicana, de manera le atribuya a los notarios públicos la competencia para su trámite y ejecución, toda vez que es un acto que bien puede ser llevado exclusivamente ante jurisdicción voluntaria, de esta manera contribuir a descongestionar los cúmulos de expedientes ante nuestros tribunales.

Entendemos además, que deben ser flexibilizadas las condiciones para que los interesados puedan optar por este tipo de procedimientos, toda vez que no tiene sentido, en esta época, gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología, imponerle a los esposos las limitaciones actualmente vigentes, descritas precedentemente. 

No se justifica la existencia de formalidades tan rigurosas para asumir como posible la disolución del divorcio por vía del mutuo consentimiento, en un tiempo donde se hace necesaria, y rápida, la disolución del lazo matrimonial entre los interesados.

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado.

Jun 28, 2015.

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Desafortunadas Declaraciones de Bill de Blassio

La importante posición que ostenta Bill de Blassio como alcalde de la comunidad municipal que maneja el mayor presupuesto de todos los Estados Unidos de Norteamérica, unos 70,000 millones de dólares anuales, como lo es el Estado de New York, ha sido el bastión desde el cual este se ha erigido para hacer resonar el despliegue de su afirmación en el sentido de pedirle a los turistas tanto de su país como de otras regiones del mundo, no desplazarse hacía la República Dominicana, como protesta por las medidas de políticas de migración adoptadas por este país que afectan a cientos de personas especialmente de nacionalidad haitiana.

Intolerantes, y desafiantes es como pueden ser calificados los pronunciamientos hechos por el Alcalde de la Ciudad de New York, quien movido por su falta de visión y de prudencia política, y quien parece ser que para congraciarse con ciertos grupos étnicos, y hasta con propios familiares, se ha atrevido a atentar contra los intereses económicos vitales de toda una nación compuesta por más de diez millones de personas, y poner en riesgos las interacciones comerciales entre su país y la República Dominicana, cuyos balances gozan muy a favor de la estadounidenses.

Tales comentarios desproporcionados no solo deben ser objetos de rechazo de parte de toda la colectividad nacional, como lo ha sido, sino por los propios organismos norteamericanos y de otras latitudes acreedores de la República Dominicana, que saben que los recursos que obtiene nuestro país para solventarle el pago por los servicios de la deuda, los cuales ascienden a cerca de cuarenta mil millones de dólares, provienen fundamentalmente del sector turismo que este pretende afectar con su llamado a voce alta y amplificado su eco por la altísima posición de Alcalde que detenta el que parecía más amigo de los dominicanos.

El hecho de que la República Dominicana, aplique las medidas que entienda necesarias para administrar la migración no debe ser objeto de decisiones de influyentes políticos para cebarse de las mismas y hacer que surjan odios de parte de las colectividades que son afectadas por las medidas adoptadas.

Bill De Blassio que utilizó el respaldo de los dominicanos radicados en la ciudad de New York para llegar al solio de su mandato, quien en la campaña para las primarias por el Partido Demócrata, solo contaba con el 10% de apoyo de su partido, y que luego llegó a tener cerca de un 40% de ventaja sobre sus adversarios, en gran medida por el respaldo de los dominicanos, incita a la ofensiva contra los intereses de este país, lo que no hará pensar que haya a su favor igual respaldo a sus futuras aspiraciones políticas de parte de una comunidad que solo le ha sido fiel a su dilatada vida política, como la dominicana.

No se le puede quitar a esta funcionario edilicio ser un luchador antirracista, lo que sí es que sus aseveraciones han sido devastadoras contra toda una comunidad que creyó en sus promesas, echando por el suelo su lema de campaña mediante la cual se hacía llamar la “alternativa progresista”.

No dudemos que esta sea una de las causas por las que éste se arrepienta, luego de que en las elecciones próximas del 2018, vea desfallecida toda posibilidad de reelegirse al cargo, por el rechazo que ha radicado en los votantes dominicanos y de otros grupos minoritarios que reaccionen contrario a sus inquietantes declaraciones.

Bill de Blassio que por su cargo debe administrar todos los servicios de la ciudad de New York entre ellos, las propiedades públicas, la policía, los bomberos, agencias públicas, y debe velar por el reforzamiento de su seguridad, en sentido general, para con lo que cuenta con cerca de 325,000.00 empleados, ejerce una influencia tan poderosa y determinante en todo el corazón de la gran nación del Norte, por cuya razón debe actuar con cierto tino en ocasión de hacer públicas sus sugerencias las que no solo pueden afectar a aquellos contra quienes se proponen, sino también contra sus propios protegidos.

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado.

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Descuidos de Las Obras Públicas de los Pueblos

Recién conversaba con el jurista Blas Minaya en el programa radial Reflexión Jurídica sobre las condiciones en las que se encuentran gran parte de las obras públicas de diversas comunidades del interior del país, y más específicamente del siempre olvidado sur.

Nos lamentábamos sobre el estado de abandono en el que la mayoría de las obras físicas se encuentran, dando la noción de que no hay quien vele en favor de mantenerlas reparadas, atractivas, ornamentadas, y decorosas. Ya no existe el orgullo local de mostrarse auténticamente pueblerino, de pertenecer a la comunidad más engalanada, ejemplar, etc. 

Sus autoridades ya no se preocupan por dejar un legado de haber pasado por las mismas. Su mayor preocupación es el engrosamiento de sus cuentas bancarias, de manera les brinden la mejor calidad de vida, de por vida. Este fenómeno se da sin escasa excepción, sin que se produzcan consecuencias que creen precedentes que inviten a reducir estos menoscabos.

Bien recordamos cuando nuestra madre, Silvia Beltre, de pequeños nos llevaba de paseo junto a mi hermano Bienvenido Alfonso+, por algunos de nuestros pueblos. Que vistosos y hermosamente decorados solían estar las fachadas de los monumentos que franqueaban sus entradas, estos llamaban la atención de sus visitantes. Por estar tan dignamente adornados, nos daban la idea de que el interior de esas comunidades gozaban de igual condiciones de remozamiento. Los frontispicios pueblerinos daban el deseo de volverse a ellos tan prontos nos desmontábamos en las paradas de autobuses.

Hoy, por el contrario, cuanto descuidos se observa. Hay una muestra de ausencia total de compromisos sociales de sus comunitarios, incluyendo de sus propias autoridades, muchas de las cuales adolecen del criterio de lo que verdaderamente significa ostentar la posición de alcalde, o de regidor, y peor aún, en muchos casos, los mismos habitantes no han sabido empoderarse de los derechos de que son titulares para exigir mayor compromisos social de todos quienes tienen que incidir en el desarrollo de las mismas.

Los descuidos a que están sometidas las obras públicas de las comunidades pueblerinas, no se las podemos atribuir a la calidad del presupuesto que reciben los ayuntamientos, sino más bien al desdén de sus autoridades, a su comprobada incompetencia, a la falta de objetivos concretos y socialmente bien definidos. Es al uso desordenado y antojadizo que hacen de los recursos que les son asignados, uso que muchas veces se hace contrario al mandato de la ley, mismos recursos que suelen quedarse entre las uñas de sus autoridades.

Muestra de que los recursos del erario que le son asignados a los ayuntamientos son destinados a usos reprochables, es como gran parte de funcionarios electos de las comunidades han sido sometidos a la acción de la justicia por peculado, por corrupción de la más baja calaña, incluyendo algunos a los que se les reconocen otrora riquezas, como es el caso de un ex-pelotero de grandes ligas, ora el caso del alcalde de San Francisco de Macorís, el que para pasearse por las calles de su comunidad debe hacerlo con guardaespaldas, sin dejar de mencionar al edil de la Romana. 

Ver como las autoridades municipales gestionan los cobros de los arbitrios, muchas veces sin cuantificar como el peso de estas cargas ejercen presión sobre el contribuyente, sobre sus negocios, y hasta sus propios bienes, los cobran en pleno ejercicio del mandato de la ley, dicen, y sin la consideración del justo proceder, cuyos recursos son destinados, en la mayoría de los casos, a asuntos de poco interés social, sin dar las debidas cuentas a sus comunidades y lo peor es que estas no suelen pedirlo.

La ausencia de políticas administrativas especificas a favor de las comunidades se puede notar en el avanzado estado de deterioro de sus calles, sus caminos vecinales, las estructuras físicas de las plazas y dependencias públicas, sus mercados públicos, parques, cementerios, etc. 

Nuestros pueblos gozan de belleza natural esplendorosa, aunado al calor humano encantador, y cordial de sus gentes, activos que bien pueden ser aprovechados para atraer mayor número de visitantes, crearles las condiciones para que gasten más y mejor, lo que redundaría en mayores ingresos para estas comunidades, sus habitantes, y un aumento en las captaciones por concepto de tributos, que de ser bien administrados podrían destinarse algunos para mejorar las condiciones de todas sus estructuras físicas, por demás.

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado

Jun 23, 2015.

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