Dos abogados de una misma firma perecen en circunstancias no aclaradas.

Cómo?, pero, qué es lo que tu me estás diciendo?, que pasó?, cuándo ocurrió?, de qué manera? No, no, eso no puede ser, pero tu estás en el barrio? Perdón, tengo que llamar a alguien más, debo averiguar…, esto no puede ser…

Esta fue la reacción y así las palabras a través de las cuales expresamos nuestra estupefacción, el dolor que nos llegó hasta el alma, al hablar por la vía telefónica con nuestro hermano y amigo de toda una vida, el licenciado Juan Carlos Contreras Morales, con quien nos comunicamos luego de haber escuchado por una de las emisoras de radio del país, cuando regresábamos hacia la oficina luego de una audiencia, que en Los Ángeles, Peralejos, había aparecido los cuerpos sin vidas de dos abogados.

Los Ángeles, Peralejos, es el barrio donde crecimos, donde nos desarrollamos, lugar al cual nos hemos mantenido vinculado, donde están nuestros intereses afectivos, precisamente donde conocimos a Rene Antonio Vegaso, uno de los abogados aparecido muerto, quien desde pequeño era de una personalidad sumamente reservada, tranquila, ecuánime; un buen hijo de una buena madre, más que tanto ejemplar, él, un simple hijo de su proyectada madre, ésta de las del tipo y coraje que deben hacer de madre y padre a la vez, a quien siempre que caminábamos por la calle 8 del sector, la veíamos frente a su casa en alguna actividad, limpiando o bien conversando con algún buen vecino, ella nos prestaba la atención del saludo. Qué niño o joven no se siente atraído por la atención de una persona mayor..?

A Fausto Morel Matos no lo recordamos con claridad, pero nos dice Iris, nuestra compañera de la escuela primaria y secundaria, que él estudio con nosotros, que en algún momento fue uno de los compañeros de una se nuestras sesiones, que sus profesores fueron los nuestros.

Nos consta que tanto Fausto Morel Matos como Rene Antonio Vegaso, fueron dos abogados que llevaron el ejercicio de la profesión con verdadera vocación, nunca escuchamos de estos jóvenes abogados alguna imputación de carácter peyorativo, ni siquiera difamadora o denotativa, éstos pretendieron hacer del ejercicio de su profesión, un verdadero ministerio a través del cual lograban tener su sustento y el de toda su familia, se afanaban por alcanzar el ascenso social que aspira todo individuo, respetando las pautas que el decoro exige.

Es axiomático que en este hecho han obrado manos criminales, aquí ha operado la mala intención, este hecho fue tramado con saña, con interés de dejar una impronta renegada, no debe descartarse ninguna premisa o posibilidad, los mecanismos de investigación deben ser aplicados de manera metodológica, cherche la femme, ir tras los posibles intereses afectados por estos abogados en el ejercicio de sus competencias labores, investigar a su clientela, etc., deben ser de las cuestiones a ser abordadas con prioridad de parte de las autoridades investigativas con el designio de esclarecer estas muertes.

Como es natural, muchas son las especulaciones que se producen en tornos a hechos similares, surgen muchos comentarios, los unos se contradicen con los otros, la imaginación humana produce a ritmo acelerado todo tipo de conjeturas, sin embargo, no es en estos donde se debe abrevar para identificar los autores y ejecutores de este espectral evento. 

Estamos frente a un episodio de magnitudes cataclísmicas, este suceso marca una nueva era en la historia criminal contra los abogados en nuestro país. Nunca antes nuestra sociedad había sobrevenido un hecho de semejante dimensión. Todo el país está indignado, repulsión por doquier es lo que se manifiesta.

Son muchos los intereses con los que debe lidiar un abogado, muchas veces los propios clientes son los primeros que muestran algún tipo de actitud indelicada o recelosa frente a estos profesionales, pero naturalmente son los intereses contra quienes deben actuar, los que la mayoría de las veces quedan afectados, los que reaccionan de manera incontrolada e inusitada contra su integridad.

Es indudable que quienes urdieron estos hechos se han valido de la cooperación maliciosa y degradante de las corporaciones criminales que han estado creando base y entronizado sus pezuñas sangrientas en nuestra sociedad.

Actualmente la colectividad dominicana está adentrada en cambios profundos en su sistema de justicia, cursan inclusive por ante las Cámaras legislativas, anteproyectos de leyes con los que se pretenden modificar las leyes del ámbito penal, entre otras. Antes estos hechos es prudente que sociedad y autoridades den un paso al frente para crear los mecanismos que hagan disminuir los brotes de delincuencias que tanto han estado afectando la estabilidad de los individuos, aprobando instrumentos de convivencia y de medidas de seguridad aptos para recibir un entorno social más confiable para todos los ciudadanos.

De ser necesario las sanciones deben ser endurecidas en todo el sentido de la palabra y de los hechos.

Con la amenaza que se ciernes sobre los abogados y contra toda la colectividad, debemos todos los sectores sensatos de la sociedad, aunar nuestros esfuerzos, debemos reclamar de las autoridades mayores observancias de sus obligaciones frente al núcleo social, apoyados en estos recientes macabros acontecimientos, debemos justificar acciones que asienten nuestros criterios de detener el derrotero al cual nos quieren llevar los que no han sabido adaptarse y someterse a los comportamientos exigidos por las mayoría para vivir plausiblemente en comunidad.

No se debe andar con paños tibios contra quienes fraguaron las muertes contra dos de nuestros abogados, Fausto Morel Matos y Rene Antonio Vegaso, debemos hacer que los recursos que puedan tener sus auspiciadores no sean suficientes para que puedan salirse con las suyas, debemos evitar se empañen las investigaciones, se debe exigir sanciones ejemplarizantes.

Aterrorizada, llena de pavor, desprotegida y entristecida está nuestra comunidad del sector Los Ángeles por la muerte de dos de su hijos, sufrimientos que habrán de ser padecidos por toda la nación dominicana en muy breve plazo en caso de no ser confinadas las causas que las han producido, estas de manera indecible se enrumban con destinos insospechados.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

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Esa muerte hay que investigarla.

En nuestras propios narices se nos deteriora la nación, observamos como la criminalidad ha cambiado la agenda del país, y con ella la de todos los dominicanos. Al momento de disponernos a redactar este escrito, teníamos previsto tratar un asunto técnico jurídico que entendíamos era de importancia para los lectores de nuestro blog, sin embargo, debido a la pesadumbre que se ha asentado entre nosotros, aquella que consigna muerte, nos obliga a supeditar nuestras pretensiones para dedicarle a este tema nuestras atenciones.

Los medios de prensa de circulación nacional tienen en el día a día suficientes materiales de violencia, de sangre, de muerte que mostrar en sus primeras planas y más en sus páginas interiores, la delincuencia se galantea por doquier, se expone en grandes olas, ella nos ha arropado.

Las transgresiones que hoy nos afectan se llevan de encuentro a buenos y malos, pobres y ricos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, ella no para en su derrotero. A través de ella siguen muriendo seres humanos fruto de las ardides programadas por algunos sectores que se empeñan en llenar de sangre a la sociedad dominicana.

Sin importar su condición, la vida de los seres humanos debe estar garantizada por encima de cualquier otro factor, sin importar su situación, el Estado debe velar por la protección y disfrute del sagrado derecho vital, no debe tolerarse ni pasarse por alto, ninguna manera en que acontezca la muerte de cualquier ser humano cuando esta está en duda de por qué se produjo.

El germen de la delincuencia ya no es exclusivamente por la pobreza de nuestros barrios, esta ha tomado ribetes de mayores consideraciones y estadios, hoy tenemos, una verdadera industria del crimen donde coexisten las luchas de intereses  grupales, económicos y empresariales.  Todo esto nos ha llevado a tener un promedio de lo que va de este año 2011, de tres asesinatos por día. Estas muertes se producen en diferente escalas sociales, en diferentes sectores de la vida nacional, no se diferencia si la muerte tal se produjo fruto del latrocinio del sicariato o no, de lo que si está consciente es que hoy los primeros indicios hay que buscarlos detrás de este terrible fenómeno.

La semana pasada por ejemplo, hubo dos muertes desgarradoras, la una tiene que ver con la asesinato de un ciudadano venezolano, ocurrida en un hotel céntrico de la ciudad en frente de autoridades policiales inclusive, y para peor, ocurrida mientras transitaba por el sector la escolta del vicepresidente de la República. De este hecho no existe la menor dudas de que fuera patrocinado por el sicariato. La otra muerte tiene que ver con el recluso -hoy interno- José Luis Montas –el Duro Motor-, de la que por su naturaleza debe ser especialmente abordada.

El fallecimiento de José Luis Montas –el Duro Motor-, es un hecho que debe ser cautelosamente investigado, para que se determinen las causas reales que incidieron para que se produjera su deceso. Este es otro desafío que deben encarar las autoridades nacionales.

Este ciudadano que guardaba prisión, por habérsele encontrado culpable de los hechos que se les imputaban sobre su participación en los sucesos que condujeron a la muerte a seis ciudadanos colombianos en Paya, Bani, por lo cual fuera condenado a treinta años de prisión, sentencia que al momento de su muerte era objeto de un recurso de apelación, fue sorpresivamente diagnosticado con una supuesta enfermedad del tipo de hepatitis C, que por habérsele tratado con lo que parece ser conveniente negligencia por el personal de la prisión donde éste estaba recluido y luego por las carentes atenciones médicas mostradas por los galenos del centro hospitalario donde fuera finalmente internado, su muerte pasó a ser una especie de incógnita para la colectividad nacional.

No hay que ser muy perspicaz para concienciar que sobre esta muerte se tejen grandes marañas y muchos intereses habrán de haber concertado las maquinaciones que produjeran finamente la defunción de José Luis Montas –el Duro Motor-.

Solo los irresolutos podrán darle una lectura de insignificancia a este hecho.

Los propios familiares de la victima han hecho pública su opinión sobre la muerte de José Luis Montas –el Duro Motor-, y han dicho que la misma fue fruto de un asesinato.

El mismo presidente de la República, conocedor del significado de hechos de esta naturaleza, instruyó a los cuerpos especializados investigativos de la nación a que realizaran las pesquisas con las que se dieran los resultados reales que condujeron al acaecimiento de este hecho. De igual manera se ha manifestado Monseñor Nicolás Cardenal López Rodríguez.

Hasta ahora, los familiares de José Luis Montas –el Duro Motor- y la ciudadanía aguardan los resultados toxicológicos del Instituto Nacional de Patologías Forenses, el cual es un centro donde la técnica médica está muy bien valorada así como su credibilidad. Con los resultados ofrecidos vendrá a traerse el convencimiento de lo que ocurrió con este ciudadano y con ello la paz que todos necesitamos tener.  

Los dominicanos debemos prestarle suma atención a estos hechos, porque como ya hemos indicados en otras ocasiones, no durará mucho en que semejante situaciones nos ocurran en nuestras propias casas a cada uno de nosotros.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

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Juicio contra EdesEste

Todo individuo tiene derecho a expresar su punto de vista y a revelarse  contra los abusos y atropellos a los que se les pretenda someter.

Los principios jurídicos que gobiernan nuestras formas de vida en sociedad son enérgicos al tratar de proteger estas facultades, consignándolos inclusive como derechos sustantivos de los ciudadanos.

En la República Dominicana hasta hace apenas algunos años, veinte a lo sumo, el ritmo de vida era totalmente diferente a como lo es en la actualidad, en nuestro país los temperamentos eran manejados de formas diferentes, todo ha variado de manera subrepticia, el cambio nos ha llevado a horizontes pocos comprensibles.

Por ejemplo, para cualquier ciudadano era natural acudir a una institución pública y allí dejarse llevar fruto de la impotencia que tenia de aquello que le afectaba, aireaba su malestar,  exhibía en público su inconformidad, hablaba a que todo le escucharan, se desahogaba. De este modo el individuo recibía algo así como una especie de alivio a la impotencia que le producía el mal servicio ofrecido, el abuso que creía contra él se producía; enfrentada de esta manera lo que le impacientaba la existencia.

Los presentes se servían del atrevido para ellos hacer suyas tales quejas, se fraguaba entonces un compadreo entre los parroquianos que conformaban el ambiente.

Es común llegar en la actualidad a cualquier oficina de cualquier empresa, bien pública como privada, y allí el cliente sentirse vejado de todas las maneras imaginables. La dispensa del servicio ofrecido es la mayor parte del tiempo descaminado, ofensivo e intrigante.

Nos imaginamos que fueron estos los últimos sentimientos que hubo de padecer aquel ciudadano que al acudir a la oficina de servicio de EdeEste ubicada en MegaCentro, fue victima del  malogramiento de su vida, cuando ante un altercado con el vigilante privado que prestaba sus servicios de protección a la dicha dependencia, el seguridad le disparó a quema ropa, de frente, en el pecho, cuando según las notas periodísticas éste acudía a cumplir con el pago de la factura del servicio ofrecido y de paso para hacer oír su voz, quejarse ante lo que él entendía era un exceso en la estimación de los montos a ser saldados.

Es altamente preocupante que la vida del ser humano sea desconsiderada a tales niveles. Usted se imagina estar inseguro hasta en una oficina pública donde se brinde un servicio comunitario, donde por no tenerse al personal idóneo, capaz, competente, tolerante y racional, que sepa comportarse y tratar a quienes a tales oficinas acuden a cumplir con obligaciones que solo beneficia a la entidad recaudadora, se llegue a tales extremos. Nos estamos dejando llevar a rumbos desconocidos, no nos estamos dando cuenta que a la larga nuestra convivencia será insostenible.

La intolerancia se ha adueñado completamente de las personas, nadie respeta a nadie, todo mundo anda por las calles con alta dosis de desencantos, decaimientos, frustraciones que producen enojos y malestares existenciales, todos los cuales reunidos buscan de un escape para explosionar y al hacerlos, ni las cenizas quedan.

Debieron ser causas parecidas las que indujeron al vigilante quien la emprendió a tiros contra este ciudadano común, quien nunca comprenderá en cualquier estadio en el que se encuentre, ni sus familiares, cómo por semejante situación, se le segara la vida, por simplemente reclamar el monto excesivo de una factura, por tratar de apelar al reconocimiento de un derecho, el cual le es atribuido por la misma ley de leyes, por nuestra propia Carta Sustantiva.

Los ciudadanos que suelen reclamar sus derechos, aun haciéndolo bajo los rituales trazados por estas mismas instituciones, suelen ser vejados por las mayorías de las entidades que ofrecen servicios a conglomerados humanos. Estas empresas pretenden maniatar a su voluntad los derechos que como usuarios y consumidores tienen los clientes a los que ellas les ofrecen sus servicios.

EdeEste debe ventilar a lo interno su política de recursos humanos, este hecho debe alertar a las entidades de igual genero, para que puedan los ciudadanos sentirse confiados en que su integridad habrá de serle protegida cuando ante ellas acudan a cumplir con sus obligaciones contractuales.

Los familiares del ciudadano asesinado deben accionar en justicia contra el vigilante que causó su muerte, asimismo contra el o los gerentes de referida entidad y de ella misma procurar los resarcimientos indemnizatorios correspondientes y demás sanciones, las más drásticas inclusive. 

No es excusable de ninguna manera este hecho tan calumnioso y aberrante, deben tomarse medidas desde estas entidades para evitar se produzcan acontecimientos tan inimaginables.

Parece ser que solo con sanciones ejemplarizantes es que estos emporios empresariales habrán de entender que deben ofrecer un trato más afable, menos desconsiderado a los prestatarios de los servicios que ofrecen, y ya que solo reaccionan cuando se les afecta en su patrimonio pues bien le vale a las instancias jurisdiccionales correspondientes aplicar las sanciones previstas por nuestras leyes. Es esta una excelente oportunidad para que se creen los precedentes que hagan recapacitar a estos entes económicos, de tal manera evitar se produzcan estos desmanes que atenten contra la integridad de los seres humanos.

EdeEste debe ser demandada y sancionada por los tribunales por este hecho.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbeltre@me.com

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Sicariato y la muerte el Oficial Casilla Minaya

“Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”.

Refrán proverbial de corte popular.

Hace apenas menos de una semana cuando nos vimos obligados a expresarnos sobre la tarea de asesinar a diestra y siniestra que el sicariato se ha propuesto en nuestro país, en aquel tiempo nos referíamos al tema en ocasión de la muerte a tiro de que fuera objeto uno de nuestros abogados.

Entonces decíamos que debe ser interés de las autoridades obrar de manera decidida para enfrentar a esta horrenda actividad que le trae tanto desasosiego a toda nuestra comunidad.

Precisamente una semana después de nosotros hacernos eco de la noticia que daba cuenta de la muerte del abogado Luis Felipe Espertín Citronelli, a quien no conocíamos en su ejercicio profesional, hoy nos afecta, otro hecho de igual magnitud al producirse con iguales métodos el crimen que le arrebatara la vida al teniente coronel Virgilio Casilla Minaya, adscrito para el desempeño de sus funciones al Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Este dramático acaecimiento, empaña desde ya la gestión del actual jefe policial, y no decir si éste no le da una inmediata y contundente respuesta a la comunidad sobre las circunstancias reales que precedieron al asesinato de este articulado oficial, de quien se dice que para cubrir el presupuesto familiar debía hacer las veces de maestro, cuya integridad estaba certificada por todos quienes le conocían, lo que parece ser cierto, por la manera en que la prensa ha relatado sobre su modo de vida.

Ya decíamos que de no afrontar las autoridades con decisión, determinación y con la prontitud requerida este mal, podría tomar tanto espacio y vitalidad que ya nadie podría sentirse seguro ni en su propia casa. Hoy día ni las autoridades pueden decirse protegida frente a los atrevimientos y osadía con que se mueve el sicariato entre nosotros. La misma autoridad reconcentra su nivel de protección individual en procura de distanciarse de las eventualidades que hoy con tanta vulgaridad produce esta industrial criminal, mientras que el conjunto social más poblado carece de los medios para defenderse. 

Figúrese que ahora el sicariato le ha dado de lleno y de frente a las autoridades públicas nacionales con la muerte de este alto oficial, este que resulta ser nada más y nada menos que hermano del actual titular de la Oficina del Abogado del Estado, persona esta muy allegada al propio procurador General de la Republica y por sus funciones, vinculado a los más altos estamentos del poder y del gobierno del Presidente Leonel Fernández.

Se tiene tanta certeza de que este evento fuera planeado y producido por el sicariato que el propio Procurador General de la República, Dr. Radhames Jiménez Peña, dijo desde la funeraria donde se realizaban las honras fúnebres del oficial caído que: “…Todo parece indicar que el asesinato del meritorio policía, fuera consumado y patrocinado por el sicariato, este hecho vil que tendrá consecuencias para aquellos que lo motivaron y ejecutaron, fue ideado por esa descomunal estructura de maldad que ha montado en sicariato entre nosotros”.

De su parte, el jefe de la Policía Nacional ha dicho a los delincuentes que ocasionaron la muerte del meritorio oficial que: “se entreguen o de lo contrario se hará tal para cual”. Y no es para menos, se ha obrado con demasiada osadía, la respuesta debe ser contundente.

Debe procurarse que desde el cuartel no se impidan que las investigaciones sobre la muerte del destacado oficial Casilla Minaya, lleguen hasta las últimas consecuencias, a los fines de lograr identificar y poner bajo el imperio de la justicia todos los que participaron en esta fatídico acontecimiento.

La delincuencia no nos puede ganar, no le puede quitar el aire de libertad y de paz de que debemos gozar todos los dominicanos.

Evitemos la colombianización a que nos quiere llevar el crimen organizado. Enfrentémosle con coraje, ahondemos en los recursos técnicos necesarios en procura de que por falta de ellos no puedan identificarse los culpables de la muerte del oficial, ya hoy anda acercándose el crimen por paga hasta por el frente de nuestros propios hogares. No lo permitamos.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

Salomonbeltre@me.com

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Presidentes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Se puede echar andar la premisa que sostiene el criterio que siempre que en nuestro país se ha hablado sobre la conformación de un tribunal de garantías constitucionales, los sectores que lo han propuesto, han encontrado la oposición constante y decidida de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, organismo que ha sabido mantener de manera perseverante la tesis contraria.

La Suprema Corte de Justicia ha tenido, desde su instauración y durante toda nuestra historia republicana, hasta el año 2010, fecha en que nuestra constitución fuera objeto de la más profunda reforma, la última palabra sobre el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y de cualquier acto oficial que pudiere serle contrario.

Regularmente cuando el Congreso Nacional se ha avocado a conocer sobre algún proceso de reforma a la ley de leyes, habiéndose abordado el tema sobre el control difuso de la constitucionalidad, ha sido el organismo rector de la justicia nacional, el que ha quedado facultado con tales atribuciones, bien para conocer de manera exclusiva de las acciones que lleven a evaluar la legitimidad de lo abordado ora por vía directa ora como incidente procesal, que es lo que comúnmente se conoce como recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción.

En el año 1970 y más acentuado en el 1971, hubo una especie de dinámica social que auspiciaba el convencimiento teórico sobre la necesidad de la conformación entre nosotros de un tribunal de garantías constitucionales, pronunciándose el organismo superior del poder judicial nuestro en abierta oposición a tales pretensiones.

De manera que el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Manuel Ramón Ruiz Tejada, al referirse al tema en su discurso pronunciado para la apertura de los tribunales en el año 1972, éste dio su parecer en el sentido siguiente:

“Seria inconcebible una superestructura sobre cualquiera de cada uno de los tres poderes del Estado, Un tribunal de Garantías Constitucionales vendría a ser especialmente dentro de nuestra organización institucional, algo así como una superestructura sobre el Poder Judicial.”

Indicaba además, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, que: “…el propósito perseguido podía lograrse, sin necesidad de tal creación… si se aprovechan las reformas constitucionales y legales para ampliar en cuanto sea dable hacerlo, las facultades y radios de acción de la Suprema Corte de Justicia. A fin de que pueda funcionar con toda la fuerza y la rapidez necesaria en los casos en que se trate de amparar por vías legales, los derechos y las prerrogativas que conceda a la persona humana nuestra constitución.”

No menos decidida ha sido la reacción del actual honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Subero Isa, quien desde el inicio mismo del proceso de reforma constitucional, al referirse al tema, ha dicho que:

“La creación de un tribunal constitucional entre nosotros va a ocasionar un “desorden institucional”, y va a poner en “peligro la gobernabilidad”, la “seguridad jurídica” y la “convivencia pacífica”. (El Caribe, 19 de enero de 2011)

No obstante el sentimiento opositor que generó en la persona del Dr. Jorge Subero Isa, la creación del Tribunal Constitucional, tras el reciente proceso de reforma constitucional a la que se avocó el país, no pudo evitarse su conformación, en lo adelante debe haber una actitud más tolerante, este institutio debe contar con el respaldo de todos los dominicanos, no debe continuarse con los postulados de efervescencia contradictoria sobre esta instancia.

No hay que ser un oráculo para prever que este nuevo tribunal traerá por varias razones muchísimos desasosiegos a toda la comunidad nacional, debido a que como será un tribunal de corte meramente político, como órgano exento al poder judicial, será un instrumento a ser utilizado por los poderes fácticos y económicos para lograr fruto de las venalidades de sus integrantes, sus propios provechos circunstanciales. El adocenamiento de los miembros que lo compondrán, ya es un hecho, así se ha estado observando con los movimientos que desde el Poder Ejecutivo se han estado promoviendo, entre otros, tras la intención de lograr decisiones que posibiliten sin mayores estragos, la reelección presidencial.

De todos modos, ahora que a la agenda política le urge la aprobación de la ley que reglamentaría el Tribunal Constitucional que cursa por ante el Congreso Nacional, no deben, ciertamente dejar de escuchar las voces del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como se ha hecho en el pasado, en el sentido de la competencia de atribución que le será finalmente concedida a esta novedosa instancia constitucional; deben los actores que patrocinan su conformación, prestar especial atención para que luego no sea este mismo tribunal el que preñe de aun más sinsabores al ya muy desprestigiado Poder Judicial.

Salomón Ureña Beltre.

Abogado.

salomonbelre@me.com

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El Sicariato Cobra una Nueva Víctima, Ahora Asesina a un Abogado.

Nos llena de profunda consternación e impotencia el crimen canallesco de que fuera objeto el abogado Luis Felipe Espertín Citronelli, de 46 años, tiroteado por desconocidos a prima noche del pasado día viernes 14 de enero del 2011 en el municipio de Santo Domingo Este.

Las autoridades luego de cumplirse las cuarenta y ocho horas de la comisión de este aberrante suceso que enlútese a la familia de este competente abogado, integrada además por sus seis hijos, no han dado con el paradero de quienes lo propiciaron.

Aunque la práctica de “asesinar por paga” ya venia consumándose entre nosotros, no fue sino a comienzo de los primeros años de la década del siglo XXI cuando los dominicanos comenzamos a familiarizarnos con la figura del sicariato; fueron las declaraciones del extinto Carlos Evertsz Fournier, las que revelaban algunos detalles sobre ciertos asesinatos por él  cometidos, las que nos invitaron a conocer sobre esta que es una modalidad muy contradictoria de algunos ganarse la vida.

En la medida que nos hacemos más complejo en nuestras vidas, más aumenta la contratación de servicios del sicariato, el cual comenzó produciéndose entre los integrantes de las bandas de criminales sitiadas en los barrios de la periferia, y que se ha extendido a los demás estamentos sociales, gracias a que no se tomaron a tiempo las medidas cautelares que aplacaran su crecimiento.

A las actividades del narcotráfico se le debe fundamentalmente que hoy el sicariato haya tomado tanto espacio en todas las esferas de la sociedad nacional, no respetando ni dejando en salvaguarda a ningún tipo de persona ni pobre ni rica.

Es aterrador como la esposa sin el más mínimo remordimiento contrata los servicios de individuos desalmados por apenas doscientos mil pesos para que sin mayores esfuerzos asesinen en plena vía pública a su consorte, como ocurrió el pasado mes de diciembre en la avenida Winston Churchill, solo para asegurarse, la autora, la convivencia con su amante.

Los dominicanos que no nos hemos aliviado del lamentable hecho de Santiago donde un destacado empresario pagó para terminar con la vida de su esposa, hoy  tras la manera en que se produjo la muerte de este abogado Citronelli Espertin, se nos sorprende hasta el límite de reducírsenos la templanza y la credibilidad sobre el sentido de convivencia en paz a la que debe aspirar nuestra sociedad

Es muestra ostensible que el no haber afrontado con el carácter decidido e inmediato la ocurrencia de este tipo de hechos, que haya un desencadenamiento en la expansión de los crímenes de esta naturaleza. El atentado contra el hijo de una prestigiosa familia de Santiago, el abogado Jordi Veras, hoy se repite, con mayores consecuencias en la persona del abogado Luis Felipe Espertín  Citronelli.  

Es función obligatoria de las autoridades competentes no permitir que estos hechos puedan quedar impune, además las respuestas contra la delincuencia deben ser más urgente, debemos afrontar estos eventos con mayor determinación para evitar su auge.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezado ahora por el Dr. Diego José García, debe pronunciarse, diligenciar y aunar sus esfuerzos para conjuntamente con el Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo no cesar en las investigaciones que den al traste con los criminales que cumpliendo un mandato obraron de manera tan desafiante contra un ciudadano de tanta valía a quien lo despojaron tan sarcásticamente de su bien más preciado como lo es la vida.

El Procurador General de la República, Doctor Radames Jiménez Peña, ciudadano sensible y preocupado por la suerte de una sociedad con menos criminalidad debe instruir a los hombres y mujeres miembros del ministerio público que tiene bajo su cargo y a los técnicos investigativos de mayores experiencias para que profundicen las investigaciones que propicien la identificación y paradero de todos los que fraguaron este horrendo y abominable hecho criminal que hoy afecta a uno de nuestros abogados.

De la misma manera en que las autoridades le dieron respuestas a los sucesos de Santiago en el caso de Jordi Veras y al de la Winston Churchill, estas deben arreciar para dejar sellada su franca determinación a no dejarle espacio a esta nueva lacra social como lo es el sicariato.  La comunidad nacional debe ser  recompensada de inmediato en la identificación de los autores de la muerte del abogado Luis Felipe Espertín  Citronelli, de 46 años, para que el imperio de la justicia ejerza su función sancionadora y ejemplarizante.

Salomón Ureña Beltre.

salomonbeltre@me.com

Abogado.

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