La sentencia TC/1225/25 y el desacato institucional que nadie puede normalizar

La sentencia del Tribunal Constitucional TC/1225/25 del 18 de noviembre de 2025 anuló por inconstitucional las disposiciones que, en los códigos de justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, tipificaban la sodomía como infracción disciplinaria. El texto declarado inválido sancionaba el concúbito entre personas del mismo sexo y pretendía imponer una moral oficial sobre la vida privada de oficiales y alistados.

La declaración de nulidad era inevitable. Las disposiciones anuladas chocaban con la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. Su vigencia lesionaba derechos fundamentales que la Constitución protege sin ambigüedades. Eran normas impropias de un Estado constitucional moderno.

El problema real surgió luego. Altas autoridades castrenses y policiales anunciaron públicamente su intención de mantener la aplicación de esos mismos preceptos, aun después de la decisión del Tribunal Constitucional. Esa postura constituye un desacato institucional y una agresión directa al orden constitucional. La obediencia a la Constitución no es negociable. En un Estado de derecho, ninguna autoridad puede desconocer un fallo constitucional sin consecuencias.

Mientras proclaman que sostendrán normas ya expulsadas del sistema jurídico, los mismos organismos descuidan tareas urgentes que exigen toda su capacidad institucional. Entre esas tareas, la más evidente es la proliferación de puntos de drogas en barrios urbanos y sectores rurales. Esos enclaves se expanden como hiedra, ocupando propiedades privadas, vulnerando el derecho de propiedad, intimidando comunidades y generando estructuras criminales que corrompen a agentes estatales y erosionan todo sentido de seguridad ciudadana.

Los carteles barriales penetran viviendas, extorsionan comerciantes, pagan peajes a uniformados y establecen microterritorios donde la ley no entra. Ese fenómeno destruye el tejido social y coloca en riesgo directo el orden público. Ahí deberían concentrarse los cuerpos castrenses. Esa es la labor que la ciudadanía exige y la Constitución ordena.

Resulta vergonzoso escuchar a quienes tienen la responsabilidad de garantizar seguridad y legalidad afirmar que seguirán aplicando normas declaradas inexistentes, mientras la criminalidad territorial avanza sin freno. No es admisible que instituciones llamadas a defender el Estado constitucional se coloquen en antagonismo al órgano que interpreta la Constitución.

El país necesita autoridades disciplinadas en el respeto a la Constitución, enfocadas en sus competencias reales y comprometidas con la tarea urgente de rescatar comunidades invadidas por estructuras criminales. La desobediencia constitucional no resuelve nada. La acción eficaz contra el delito sí.

Salomón Ureña Beltre

Abogado.

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