A Propósito de la Falta de Credibilidad de la Justicia Dominicana.

Christiane Taubira, es la anterior ministra de justicia francesa, puesto al que renunció en enero del 2016, por estar en desacuerdo con la intención del gobierno de su país de retirarle la ciudadanía a sus ciudadanos con doble nacionalidad que hayan sido condenados por hechos terroristas.  

En ocasión de observar los dominicanos, tras una encuesta de reciente elaboración encargada y publicitada, por un sólido medio de circulación nacional, cuyos resultados dicen que el 93.3% de los dominicanos no cree en la administración de justicia, nos viene a la memoria el episodio que acaba de vivir Francia con su ex-ministra de justicia que en ocasión de su salida del tren de gobierno llegó a decir, que: “Mi renuncia obedece a la lealtad a uno mismo, a nosotros, para que la ética y el derecho tengan la última palabra”.

Como todos sabemos, Francia fue objeto de varios atentados terroristas el pasado mes de noviembre del 2015, en los que murieron 130 personas, que aunque la mayoría eran galos, 29 los fueron de otras nacionalidades, tales como brasileños, chilenos, estadounidenses, españoles, mexicanos, etc.

Aquellos actos cobardes fueron atribuidos a la red terrorista organizada en el Estado Islámico o (ISIS) -por sus siglas en inglés-, algunos de cuyos activistas se demostró gozaban de doble nacionalidad, alguna otra compartida con la francesa, casuística esta en la que se enfocaron los asesores del presidente Hollande para sugerirle al Congreso que legislara en interés de retirarle la ciudadania francesa a tales terroristas, medida que actualmente está prohibida por su Constitución, por lo menos a los que la adquieren por nacimiento; y que a los ojos de la ex-ministra en nada contribuía para distraer a los terroristas de que ataquen a la ciudadania con la felonía con la que lo han hecho, cuyo tono también han mantenido algunos otros altos cargos del gobierno como el propio primer ministro, Manuel Valls, quien ha señalado que la medida propuesta viene a resultar más que una sanción, en una simple medida simbólica. 

Le bastó a Christianen Taubira no estar de acuerdo con la fórmula presentada por el presidente Hollande para que le dimitiera, y lo hizo por guardar sus principios, los que se reducen, a que:  [“… la ética y el derecho tengan la última palabra…”].

Christiane Taubira, respetuosa de la Constitución de su país, la que inspirada en los fueros revolucionarios del siglo XVIII, que se concretizó con la toma de la Bastilla, la misma que dio origen a la Quinta República, la del 1958, la que legaliza el cargo desde el cual le brindó tan óptimo servicio a su pueblo desde el 2012, por la que optó renunciar a los privilegios que brinda el cargo, dio una demostración de total desprendimiento, de alta valía moral y ética, reiterándose una gallarda y ejemplar ciudadana.

A este propósito vale la pena preguntarse: ¿Cuándo es que actuarán de forma parecida los líderes dominicanos que han provocado el descreimiento absoluto de nuestra justicia, y de nuestras instituciones, esos mismos que con nombres y apellidos conocidos legislan negándole el 2.6% del Presupuesto General de la Nación que por ley le corresponde al Poder Judicial, los que hacen selección a su conveniencia de los jueces que habrán de ser sus espalderos tras ser descubiertos y juzgados por sus tropelías y desatinos corruptos, los que envían a emisarios a instruir a sus pares para que tomen decisiones a contrapelo de sus principios y de la justicia misma?

¿Cuándo es que en nombre de la justicia y de la moral, del buen obrar y del buen hacer, dimitirán los que aun a sabiendas de la pérdida de los favores del cargo, de sus inmunidades, de las ventajas que les ofrece el poder, y así darle paso a las nuevas mentalidades que vienen con ímpetu y sobrado deseo de cambio, con la valentía de aceptar los riesgos de tomar las decisiones que aunque rasguen el pellejo, la asuman con responsabilidad, por principio?

Esperamos que algún día, si es que no se produce por motus proprio, lo sea por generación espontánea de un pueblo que al no resistir más, lo exija con un basta ya!!

Salomón Ureña (W.A.).

Abogado.

06 febrero 2016.

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La AMET no está facultada para Acometer esa barbaridad!!

Hemos leído con cierta preocupación en la prensa nacional una declaración que da cuenta de que la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) se apresta, con el respaldo del Ministerio Público, a vender los vehículos incautados por causa de violación de la Ley 241 sobre Transito de Vehículo de Motor, mismos que no sean retirados dentro de cierto tiempo de los centros de retenciones por sus legítimos propietarios.

Vamos a interpretar que aquella no es sino una sorna mediante la cual se le pretende medir el nivel de alerta a la ciudadania, y que no existe, por supuesto, ninguna seriedad en tan barbara especie.

Y sí, deben saber las autoridades que los dominicanos estamos preparados para saber enjuiciar y canalizar las respuestas que deben dárseles a los tremendismos en que suelen incurrir algunos advenedizos que llegando a posiciones públicas sin méritos de ninguna naturaleza osan crear mecanismos recaudatorios con los cuales se vulneran los derechos sustanciales de las personas.

Muchas veces desconocen quienes ascienden a los órganos de dirección pública que la sutilidad de su accionar es tan vasta delicada que por ligera que sea una decisión, la misma puede afectar a toda o parte de la colectividad, y que tales perjuicios producen contra quienes las causen, serios grados de responsabilidad a nivel personal, por lo que antes de aplicar cualquier iniciativa, esta debe ser sometida a los procesos de depuración ante los diversos canales que acuerdan las leyes de la República que determinen su viabilidad.

Todas las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar sometidas al principio de legalidad, mismo que está amparado para su verificación por las diversas instancias que se han erigido para hacer del nuestro un verdadero estado de derecho, donde reine su tutela efectiva como a la sazón lo es el derecho de propiedad que, en caso de que se semejante despropósito pueda tener algún mérito de verdad, quedaría maniatado.

Que no olvide la AMET que el derecho de propiedad es de absoluta disposición de su titular, que solo a éste le corresponde disponer sobre su enajenación, y que la única restricción que le pueda afectar es la que expresamente establece la ley. Que deben los órganos públicos, en tal virtud, antes de atentar contra su integridad, como se pretende con tal descabellada propuesta, velar hacerlo bajo los cánones legales. 

En todo caso la facultad para la venta de los vehículos, una vez incautados por causa de violación de la Ley 241, y que su propietario no lo reclame dentro de los plazos establecidos por la Ley, que son 60 días a partir de su retención, facultad que le es atribuida exclusivamente a los ayuntamientos de la localidad donde ha sido incautado, pero esto nunca lo hará la AMET. Tal guisa adjetiva proviene de la interpretación a la letra de los artículos 27 y 28, respectivamente de la antes señalada Ley.

Aseguramos que ninguna disposición legal en nuestro país le atribuye la facultad que acaricia tener la AMET para supuestamente vender los vehículos incautados bajo las condiciones anunciadas.

Con lanzarse esta entidad con semejante disposición arremete contra todo el orden jurídico establecido, y no dejamos de recordarle a su titular, que tanto él como todo aquel que aliente la ocurrencia de tal despropósito, sin importar el rango o influencia que ostente en el Estado será sujeto de enjuiciamiento en el futuro, cuyo encauzamiento podrá ser patrocinado por los que resulten víctima de despótica e improcedente medida.

La desfachatez de la inexplicable disposición comentada trasciende al colmo cuando es la misma AMET la que se encarga de imponerle todas trabas al contribuyente cuando este gestiona retirar su vehículo incautado por causa de violación a las leyes de tránsito. Podríamos imaginarnos como aumentarían las olas de atropellos contra los ciudadanos en caso de que fluya tal sórdido proyecto.

Lo peor de esta epopeya lírica es que su gestación ha tenido como complice al ministerio público, el que de ser cierta la especie, volvería a agraviar con proceder inesperado a los ciudadanos que se merecen mejores actuaciones de estos auxiliares de la justicia y del derecho.

Salomón Ureña (W.A.).

Abogado.

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Las Huelgas Médicas: Ocioso y Cruel Método de Lucha.

“Algunos hacen en grupo cosas que a solas jamás harían”.

Abraham Lincoln.

No hay que ser oráculo para tener visión premonitoria de que Waldo Ariel Suero, actual presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), para concretizar las reinvindicaciones que aspira para el sector que gestiona, reducirá su mandato en la dirección de este importante órgano a aplicar el único método de lucha que ha demostrado conocer, y el que al parecer, les encanta a los médicos dominicanos, como lo es el recurso de la huelga, a través de las cuales los médicos diseñan la reducción al máximo de las atenciones en los hospitales públicos y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

A sabiendas de que los complejos y largos anales de la pobreza en nuestro país se reducen a la insensibilidad de las autoridades competentes, lo que la lleva a distraerse de los problemas más agobiantes; oportuno es que los médicos identifiquen mecanismos alternativos de luchas que ataquen de frente la inacción de los funcionarios que tienen a su cargo asumir con mayor responsabilidad el diseño de las políticas públicas de sus respectivas carteras, de manera que sean coherentes con los tiempos que corren y que no se desdeñen por el simple paso del tiempo, ladeando las consecuencias que contra los más pobres resultan los odiosos y anquilosados métodos sustentados en la paralización de los servicios, que como el de la salud, requiere la comunidad.

Promover acciones que hagan de conocimiento público el hecho de que todos los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, incluyendo a nuestros por siempre flamantes legisladores, los que además de las bondades que disfrutan en alimentos, vestimentas, vehículos, exoneraciones, seguridad y otras bondades, lo que implica destinar un astronómico presupuesto de nuestros recurso a estos fines, pues que también se agencian y benefician de super atractivos planes de seguros de salud internacionales con contrapartidas locales de los mejores centros hospitalarios del sector privado, igualmente pagados con los recursos públicos, de modo que estos planes médicos sean desmontados, a partir de lo cual veremos como estos comenzarán a trazar las directrices que mejoren la calidad de la salud pública en nuestro país.

¿Habría un mejor método para forzar a los autoridades competentes a responder a las aspiraciones de los médicos, que éstos vean amenazadas las ventajas de que gozan tan por encima de la mayoría de la población nacional, y así lograr, como aspira el (CMD), que se le destine por ley, el 5% del presupuesto general de la nación al sector salud, así como la contratación de un mayor personal en los diferentes hospitales públicos, mejora de los salarios, lograr la construcción y reparación de las instalaciones físicas de los hospitales, etc?

Somos conscientes de que no debemos tirar el dardo de este parto exclusivamente a los funcionarios competentes del Estado, sabemos que debemos ser responsables y endilgarle a los propios médicos, la cuota de responsabilidad que tienen sobre el escalofriante panorama que experimenta nuestra salud pública. Y es que al parecer, los médicos han olvidado, y no sabemos si es que las facultades universitarias que los instruyen están tan ocupadas atendiendo a su formación en los aspectos de gerencia económica en preferencia a la humanista y solidaria de sus egresados, porque no es verdad que en nombre del Juramento Hipocrático, si se conociere, se pudieran estar cometiendo tantas barbaridades contra aquellos que imploran beneficiarse, sin interrupción, por lo menos de la índole provocada, de la prestación de los servicios de estos facultativos. 

Por cierto, es de verdad qué los centros médicos privados ofrecen mejores condiciones de trabajo a los médicos que los ofrecidos por el sistema de salud estatal? Por qué no aprovecha Waldo Ariel Suero la oportunidad y promueve sus luchas ante los centros de medicina privada, bajo los mismos mecanismos utilizados en los hospitales públicos? Aquí como toma sentido aquello que reza: Puerco no se rasca en javilla…

¿Cuándo es que los médicos dominicanos entenderán que sus horrendos métodos de luchas por mejores condiciones laborales, basados en la huelga, por no alcanzar a aquellos que tienen en sus manos el poder de decidir sobre sus exigencias, jamás serán efectivos…?

La falta de visión y de moderación, así como la incompetencia de parte de los actores del sistema integrado por los médicos, y las autoridades del sector salud, son las únicas razones que nos pueden hacer comprender porque existen tantas necesidades insatisfechas en un renglón tan importante como el de la salud pública en Quisqueya.

La ausencia de creatividad de la actual directiva del Colegio Médico Dominicano es lo que impide que se identifiquen métodos de luchas más efectivos que obliguen a las autoridades gubernamentales a desprenderse de su acostumbrada resistencia a los cambios y reinvindicaciones que con justeza reclaman organizaciones sociales tan meritorias como el (CMD).

Salomón Ureña (W.A.).

Abogado.

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2016, Año de Fomento de la Vivienda

Con gran agrado y hasta júbilo entre uno y otros sectores de la vida social y económica de la nación se ha recibido la designación del 2016 como el: “Año de Fomento de la Vivienda” que ha hecho el Poder Ejecutivo mediante el Decreto número 389-15.

Con un deficit habitacional muy por encima del millón de unidades, el Ejecutivo no se arredra a las circunstancias económicas que se proyectan nos afectarán, y no obstante se coloca a la altura de las necesidades imperiosas nacionales, y justo encara una de las más criticas causas que acentúan la pobreza en nuestro país, y con todo el afán de superar las expectativas se dispone a perfeccionar los objetivos de su mandato dejando una importante obra concretizada como es dotar de una vivienda a los dominicanos de menos ingresos.

Basta notar que el mayor número de faltas de viviendas se centra en la clase pobre y media baja, para confiar que el propósito del gobierno central, en esta ocasión, está muy bien definido y muestra la muy buena intención del gabinete que acompaña al presidente Medina, al entender que debe enfrentarse un flanco que de verdad ameritaba desde los tiempos de Joaquín Balaguer una mayor concentración y energía de los recursos del Estado.

La clase media alta, y rica no tiene ninguna dificultad en este sentido, solo hay que darse una vueltecita por el polígono central y la periferia exclusiva de nuestros centros urbanos para observar como sobreabundan las altas torres, y la construcción de urbanizaciones y residenciales de lujos, mismo que tardan hasta años para ser ocupados debido a la saturación de su oferta versus la demanda.

Por tiempo inmemoriales, a la mayoría de los dominicanos se les ha negado el acceso a tener una vivienda debido a que las políticas que ha adoptado el Estado en este sentido nunca han llegado a serles propicias o simplemente favorables, pero que gracias a la iniciativa como la comentada, podrán éstos, por fin, acceder a sus ventajas. No luenga advertir que la primera parte de este párrafo contradice severamente los mandatos de nuestras últimas ediciones constitucionales las que no han dejado de prever como un derecho consustancial a cada dominicano: “tener acceso a una vivienda digna”.

Una vez implementada en toda su extensión la disposición comentada, logrará se engrasen los piñones de las maquinarias y las calderas industriales, lo que va a dinamizar los sectores del acero, del cemento, el comercio, servicios y mantenimientos, y aumentará la cantidad y calidad del empleo, y ni hablar de las ventajas que obtendrá el sector financiero. En este sentido aflora la implementación del nuevo sistema de valoración de la calidad crediticia de los ciudadanos con el bono-inicio, el que auspiciado por el Poder Ejecutivo, mostrará su cara más humana, mediante el cual se le facilitará a la familia dominicana acceder sin mayores exigencias a la posibilidad de adentrarse al mundo del crédito bancario para vivienda con el aporte significativo de un bono de parte del Estado en el inicial de la vivienda aspirada.

Con 25 mil viviendas que están en proceso de construcción, en el más ambicioso proyecto habitacional jamás pensado en nuestro país como lo es la “Ciudad Juan Bosch” en el municipio Santo Domingo Este, de las que más de la mitad se tiene la certeza serán inauguradas en este mismo año, adicional a otros proyectos no menos importantes tales como: Las Barquitas, El Ríito, en La Vega, se asegura el presidente Medina que, a final del año 2016, en el que espera lograr su repostulación, habrá logrado palear de manera muy significativa el déficit habitacional en República Dominicana.

Salomón Ureña (W.A.).

Abogado.

Wamcho’s Father.

01/08/2016

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Mauricio Macri y el futuro inmediato de Argentina (2-2).

(2-2)

Contrario a las políticas de gobierno adoptadas durante los 12 años de los Kirchner, y desafiante al modelo económico por éstos implantado, el nuevo presidente Argentino, Mauricio Macri pretende, una vez sea el inquilino de la Casa Rosada, iniciar su gobernanza con una firme determinación de implementar de inmediato las medidas que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo; para lograrlo, banderea retomar la confianza perdida a nivel internacional a propósito de la nacionalización que en abril del 2012 hizo el Estado argentino de varias empresas de capital foráneo, específicamente españolas, tal como Repsol y su filial, Yacimientos Petrolíferos y Fiscales (YPF), lo que disminuyó los niveles de confianza, y atemorizó dueños de capitales con vocación a ser invertidos en el país.

Durante su gobierno, Mauricio Macri y la coalición que le acompañará, proyectan iniciar un proceso de privatización de las empresas públicas, reduciendo consecuentemente el tamaño del Estado, el que ha resentido su economía durante el proceso de transición con medidas que estrangulan el porvenir, y que con el nombramiento de no menos 50 mil nuevos empleos a cargo del presupuesto estatal, ha expresado el nuevo gobernante, pretende la presidente Cristina Fernandez, neutralizar y dañar la credibilidad del nuevo ejecutivo, producto de las necesarias e impostergables medidas que está precisado a adoptar una vez le sea cedido el bastón de mando, y comience a ejercer las funciones para las que ha sido elegido.

Deberá afrontar, por igual el nuevo presidente, la presión que se cierne sobre el Estado Argentino con el tema de los fondos buitres… así como enfrentar las distorsiones que en la actualidad afecta al sistema de jubilaciones y pensiones, el que no obstante depender de las arcas estatales, discurre por su peor momento.

Sabe además el nuevo presidente argentino que para acceder a los mecanismos de financiamientos internacionales, y para lograr las inversiones extranjeras sin las cuales no es posible alcanzar los niveles de crecimientos proyectados, que debe restaurar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha puesto en marcha tras una reunión sostenida en el lobby de un hotel de la ciudad bonaerense, en la cual, luego de escoger a Susana Malcorra, como la nueva Canciller, en cuya misma reunión anunció a Martín Lousteau, quien tendrá a su cargo la delegación diplomática de su país en el número 1600 de la avenida Nuevo Hampshire en el noroeste de la ciudad de Washington.

Con un tono muy elevado, Mauricio Macri ha dejado entrever desde ya su desafección con el régimen de Venezuela, expresando que en las próximas reuniones de los organismos regionales propondrá, como sanción, la exclusión de este país de la comunidad de naciones sudamericana, por la supuesta intolerancia a la oposición política caraqueña, al tiempo de haber invitado a sus júbilos post electorales a Lilian Tintori, la esposa del encarcelado Leopoldo López, en clara alusión que respaldara las luchas que éstos fomenten contra el Chavismo.

Aspiramos que haya reconciliación entre todas las fuerzas políticas de la Nación Argentina, toda vez que la oposición acaudilla las fuerzas en el Congreso, sin cuya colaboración no será posible que el ejecutivo pueda aplicar las medidas correctivas que son necesarias para conseguir la ejecución del plan de gobierno diseñado en conjunto con la coalición que dirigirá los destinos del país cuya geografía simboliza un cono-embudo. 

Recordamos que las experiencias que tenemos los latinoamericanos fruto de la práctica de gobierno ejercida por los tecnócrata nos es de muy mala recordación, sin embargo, nos atrevemos a asegurar que de asumir Mauricio Macri, la dirección y gerencia del Estado Argentino con la misma energía y firmeza con que ha sabido dirigir los destinos de su vida y la del conglomerado de empresas de su familia, tendrá asegurada la reelección que le reconoce el artículo 90* de la Constitución de Argentina, al tiempo de haber contribuido con el mejoramiento de los niveles de vida de los ciudadanos que hoy malviven bajo el umbral de la pobreza en una nación tan inmensamente rica como lo es la Argentina.

* Artículo 90 de la Constitución de Argentina.- “El Presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo período consecutivo. Si han sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.

Salomón Ureña (W.A.).

Abogado - Notario Público.

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Mauricio Macri, y el futuro inmediato de Argentina.

(1-2)

A partir del 10 de diciembre del 2015, Argentina inaugura una nueva etapa en su vida republicana al tomar las riendas del poder y dirección del Estado el exitoso empresario Mauricio Macri, uno que viene convencido de que debe obrar de manera contundente para forzar los cambios que debe transitar el país, sino que además pretende asumir un marcado protagonismo a nivel regional.

Luego de vencer electoralmente en el balotaje celebrado el 22 de noviembre, por un margen muy cerrado a su contrincante, Daniel Scioli, con un 51.8% de los votos, revirtiendo los efectos de la primera vuelta donde la diferencia fue de 2.52%  a favor del candidato del oficialismo, la Casa Rosada propicia sus majestuosos salones para darle la bienvenida a su nuevo incumbente.

Además de un experimentado político que se ha desempeñado como diputado, y luego como gobernador de Buenos Aires desde el 2007 al 2015, Macri, ha demostrado ser un titán gerencial, se le reconoce que durante el tiempo que dirigió al Club Atlético Boca Juniors, que representa para Argentina lo el Licey en República Dominicana, el Barça para Barcelona o los Yanqui para New York, alcanzó dicho equipo de fútbol, los mejores logros de toda su historia. 

De estirpe conservadora, Mauricio Macri, es aguerrido en los negocios, y en su vida personal, para lograr el éxito insiste en hacer uso de todas las herramientas a su alcance. Las vicisitudes no han sido obstáculos para marcar su ascenso. Ni el secuestro de que fue víctima por parte de miembros de la policía federal de su país en el año 1991, liberado luego de haber pagado una importante suma, unos seis millones de dólares, ni el haber sido enjuiciado penalmente por presunto contrabando contra las aduanas argentinas, de cuyas imputaciones resultó indemne, no han sido suficiente para disminuirlo en lo absoluto. Ha demostrado no amilanarse ante las adversidades.

El consorcio de empresas creadas por su padre y que luego éste ayudara a consolidar mueve en la actualidad más de mil millones de dólares anualmente, destacándose las telecomunicaciones, construcciones, importaciones, minería, producciones, etc., los sectores de la economía en los que incursiona.

Macri está consiente que de los 42 millones de argentinos, 15 viven bajo el umbral de la pobreza, y que aunque gran parte los ciudadanos reconocen que en los últimos años de gobierno de los Peronistas, la economía se ha contraído parcialmente, no obstante, aspiran que se adopten las medidas que registren un pronto restablecimiento de la calidad de vida de sus congéneres.

Luego de la crisis del año 2001, en la que afloró la mayor desestabilización luego del retorno de la democracia en el año 1983, caracterizada por estallidos y sublevaciones generalizados fruto de la inflación, acentuada por una seria contracción de la economía, que provocó que su Banco Central decretara el congelamiento de los depósitos bancarios,  todo lo cual aunado a las olas de desconfianza que tales medidas indujeron, allanaron la entronización del gobierno presidido por los peronistas, que supieron aplicar las medidas que satisficieron las expectativas de los ciudadanos que ahora no esperan desiguales resultados como consecuencia de la confianza depositada a los tecnócratas que acompañarán a Mauricio Macri durante los próximos cuatro años de su gestión presidencial. 

La astronómica carga estatal reflejada en las subvenciones sociales, incluyendo las enfocadas al consumo eléctrico, el marcado aumento del mercado laboral informal, más la consolidación de la inflación, la que muchos consideran sobrepasa el 20% desde el 2014 a la actualidad, aunque el gobierno la estima en 11%, en adición la cadena de aumento de los precios de los productos de primera necesidad, y en fin, la recesión, escasez, y la inseguridad, son solo parte del cuadro no tan halagüeño con que tendrá que lidiar el nuevo presidente argentino Mauricio Macri, y su equipo de ministros constituidos fundamentalmente por tecnócratas.

Salomón Ureña (W.A.).

Abogado - Notario Público.

05 diciembre 2015

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Inconstitucionalidad del Nuevo Código Penal Dominicano

El Tribunal Constitucional recién declaró contrario a nuestra carta sustantiva la ley 550-14 que ampara el nuevo Código Penal de la República Dominicana, con el que se pretendía proscribir los efectos de su homólogo que data del año 1884, fecha en que fuera adecuado, traducido y localizado para la parte oriental de la Isla de Santo Domingo, el Código Penal Francés de 1810.

Por desatender el Presidente de la República la opinión del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en el sentido de que le parecía improcedente la promulgación de la referida ley, por considerar su titular, el doctor César Pina Toribio, que se saltaron los procedimientos legislativos para su aprobación congresual, es que el país debe volver a involucrarse en una nueva carrera legislativa que implique someter para que se cumplan con todas los rigores que implican: estudio, discusión, y aprobación de la necesaria e impostergable nueva legislación penal, toda vez que la vigente normativa es arcaica y empuja a nuestra sociedad se mantenga al margen de los avances que en esta materia requiere, muy especialmente en lo relativo a la adecuación de la aun novedosa Constitución Dominicana del 13 de junio del 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

Como sabemos, el Congreso Nacional, aprobó, en una primera fase, luego de cumplir con todos los requisitos legislativos, el proyecto de ley que reglamentaba el nuevo Código Penal Dominicano, una vez concluido este iter legislativo, la pieza fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, sin embargo, la misma fue observada, por considerar que debían modificarse algunos aspectos sobre el derecho a la vida y al aborto.

Tal observación obligó a que la ley fuera devuelta al Congreso Nacional para que se agotasen las fases de aprobación o rechazo del necesario proyecto de ley.

Una vez apoderado el Congreso Nacional de las propuestas de modificación hecha por el Poder Ejecutivo -observación-, específicamente la Cámara de Diputados, esta al estudiar la pieza, la acogió tal cual fuera sugerida por el Presidente de la República, luego de lo cual debía remitirla al Senado* para que este legislara en el mismo sentido, esto es que, aprobara la causa del veto o que en su defecto hiciera los reparos que entendiera pertinentes -rechazar-. Pues en este caso ocurrió todo lo contrario, la Cámara de Diputados cuanto hizo fue remitir al Poder Ejecutivo para su promulgación, sin enviarla al Senado, con lo cual incurrió en una gravísima violación legislativa que ha conllevado lo que gran parte de la población esperaba: la declaratoria de inconstitucionalidad de la pieza legislativa.

Aunque al momento de la escrituración de este escrito no se conoce ninguna otra razón que haya movido al TC a adoptar la decisión así planteada, mucho se advierte que el tema de mayúscula trascendencia nacional como lo es el aborto, en algo se ha sopesado en la referida decisión.

Es lamentable que no haya habido agudeza de parte de los actores que cometieron el yerro de remitir al Poder Ejecutivo y no a la instancia del Congreso competente el proyecto de ley, toda vez que hubiera sido muy posible que el Senado hubiera acogido sin mayores rigores las recomendaciones propuestas por el Presidente de la República, y ahí se zanjara cualquier discrepancia y contradicciones que ahora traerá el volver a someter a estudio, envió a comisión, discusión y aprobación de la nueva normativa.

El sentido bicameral de nuestro Congreso Nacional no puede soslayarse bajo ninguna circunstancia, el mismo está instituido para que ninguna de sus instancias sea omitida, es inaceptable pretender adoptar cualquier norma sin que se cumplan las normas legislativas vigentes.

Las consecuencias finales que resultan de esta declaratoria de inconstitucionalidad es que ya no tendremos como se esperaba un nuevo Código Penal a partir del 27 de diciembre del 2015, por lo que seguiremos siendo regido por un instrumento jurídico que no responde a las necesidades de prevención, control y punición del fenómeno delictivo, como se presenta en la sociedad de nuestro tiempo.

* Artículo 102 de la Constitución Dominicana.- Observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. 

Salomón Ureña BELTRE.

Abogado.

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El juez Moscoso Segarra: una decisión que se impone

Lejos del ruido que ha rodeado el proceso, los hechos han hablado con la claridad que el derecho exige: alea iacta est.

El tribunal, constituido conforme a la ley en formación colegiada, tras la valoración integral de los elementos de la causa, ha determinado que no existen pruebas suficientes que justifiquen el envío a juicio de fondo de la imputación formulada contra el senador Félix Bautista. La decisión no es retórica, es técnica: sin prueba, no hay proceso penal que pueda sostenerse.

La resolución cuenta con un voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, figura de reconocida trayectoria, quien sostuvo que la causa no fue debidamente estructurada ni promovida por el órgano persecutor. Su disenso, lejos de debilitar la decisión, la enriquece: confirma que el debate fue real, y que la conclusión adoptada responde a un estándar de prueba exigente.

El Ministerio Público, en su más alta representación, ha manifestado su desacuerdo con la decisión. Sin embargo, ha decidido no ejercer nuevas vías recursivas. Esta postura, más allá de la inconformidad, reconoce un límite procesal: el caso no alcanza el umbral probatorio que exige la jurisdicción penal para avanzar.

La defensa, por su parte, reafirma su tesis: la inexistencia de responsabilidad penal de su representado. Y el tribunal, en esencia, ha dicho lo mismo, desde la óptica del derecho.

Se impone entonces un principio elemental del proceso penal: no basta con alegar, es imprescindible probar. La acusación no puede sostenerse en sospechas, ni en construcciones discursivas. El proceso penal exige evidencia suficiente, pertinente y legalmente obtenida.

La decisión actual recobra, además, la coherencia con lo previamente resuelto en fase de instrucción, donde, en circunstancias análogas, ya se había advertido la insuficiencia probatoria. El criterio se mantiene. No hay contradicción. Hay consistencia judicial.

En ese contexto, resulta inevitable abordar los ataques personales que, en su momento, se dirigieron contra el magistrado Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. Se intentó cuestionar su integridad, su independencia y su ejercicio profesional. Hoy, la decisión adoptada por el órgano colegiado devuelve el debate a su cauce natural: el de la juridicidad.

¿Merece disculpas? Posiblemente. ¿Las necesita? No. La decisión habla por sí misma. La función jurisdiccional no se valida por aplausos ni se debilita por ataques infundados. Se sostiene en la ley y en la prueba.

Lo ocurrido deja una advertencia necesaria: la crítica a las decisiones judiciales es legítima, incluso necesaria. Lo que no encuentra justificación es la descalificación personal del juez. Cuando se traspasa esa línea, se erosiona la institucionalidad y se vulnera la dignidad de quienes ejercen la función judicial, así como la tranquilidad de sus familias.

Desde esta perspectiva, se impone una exigencia de madurez jurídica y social: evaluar las decisiones por su contenido, no por prejuicios o conveniencias circunstanciales. El respeto al juez que decide conforme a derecho no es un gesto de cortesía, es una condición del Estado de derecho.

Se deja constancia de reconocimiento al magistrado de la Suprema Corte de Justicia, doctor Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, por el ejercicio firme de su función jurisdiccional.

Salomón Ureña Beltre

Abogado.

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Atentados Terroristas en Francia.

París vuelve a ser estremecida por ataques terroristas. Esta vez ha sido golpeada en el centro mismo de la ciudadela. 

De autodenominarse muy ”valientes” los organizadores de estos atentados, han devenido en meros cobardes, ya que han escogido la nocturnidad como parapeto para atrincherarse e impetrar tan bochornosos, execrables y lamentables hechos. 

A menos de un año de los atentados contra el periódico Charlie Hebdo, ocurrido el 7 de enero del 2015, se repiten las escenas de horror con el que pretenden algunos alienar y desalentar el estado de bienestar que han alcanzado las sociedades occidentales. En esta ocasión se escoge una sala de fiesta, la discoteca Ba ta Clán, y desde las calles, dotados los  asesinos de armas de guerra sofisticadas, disparan a mansalva, inmisericordemente contra los cuerpos de las personas cuyos proyectiles ciegan sus vidas, coartan la libertad, y siembran el terror.

Estos eventos desproporcionados e incomprensibles suponen el accionar de un grupo de asesinos que se repliegan desde el “Estado Islámico”, el que utiliza sus muy bien pensadas estructuras para reclutar a imberbes e ignorantes, los adocena para convertirlos en los mártires de sus macabras tragedias, todo en provecho de agenciarse supuestas reivindicaciones.

Habiéndose atribuido la autoría de estos abominables hechos, se convierte el “Estado Islámico” en el instituto terrorista más voraz con que cuenta la humanidad en la actualidad.

Los ataques del 13N pusieron en riesgo, además de sus 130 muertos, la vida del propio presidente de la nación donde se sembraron, crecieron y desarrollaron a plenitud los derechos individuales de la naciente burguesía del siglo XVIII y que se extendió a la colectividad mundial, Francois Hollande, quien presenciaba en el estadio de fútbol donde se celebraba un amistoso entre la selección francesa y la de Alemania, mismo lugar, en cuyas cercanías se produjeron algunas de las seis explosiones de que constó este atentado.

Sin hacerse esperar, los órganos de seguridad de la nación que cursa la Quinta República, activaron sus sistemas conjuntos de protección de sus estructuras, como consecuencia se convocó al Consejo de Defensa, conformado por altos miembros del gabinete y de los mandos militares, el que decretó el estado de emergencia nacional, con lo cual, entre otro, quedaron en suspensos ciertos derechos, y no dudamos que sean adoptados ciertos Estados de Excepción que impliquen cobertura para hacer cuanto considerase oportuno. En efecto, se prepara ya un anteproyecto de modificación de la constitución política del Estado Francés, la cual data del 1958, con la finalidad de atribuirle facultades especiales a las autoridades para perseguir más efectivamente la lucha contra el terrorismo, lo que acusara cierto detrimento de los derechos individuales.

Del mismo modo, otras naciones tales como Alemania, Estados Unidos de América, Bruselas, y España, elevaron sus niveles de alertas, verbigracia, la policía de New York fue la primera en reforzar la seguridad en todo el Estado.

De inmediato las figuras principales de la política internacional se hicieron sentir manifestándose en contra de los atentados, entre ellos Angela Merkel quien dijo que: “Estos atentados son un ataque contra todos, contra la libertad, mientras que el presidente norteamericano Barack Obama, en rueda de prensa ha manifestado que: “…este es un ataque contra toda la humanidad”.

Estos hechos tendrán mayor repercusión que los atentados terroristas escenificados en otras regiones del mundo recientemente. Francia es el cuarto país mejor dotado de armamento militar mundial, cuenta con una influencia determinante en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser miembro fundador de la OTAN.

El periplo que ha hecho el presidente de la Ciudad de las Luces que le condujo a reunirse con los presidentes Barack Obama, EUA, Vladimir Putin, Russia, Matteo Renzi, de Italia, Ángela Merkel, de Alemania, ha florecido favorablemente en apoyos incondicionales para iniciar una ofensiva unificada que ponga de rodillas a los osados criminales que se cobijan en un cuerpo sin alma para atentar contra la vida y la estabilidad de la humanidad.

Encarar con inequívoca y enérgica decisión al Estado Islámico es cosa necesaria y oportuna, cercarlo hasta desaparecerlo es una meta pro-vida.

Salomón Ureña (W.A.).

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